En un nuevo capítulo del programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, el senador Iván Flores (DC), quien preside la comisión de Seguridad del Senado, abordó el cuestionado artículo de la recién despachada Ley Antiterrorista.
Se trata de una herramienta para rastrear e interceptar metadatos de dispositivos celulares, más conocida como IMSI Catcher, la que ha generado una serie de discusiones en el Congreso.
Y es que desde el PC y el FA han manifestado sus reparos frecuentemente hacia dicho articulado, apuntando a que se pondrían en riesgo las libertades públicas. Es más, Alejandra Placencia (PC) puso sobre la mesa -el pasado martes- la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por esta norma.
Al respecto, el senador decé señaló que “esto es una solicitud de un fiscal especializado, autorizada por el juez de garantía, para que en un lugar específico, en donde se define un polígono, una cuadra, diez cuadras, cinco cuadras, en donde se están buscando personas que deban ser identificadas a través de sus aparatos móviles de comunicación, no solamente teléfonos, puede ser otro, se ubique la localización”.
“Jamás el dato en sí mismo, no entra la investigación a la conversación, no entra a lo escrito en un WhatsApp o en otra red, es solamente la identificación del IP, o la georreferenciación de un teléfono que está asociado a un propietario, o una persona que lo utiliza”, aseguró Flores.
“Lo que hace el IMSI catcher no es más que generar un sistema de antenas para simular que es una antena principal de telecomunicaciones, pero además atrae la comunicación. Por lo tanto, se transforma en la antena preferida de los aparatos. Aquí nadie va a entrar en las conversaciones. No se irrumpen los datos personales o la privacidad de esa conversación”, reiteró.
Consultado por la intención del PC de requerir al TC, Flores sostuvo: “Yo no sé si van a conseguir la firma, porque necesitan el 25% de los diputados en ejercicio para poder interponer esto, pero eso no mata el proyecto. El proyecto ya está aprobado”.
Dicho eso, lamentó “que el debate de un proyecto tan relevante como este, que después de 2011, o sea, estamos 13 años de no poder aplicar una ley antiterrorista en un país donde el terrorismo ha venido avanzando y se mantiene en algunas regiones de Chile, y podemos ser presa y víctima en cualquier momento, sin tener una herramienta eficaz, estemos concentrando un debate porque un grupo de parlamentarios decide ir al Tribunal Constitucional”.
