Fabio Ochoa Vásquez, excapo del cartel de Medellín, ha regresado este lunes a Colombia tras pasar 23 años preso en Estados Unidos. Ha arribado al Aeropuerto Internacional de El Dorado en un vuelo junto a otros deportados del país norteamericano y ha quedado en libertad, según han informado las autoridades migratorias. Hace 20 días, había cumplido con una condena por introducir decenas de toneladas de cocaína en Estados Unidos a finales de los años noventa.
El menor de los hermanos Ochoa, miembros del famoso cartel, fue extraditado a Estados Unidos en 2001 tras pasar dos años detenido en Colombia. Después, en 2003, fue condenado a 30 años de prisión que se redujeron a 25 por acuerdos de colaboración con las autoridades norteamericanas. Aún aparece mencionado en expedientes abiertos por extinción de dominio en Colombia, pero no tiene pendientes con la justicia que le impliquen pasar más tiempo tras las rejas, de acuerdo a Migración Colombia.
Hijo de un conocido ganadero y caballista, Fabio Ochoa Restrepo, formó parte con sus hermanos Jorge Luis y Juan David de las directivas del Cartel de Medellín, el grupo narcotraficante que comandó Pablo Escobar y que desafió al Estado colombiano en los años ochenta y noventa. Los Extraditables, integrantes del cartel, presionaron a los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria para no ser extraditados a Estados Unidos. Argumentaban un derecho a ser juzgados en Colombia, donde la justicia era más permeable a sus influencias. “Preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos”, era su eslogan.
En 1990, Ochoa Vásquez fue el primero de los grandes capos en aceptar una propuesta del Gobierno de entregarse a la justicia a cambio de una pena reducida y de no ser extraditado. Luego vinieron otros, incluido Escobar. Ochoa estuvo preso hasta 1996, cuando el cartel ya se había desmantelado y la guerra con el Estado había terminado tras la muerte de Escobar. Sin embargo, volvió a delinquir. Fue parte de un poderoso consorcio transnacional que, según la justicia estadounidense, llegó a exportar hasta 30 toneladas de droga al mes a Estados Unidos. Por ello, fue capturado en 1999 en Colombia como parte de la Operación Milenio, un operativo coordinado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Para entonces, el Congreso colombiano ya había avalado la extradición de los capos narcotraficantes.
Tras su regreso a Colombia, Ochoa ha asegurado que es inocente respecto a los hechos por los cuales se lo condenó en Estados Unidos. “No hice nada pensando en hacer mal”, ha comentado en declaraciones a la prensa después de reencontrarse con su familia. “Por este caso no soy culpable. Me lo montaron”, ha añadido sin dar mayores detalles. Las crónicas periodísticas de 2003, sin embargo, relatan cómo la Fiscalía estadounidense aportó pruebas contundentes durante el juicio, como más de mil horas de grabaciones sobre las actividades del excapo y el testimonio incriminatorio de uno de sus hombres de confianza.
El exnarco ahora deberá enfrentar otros expedientes en los que aparece mencionado en Colombia. Uno de ellos es el caso del empresario de la aviación Luis Guillermo Ángel Restrepo, quien tiene pendiente una imputación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito por, supuestamente, haber girado fondos del narcotráfico para cubrir los honorarios de sus abogados. Diego Murillo Bejarano Don Berna, antiguo jefe de la banda criminal de La Oficina de Envigado y viejo aliado del cartel, declaró en 2013 que Guillo Ángel era el piloto de los hermanos Ochoa.
El excapo, de 67 años, no es el único de los antiguos narcos que ha recuperado la libertad. Juan Carlos Ramírez Abadía, Chupeta, exlíder del cartel del Norte del Valle, también cumplió su condena hace unos días y se espera su regreso a Colombia. Hasta ahora, ha causado más revuelo el caso de Carlos Lehder, extraditado antes de que se desatara la guerra más cruenta contra el Estado y liberado en 2020. Autor de Vida y muerte del cartel de Medellín, el exsocio de Pablo Escobar ahora vive en Alemania y ha denunciado el financiamiento del grupo narcotraficante a diferentes campañas políticas, sus supuestos pactos con las guerrillas y una complicidad de los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Panamá.
