Proteger a las familias de los migrantes no autorizados es un anhelo que se impone en la agenda política de Estados Unidos hace varios años. Y podría empezar a cumplirse a la brevedad. ¿La razón? Con la proximidad de la toma de posesión de Donald Trump como presidente el próximo 20 de enero, los legisladores en California comenzaron a plantear nuevas iniciativas para contrarrestar las políticas migratorias que el futuro mandatario podría implementar. En este contexto, un proyecto de ley presentado en el estado busca garantizar la protección de los seres queridos de los inmigrantes en los centros educativos, una de las áreas más sensibles ante posibles acciones de inmigración.
El equipo de Trump y su plan para las zonas sensibles
A menos de un mes de asumir la presidencia, el equipo de Donald demostró su intención de eliminar las restricciones que impiden las detenciones de inmigrantes en lugares considerados sensibles, como escuelas, iglesias y hospitales. Esta postura causó preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, que temen un aumento en las detenciones de personas sin autorización para residir en el país, especialmente en áreas frecuentadas por niños y familias.
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En respuesta a estos anuncios, los legisladores demócratas de California impulsaron un proyecto de ley con el objetivo de mantener a las autoridades de inmigración alejadas de las escuelas. La iniciativa busca preservar la seguridad de los estudiantes y proteger los recursos educativos que podrían verse afectados por una mayor presencia de los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El proyecto de ley en detalle
La propuesta fue presentada por la líder de la mayoría del Senado en California, Lena González, y el superintendente estatal Tony Thurmond. Durante la presentación, ambos subrayaron la importancia de reforzar las leyes ya existentes que prohíben la cooperación entre las autoridades locales y los oficiales de ICE en ciertos contextos. El proyecto establece que no se permitirá la colaboración entre las autoridades educativas y los agentes de inmigración dentro de un radio de aproximadamente 1.5 kilómetros de las escuelas.
Según González y Thurmond, la ley busca proteger tanto la integridad de las familias inmigrantes como la estabilidad de los recursos que las escuelas necesitan para funcionar adecuadamente. Thurmond explicó que, dado el contexto político, esta iniciativa es esencial para garantizar que las escuelas de California no se vean privadas de los fondos necesarios para educar a los estudiantes.
Un enfoque hacia la educación sin interrupciones
El superintendente Tony Thurmond destacó que el proyecto tiene como objetivo preservar los recursos destinados a las escuelas, evitando que la presencia de ICE en áreas cercanas a las instituciones educativas interfiera con la enseñanza y el bienestar de los niños. “Es difícil oponerse a una medida que busca proteger los fondos y los recursos que nuestras escuelas necesitan para seguir funcionando”, expresó.
Según el Instituto de Política Migratoria, alrededor de 146,000 niños indocumentados entre 3 y 17 años están matriculados en las escuelas de California. Este número refleja una porción significativa de la población estudiantil en el estado, lo que resalta la relevancia de la propuesta en términos de su alcance y su impacto potencial.
La ley también se aplicaría a una variedad de instituciones educativas, incluidos los distritos escolares, las oficinas de educación del condado, las escuelas autónomas y todo el personal educativo. De esta manera, se garantizaría que los recursos y la seguridad de las escuelas se mantengan intactos y que los estudiantes puedan asistir a clases sin temor a la detención o la separación de sus familias.
Condiciones para la cooperación con ICE
La propuesta establece que las autoridades educativas solo podrán colaborar con ICE en situaciones muy específicas, como cuando se cuente con una orden judicial. Esta medida limita significativamente la capacidad de los oficiales de inmigración para intervenir en el entorno escolar sin una justificación legal adecuada.
El proyecto provocó un debate tanto dentro como fuera de California. Mientras que los defensores de los derechos de los inmigrantes y algunos legisladores consideran que la medida es esencial para proteger a las familias vulnerables, otros críticos argumentan que la propuesta podría dificultar los esfuerzos para hacer cumplir las leyes de inmigración. A pesar de estas discrepancias, la medida ha recibido apoyo dentro del estado, especialmente entre quienes defienden el acceso a la educación sin temor a represalias.
