El diario oficial Granma dejó claro el propósito del régimen de Cuba con la denominada “marcha del pueblo combatiente” programada para el próximo 20 de diciembre en La Habana: presionar a la Administración de Joe Biden para que haga en el mes que le queda en el poder lo que no hizo en cuatro años.
Ello se desprende de un editorial titulado “Una marcha contra la ignominia imperial”, publicado en el periódico el 17 de diciembre, y de las reuniones que el Partido Comunista de Cuba (PCC) está teniendo con sus militantes en La Habana para garantizar la presencia masiva de personas que tienen nada que celebrar.
Sin darle vueltas, Granma recuerda que “el 20 de diciembre le quedarán a la actual Administración estadounidense 30 días exactos para finalizar su mandato. Lejos de cumplir su promesa electoral respecto a las relaciones con Cuba, el presidente Joseph Biden, en sus cuatro años de ejercicio, ha mantenido vigente y en aplicación la casi totalidad de las medidas de coerción económica draconianas impuestas por el Gobierno de Trump, y ha aprobado otras, como la reciente legislación que legaliza el robo desvergonzado de la marca Havana Club en el mercado estadounidense”.
El texto vuelve a culpar al embargo de Washington contra La Habana de los “efectos marcadamente dañinos sobre la calidad de vida del pueblo cubano”, sin hacerse cargo de las políticas económicas fallidas del régimen; la inversión desbocada en hoteles e instalaciones vinculadas al turismo por encima de la agricultura, la industria, la salud y educación; las multimillonarias deudas de décadas con aliados y organismos internacionales, etc.
Pero, para Granma, “el bloqueo es el sistema de medidas económicas coercitivas unilaterales y extraterritoriales más abarcador, completo y prolongado que se haya aplicado jamás contra nación alguna”. Ello, a pesar de que Estados Unidos es uno de los principales suministradores de alimentos y productos agrícolas a la Isla, sin contar las exportaciones millonarias de automóviles modernos desde ese país.
El editorial va al grano cuando menciona que a las sanciones “se adicionan las medidas restrictivas derivadas de la decisión de incluir a Cuba, de manera alevosa, en la infame lista arbitraria e ilegítima de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Fue una jugada perversa de la Administración Trump, unos días antes de abandonar la Casa Blanca”.
“Esa designación es cínica, porque Cuba, lejos de patrocinar el terrorismo, ha sido y es víctima de recurrentes actividades terroristas financiadas y organizadas desde territorio estadounidense, con anuencia de las autoridades de ese país”, añade.
Recuerda Granma que en mayo de 2024, el Departamento de Estado retiró a Cuba de la lista de Estados que no cooperan plenamente con Washington en la lucha antiterrorista, “poniendo aún más en evidencia el carácter infame y oportunista de la designación de 2021”.
“El presidente Biden puede acabar con esa mentira y atender el reclamo de decenas de gobiernos, numerosos expresidentes y primeros ministros, cientos de parlamentarios, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y otros líderes religiosos, y de miles de organizaciones de todo el mundo y de los propios Estados Unidos”, señala.
“En los días que le restan de mandato, el presidente Biden puede retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo; tiene la autoridad para hacerlo. Si algo de decencia quiere dejar como legado en las últimas jornadas de su vida política, puede dar ese simbólico paso. Está aún a tiempo de hacerlo”, advierte.
Ese reclamo, finaliza el periódico del PCC, será el que el Gobierno de la Isla haga el venidero viernes frente a la Embajada de EEUU en La Habana. “Marcharemos con la convicción profunda, inculcada por Fidel, de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas”, termina.
Justo la imagen del difunto dictador ha sido utilizada por las autoridades en las últimas horas para convocar al oficialismo. En el céntrico cine Yara, de La Habana, el PCC mostró fragmentos de discursos de Castro y reunió a cientos de funcionarios del aparato administrativo oficial para convocarlos al acto.
Liván Izquierdo, primer secretario del PCC en la capital, indicó en sus redes que “participamos en plenaria junto a cuadros políticos y administrativos, en el municipio Plaza de la Revolución, evaluamos los preparativos para la marcha del pueblo combatiente el viernes 20 de diciembre, entre otros temas”.
Pese a este esfuerzo in extremis, lo cierto es que EEUU redesignó a La Habana entre los Estados patrocinadores del terrorismo la pasada semana, alegando que “el secretario de Estado determinó que el Gobierno cubano brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a los terroristas”, incluyendo prófugos de la Justica estadounidense que viven en la Isla desde hace décadas.
La permanencia de La Habana en la lista de EEUU es un varapalo mayúsculo para el régimen de la Isla, que se ha enfrascado en el último año en tratar de conseguir esa concesión de la Administración Biden, como hiciera al finalizar su ejercicio del cargo Barack Obama, en 2015.
La Habana no ha ocultado su aspiración para que Biden la borre del grupo de regímenes sancionados por Washington, e incluso ha cabildeado en EEUU a través de legisladores afines, grupos de la sociedad civil estadounidense con vínculos con La Habana, expertos de la ONU, representantes de la Iglesia y personalidades de los negocios.
