España ha abogado este miércoles por que el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ofrezca una respuesta en línea con los derechos humanos que suponen disponer de un entorno limpio y sostenible, en el curso del mayor juicio de la historia para delimitar las responsabilidades de los países ante la crisis climática. La delegación española ha recordado ante los jueces que la tragedia de la dana, desatada en Valencia el pasado 29 de octubre, y que ha causado más de 200 víctimas, habría sido menos intensa sin el cambio de clima, de acuerdo con las primeras investigaciones.
En su intervención, Oriol Solà Pardell, miembro de la Asesoría Jurídica Internacional del ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha recordado que “más del 80% de los países miembros de la ONU reconocen que las autoridades deben proteger las reservas naturales de forma democrática”. De ese modo, “los ciudadanos pueden estar informados para poder acudir a los tribunales a defender sus derechos si es necesario”. A continuación, ha pedido al TIJ que aborde “el papel fundamental de la dignidad humana en este contexto” en la opinión consultiva que deben emitir sus 15 jueces. Aunque no se trata de un dictamen vinculante, puede delimitar las responsabilidades de los países ante la crisis climática.
El otro representante español ha sido Santiago Ripoll Carulla, miembro del mismo departamento de Exteriores, y ha subrayado que “la protección del entorno es un problema de la humanidad” necesitado de “cooperación internacional”. Los representantes españoles han citado ante los jueces la ley que reconoce la personalidad jurídica de la laguna del mar Menor y su cuenca, destinada a proteger este ecosistema. Se ha producido “después de una iniciativa legislativa popular y contribuye a dignificar la vida”, han afirmado.
El caso del clima ante el TIJ ha sido promovido por Vanuatu, un pequeño estado insular del Pacífico Sur amenazado por la subida del nivel del mar debido al incremento de las temperaturas, y golpeado por tormentas cada vez más destructivas. El país ha pedido la opinión consultiva, y hasta la próxima semana intervendrán más un centenar de países y organizaciones internacionales. Su esperanza es que el dictamen de estos jueces repercuta en las causas nacionales relativas a los efectos del cambio de clima.
Margaret Taylor, representante legal de Estados Unidos, ha intervenido después de España, y ha reconocido que “una gran economía como la estadounidense entiende que tiene que actuar”. Taylor ha afirmado prevé “recortar a la mitad las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero para finales de 2030″. Y ha añadido que su país “va camino de conseguir cero emisiones no más tarde de 2050″. Tanto Estados Unidos como Rusia, que ha intervenido a continuación, han indicado que un Estado no puede tener responsabilidad internacional por sucesos o emisiones de CO2 “ocurridas antes de que entraran en vigor las obligaciones legales internacionales relativas al clima”. Rusia ha solicitado además al TIJ que “no formule nuevas normas legales”, puesto que la obligación de los estados aparece en los tratados del clima. Ir más allá, supondría “ejercer presión sobre las negociaciones en curso a escala internacional”.
El martes, China declaró que aplica una estrategia nacional ante el cambio de clima y lidera la transición del carbón. Por otro lado, espera que se “promueva el desarrollo sostenible en base al derecho al desarrollo”. Es decir, que la comunidad internacional “tiene la obligación de que los países en desarrollo tengan las mismas oportunidades porque necesitan más tiempo para llegar al pico de sus emisiones”, según el argumentario de su declaración. Para el Gobierno chino, los países desarrollados “tienen que asumir su responsabilidad histórica dado que sus emisiones han causado la crisis actual”. Las sesiones en el TIJ se prolongarán hasta el próximo 13 de diciembre.
