Mientras Estados Unidos se prepara para una segunda presidencia de Trump, los defensores de los derechos humanos siguen buscando justicia por los crímenes cometidos bajo el primer mandato.
Podría decirse que el episodio de abusos más notable de la última presidencia se produjo en el marco de la política de “tolerancia cero” de la administración Trump, consistente en separar por la fuerza a los niños de sus familias en la frontera estadounidense. Cuando se filtraron fotos de niños metidos en jaulas y surgieron historias de niños de tan solo cinco años detenidos sin cuidadores adultos, el escándalo sacudió al país.
El gobierno estadounidense separó a más de 4.600 niños de sus padres entre 2017 y 2021.
Lo que es quizás aún más impactante es que, de esos 4.600, 1.360 niños siguen en paradero desconocido hasta el día de hoy. Incluso después de seis años, el gobierno no ha sido capaz de reunir a estos niños con sus padres.
Un nuevo informe de Human Rights Watch, el Texas Civil Rights Project y la Lowenstein International Human Rights Clinic de la Facultad de Derecho de Yale examina la política y sus repercusiones. También expone los delitos concretos cometidos, en particular desde el punto de vista del derecho internacional.
El gobierno se negó, en muchos casos durante días o semanas, a revelar a sus padres las circunstancias y el paradero de los niños separados, lo que se ajusta a la definición de desaparición forzada. Las separaciones forzosas de familias también pueden haber constituido tortura.
Nunca se exigieron responsabilidades a nadie por estos delitos, y no ha habido justicia para las víctimas.
Es fundamental recordar que esta fue una política intencional, no un montón de errores o consecuencias desafortunadas de las autoridades tratando de hacer otra cosa. La crueldad de la administración Trump con los niños fue deliberada. Estaban castigando a los niños para enviar un mensaje a los padres: no vengan a Estados Unidos, no soliciten asilo en Estados Unidos… o de lo contrario secuestraremos a sus hijos y abusaremos de ellos.
“Tenemos que llevarnos a los niños”, dijo el fiscal general Jeff Sessions en una llamada a los fiscales en mayo de 2018.
Una orden judicial de junio de 2018 detuvo el esfuerzo del gobierno para separar sistemáticamente a cada familia que entró en Estados Unidos sin autorización. Pero la orden judicial permitió separaciones por otros motivos, y el gobierno continuó separando a cientos de niños hasta finales de 2019.
Todo este episodio exige una rendición de cuentas pública, una disculpa, compensaciones y posibles acciones penales. Como mínimo, el Senado de EEUU, en las audiencias sobre las nominaciones de funcionarios entrantes de Trump, debería rechazar a cualquiera que estuviera implicado en la separación familiar.
Nadie sabe exactamente qué ocurrirá durante la segunda administración de Trump. Pero, en cualquier caso, tiene que haber un ajuste de cuentas completo con las graves violaciones de derechos humanos de la primera.
