Nueva York – Las organizaciones de la diáspora puertorriqueña que forman parte de la coalición “Power4PuertoRico” enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le piden que tome acción ejecutiva antes de la llegada de su sucesor Donald Trump para agilizar el desembolso de los fondos para reconstrucción en la isla.
“Lo urgimos a que considere acción ejecutiva que facilite y expedite todos los fondos asignados para la reconstrucción de Puerto Rico a raíz de la devastación de los huracanes Irma y María (2017) y los terremotos del 2019-2020”, inicia la misiva.
En el documento, con fecha del 12 de diciembre, pero divulgada ayer, la presidenta de la entidad, Erica González, plantea que el regreso del republicano a la Casa Blanca supone un peligro para el financiamiento de proyectos en el territorio a la luz de los controles que impuso durante su primer mandato.
“Esta solicitud es de todas la más urgente considerando el peligroso historial de Donald Trump en el asunto, que incluye retrasar innecesariamente ayuda por el huracán a Puerto Rico al imponer obstáculos burocráticos y desviar fondos de reconstrucción críticos del archipiélago para construir el muro fronterizo”, alerta la carta en poder de este rotativo.
González, en nombre de los miembros de la coalición, argumenta que las limitaciones impuestas al desembolso de dinero para obra permanente prolongan el sufrimiento de miles de puertorriqueños que aún no se recuperan completamente de los efectos de los huracanes María e Irma en el 2017.
“Aunque ha habido progreso, numerosas comunidades en Puerto Rico siguen batallando para reconstruirse. El retraso en el desembolso de los fondos – que son cruciales para rehabilitar infraestructura vital, vivienda y servicios públicos – está innecesariamente prolongando el sufrimiento de cientos de miles de familias y retrasando la recuperación completa del archipiélago”, añade la portavoz.
Como nota al calce, la carta hace referencia al reporte de abril del 2021 en el que la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) confirma que la Administración Trump aguantó, en el 2019, unos $20,000 millones de dólares de esa agencia para Puerto Rico. El informe además señala las restricciones adicionales impuestas para aumentar las obligaciones, así como la designación de un monitor financiero federal para supervisar la ayuda.
La misiva también alude al informe de GAO o Contraloría General de Estados Unidos (GAO) publicado en febrero pasado en el que se avisa sobre el lento uso de fondos para obra permanente.
“De acuerdo con GAO, solo un 8% de los fondos asignados por FEMA (Agencia Federal para Manejo de Emergencias) han sido gastados. Más aún, de los $17,000 millones asignados en fondos FEMA para reconstruir la red eléctrica del archipiélago, solo $1,300 millones han sido desembolsados”, especifica el documento.
El estudio, nombrado “Desastres en Puerto Rico: progreso realizado, pero la recuperación continúa enfrentando retos”, fue realizado a pedido de líderes del Congreso de Estados Unidos.
Uno de los principales hallazgos fue que, hasta junio de 2023, las autoridades en el territorio habían gastado solo un 8 %, equivalente a $1,800 millones de dólares de los $23,400 millones asignados a través del programa de Asistencia Pública de FEMA.
El informe alerta que los proyectos bajo ese renglón enfrentan desafíos adicionales debido al alza en el costo por inflación, el retraso en la entrega de materiales de construcción y la escasez de mano de obra.
La carta también apunta a la necesidad de que se avance con el desembolso de los fondos aprobados en el Congreso para la instalación de paneles solares con sistemas de almacenamiento de baterías en hogares de bajos recursos y vulnerables a través del llamado Fondo de Resiliencia Energética (PR-ERF) que maneja el Departamento de Energía de EE.UU.
“Adicional, cualquier cantidad no obligada de los $1,000 millones asignados por el Congreso para energía solar en techos para comunidades marginadas en Puerto Rico también deben ser inmediatamente desembolsados. Los apagones continúan siendo más extensos y frecuentes”, expone el documento enviado a Biden.
“Respetuosamente le pedimos que tome acción inmediata y decisiva para asegurar que esos fondos lleguen a los puertorriqueños que lo necesitan lo antes posible”, emplazan desde la coalición.
FEMA es la entidad encargada de obligar los fondos de emergencia y para la reconstrucción a largo plazo en la isla.
Una vez la agencia los obliga, es la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico o COR3 la responsable de desembolsar ese dinero.
COR3 maneja fondos para proyectos en municipios, corporaciones y organizaciones sin fines de lucro. La oficina, que dirige Manuel Laboy, fue creada el 3 de octubre de 2017, a raíz de los huracanes Irma y María, bajo la Orden Ejecutiva OE-2017-65 que firmó el entonces gobernador Ricardo Rosselló.
En abril pasado, en una entrevista con El Diario en la que se abordó el tema del informe de GAO y el estatus de la reconstrucción, Laboy aseguró que su oficina ha agilizado la entrega de este dinero a los subrecipientes.
“A diciembre de 2020 solo había 81 facilidades de obra permanente reparadas. Ya vamos por casi 3,000 instalaciones reparadas. En el 2020, solo había 500 obras encaminadas en alguna etapa de la ejecución para que se puedan reparar; tres años después, tenemos más de 9,300, incluyendo 3,000 en construcción. Así que ciertamente esa es la meta, pero hay que poner en contexto que los primeros casi cuatro años luego de María hubo muchos retos, muchas cosas que no estaban ni siquiera en las manos del gobierno de P.R., y que nos tocó a nosotros en los últimos tres años desenredarlas, lograr que nos dieran flexibilidades y finalmente encaminar esto. Yo pienso que ya está encaminado y que el GAO debe ser más justo en resaltar que aquí sí hubo atrasos, los hubo, claro que sí, pero la mayoría fueron entre el 2017 y 2021. Los últimos tres años, especialmente desde finales del 2021 al presente, la historia es diferente”, enumeró Laboy en aquel momento.
Precisamente, este sábado, el funcionario informó que FEMA extendió la vigencia de los fondos para más del 60% de los proyectos de obra permanente aprobados tras María. De otra forma, el dinero expiraría en marzo de 2025, precisó el director de COR3 según citado por El Nuevo Día.
“Cuando teníamos esa discusión en la vista de transición, ya FEMA estaba bajando estas cartas de aprobación y, de allá para acá, han bajado muchísimas cartas más”, señaló Laboy.
“El compromiso que recibí de FEMA, y creo que estamos en posición de lograrlo, es que, para diciembre 31, en una o dos semanas, habrán bajado todas las cartas”, añadió. “Por eso, yo insistía que no había riesgo, porque este es el uso y costumbre y, cuando tú demuestras progreso, te extienden los tiempos”, puntualizó.
En septiembre pasado, cuando se cumplieron siete años del embate del huracán María, FEMA indicó, mediante un comunicado, que manejan aproximadamente $34,000 millones de dólares en fondos para más de 11,000 proyectos en la isla.
Según la agencia federal, el 87 % ya cuenta con medidas de mitigación de riesgos para garantizar que la infraestructura se sostenga ante la eventualidad de eventos atmosféricos.
En entrevista previa con este rotativo, el coordinador federal alterno de Recuperación por Desastre de FEMA, Andrés García Martinó, detalló que, de la cantidad anterior, unos $5,000 millones fueron los que se desembolsaron de emergencia al comienzo del desastre.
“Así que si le restas a los $33 los $5, estamos hablando de $28 billones ($28,000 millones) que hemos obligado para proyectos de mejoras permanentes…y de esos es que se ha desembolsado cerca de $3.5 billones ($3,500 millones) en dinero de obra permanente”, explicó García Martinó.
También destacó las medidas tomadas por FEMA junto a COR3 para avanzar en el desembolso de fondos de reconstrucción como el “Working Capital Advance” (WCA) que permite adelantar el 25% de la obligación de fondos de FEMA.
#Power4PuertoRico es una coalición nacional de boricuas en la diáspora y aliados que trabajan todo el año por el desarrollo de políticas públicas y legislación a nivel federal que ayuden a la recuperación, crecimiento económico y la autosuficiencia de la isla y sus habitantes.
Otros temas en los que la coalición enfoca su cabildeo a nivel federal son el estatus y un proceso de autodeterminación a través del mecanismo de Asamblea Constitucional, la salida de la Junta de Control Fiscal e iniciativas de soberanía alimentaria que consideren las necesidades de los agricultores locales.
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