La problemática de las aguas negras en la frontera entre México y Estados Unidos sigue generando serias repercusiones en la salud pública, el medio ambiente, la economía y el turismo.
En Tijuana, la crisis del agua se agrava debido a deficiencias en la infraestructura hídrica y al manejo de aguas residuales, la situación ha alcanzado niveles alarmantes; esto no solo afecta la calidad de vida de los habitantes locales, sino que también repercute directamente en el turismo de la región, especialmente en las playas de Imperial Beach en el condado de San Diego que han tenido que cerrar debido a altos niveles de contaminación fecal.
Este cierre ha obligado a México y Estados Unidos a buscar soluciones conjuntas para gestionar los 27 millones de galones diarios de aguas residuales que se vierten al océano.
Crisis de aguas residuales, un desafío urgente para las ciudades de Tijuana-San Diego
Entender la crisis de aguas residuales en Tijuana, conlleva un análisis profundo, es por ello, que no se pueden dejar de lado las condiciones topográficas de la ciudad, las cuales representan un desafío significativo para el asentamiento humano.
Para entrar en contexto, la ciudad se extiende sobre laderas inestables, lo que dificulta el acceso a servicios básicos como agua potable y alcantarillado sanitario. Según el documental académico ‘Tijuana: Ciudad Séptica’, una de cada seis personas vive en áreas vulnerables, enfrentando condiciones de alta precariedad.
Muchos de sus asentamientos se encuentran en áreas de difícil acceso, como laderas, cañones y partes bajas cercanas al río. Este tipo de urbanización sin planificación ha generado flujos constantes de escurrimientos contaminantes que desembocan sin control en el Océano Pacífico.
En 1936, se construyó la presa Abelardo L. Rodríguez para captar el agua de lluvia y prevenir inundaciones, así como abastecer de agua potable a la creciente población. Sin embargo, los problemas persistieron, y durante el periodo 1970-1976, se tomaron medidas como la reubicación de asentamientos cercanos al centro de la ciudad y la canalización del Río Tijuana, que aún hoy continúa siendo una solución incompleta.
La información presentada en el documental ‘Tijuana: Ciudad Séptica’ expone que a lo largo de la línea fronteriza, un proyecto binacional entre México y Estados Unidos ha establecido una estación de bombeo diseñada para desviar las aguas hacia el sistema de alcantarillado de la ciudad, sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, una parte considerable sigue fluyendo libremente.
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) es la encargada de tratar las aguas residuales y distribuir el agua potable en la ciudad; a pesar de los esfuerzos del organismo, el costo social y ambiental de la contaminación sigue siendo alto, por ello, los escurrimientos de aguas residuales continúan afectando directamente a escuelas y comunidades, exponiendo a la población a enfermedades.
Recientemente, el gobernador de California, Gavin Newsom dijo que un estado de emergencia en el problema de aguas contaminada en la frontera “No significaría nada”, ante ello, la alcaldesa de Imperial Beach, Paloma Aguirre reaccionó y expuso algunos de las principales impactos en salud pública y medio ambiente.
La comunidad de Imperial Beach es una de las más afectadas por la contaminación transfronteriza, y su representante gubernamental ha liderado numerosos llamados para que Newsom y el presidente Joe Biden emitan declaraciones de emergencia.
Impacto salud pública: Enfermedades e infecciones por patógenos
La contaminación ha incrementado los niveles de enterococos en las aguas del Pacífico, un problema que la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. ha reconocido como grave, ya que estos patógenos pueden provocar diversas enfermedades, incluyendo infecciones en la piel, ojos, oídos y vías respiratorias.
Además, estudios realizados por investigadores del Instituto Oceanográfico Scripps de la Universidad de California en San Diego han revelado que respirar cerca de la orilla contaminada también puede ser nocivo. Durante una investigación en 2022 en Imperial Beach, se descubrió que las aguas costeras contaminadas se transfieren a la atmósfera en forma de aerosoles marinos, lo que agrava aún más la crisis de salud pública.
La exposición prolongada a estos contaminantes puede incrementar el riesgo de brotes de enfermedades graves como la hepatitis A y el cólera, afectando especialmente a niños y adultos mayores, de acuerdo con la información académica de ‘Tijuana: Ciudad Séptica’.
Playas no aptas para uso recreativo
El impacto no se limita a la salud; la economía de la región también se ve afectada. La contaminación de playas ha desalentado el turismo, vital para el desarrollo económico binacional.
Además, el costo de no controlar estos escurrimientos es alto, y aunque el revestimiento de las laderas y cañones es una solución urgente, también es necesario invertir en programas de difusión sobre las enfermedades y en la limpieza periódica de los canales, lo que ya ha costado más de 90 millones de pesos, según la información del documental ‘Tijuana: Ciudad Séptica’.
El canal del río Tijuana, lejos de ser un espacio urbano atractivo, se ha convertido en un símbolo de la contaminación, afectando la percepción de los espacios públicos y la seguridad en las playas locales de San Diego-Tijuana.
Un reciente muestreo realizado por el Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA) ha revelado una preocupante situación en Playa Blanca, al sur de Tijuana, donde los niveles de enterococos alcanzaron casi 5 mil por cada 100 mililitros de agua. Este dato es alarmante, considerando que el límite establecido por las autoridades mexicanas es de solo 200, lo que significa que la cifra de contaminación se multiplicó por veinticinco.
En junio de 2023, la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Baja California (Coepris) también reportó altos niveles de contaminación en esta playa, lo que llevó a colocar un cartel de “Cierre precautorio por riesgo sanitario” en la arena. Sin embargo, esto no ha impedido que los visitantes accedan a la playa, incluyendo al mar.
Sumado a ello, en ese mismo año se estima que aproximadamente 44 mil millones de galones de aguas residuales fluyeron a través de la frontera hacia el condado de San Diego, lo que ha intensificado la necesidad de cooperación bilateral y una respuesta urgente ante esta situación, de acuerdo con un reportaje de investigación de El País.
Mal funcionamiento de las plantas de tratamiento
Uno de los principales culpables de esta crisis es el mal funcionamiento de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, conocida como Punta Bandera, la cual ha estado operando de manera inadecuada desde 2015, arrojando desechos al mar a un ritmo alarmante de 1,100 litros por segundo, de acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Los problemas de saneamiento y drenaje también agravan la situación, ya que el agua tratada se vierte en el río Tijuana, donde se mezcla con aguas contaminadas provenientes de escurrimientos y descargas, lo que resulta en un ciclo de tratamiento ineficaz y desperdicio de recursos.
En redes sociales han denunciado que el Cañón Los Laureles, que alimenta el río Tijuana, transporta una gran cantidad de desechos, incluyendo llantas y plástico, lo que subraya la urgente necesidad de reparación de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales en la región fronteriza.
Acciones para enfrentar la crisis de aguas residuales en la frontera
Ante la creciente crisis de aguas residuales que afecta a la región fronteriza entre California y Baja California, ambos gobiernos han llevado a cabo reuniones para discutir y proponer soluciones a este problema de crisis ambiental.
Entre las estrategias destacadas se encuentran proyectos para construir nuevas plantas de tratamiento y la rehabilitación de la infraestructura de saneamiento existente.
Organizaciones ambientalistas sugieren que una solución viable sería implementar un sistema de reuso de agua, dado que la región enfrenta problemas crecientes de escasez de este vital líquido. Este método permitiría que el agua desechada en los hogares fuera tratada y devuelta como agua potable, creando así un circuito cerrado y minimizando la contaminación, sin embargo, esta opción requeriría inversiones significativas en nueva infraestructura.
Colaboración de los gobernadores de California y Baja California, Gavin Newsom y Marina del Pilar
Durante la última semana de octubre, el gobernador de California, Gavin Newsom, realizó una visita a las plantas de tratamiento de aguas residuales a lo largo de la frontera entre San Diego y Tijuana.
Newsom comenzó su recorrido en la planta South Bay International, ubicada en San Ysidro, donde se iniciará un esfuerzo de varios años para reparar y expandir la capacidad de la instalación, que ha sido insuficiente para procesar las aguas residuales provenientes de México.
Posteriormente, el gobernador se trasladó a la planta San Antonio de los Buenos en Baja California, que también está en proceso de renovación, después de más de una década de verter millones de galones de aguas residuales no tratadas en el Océano Pacífico.
“La crisis de aguas residuales del río Tijuana ha impactado a nuestras comunidades durante demasiado tiempo”, afirmó Newsom en un comunicado posterior a la visita. “Gracias a nuestra asociación con socios internacionales, federales y locales, estamos logrando avances reales. Pero nuestro trabajo está lejos de haber terminado: necesitamos acciones serias y continuas para proteger la salud pública y restaurar nuestro medio ambiente”.
A principios de este año, el Congreso de EE.UU. aprobó 156 millones de dólares destinados a proyectos de construcción a lo largo de la frontera, incluyendo la planta South Bay, una instalación crítica que ha recibido escasa inversión en la última década.
Entre 2010 y 2020, solo se destinaron 4 millones de dólares a esta planta, que enfrenta un déficit de mantenimiento de al menos 150 millones de dólares. Además, el Congreso otorgó a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC) la capacidad de aceptar fondos de entidades no federales y de gobiernos locales y estatales, lo que podría facilitar una mayor colaboración en la solución de esta crisis.
Por su parte, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila, mencionó los avances de la planta San Antonio de los Buenos, que ha costado 600 millones de pesos y que está en un 92% de avance.
“Debido a la importancia de esta obra acudí con el presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar el financiamiento y él accedió en aplicar el recurso federal, mientras que los trabajos los realiza Sedena porque a través de ellos se ahorra tiempo de licitación y proveeduría, además que trabajan muy rápido”, indicó.
Esta instalación, que comenzará a operar a finales de este año, tendrá la capacidad de tratar y reutilizar hasta 18 millones de galones de aguas residuales diariamente.
“Hoy somos dos países, dos estados, trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente y nuestro medio ambiente”, afirmó Ávila en redes sociales, destacando la colaboración binacional en este esfuerzo.
En un giro adicional, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum visitó la construcción de la planta, subrayando su apoyo para resolver este problema y darle la atención que merece.
Si bien, desde 2015 esta planta tratadora de agua no funcionaba de manera eficaz, su oportuna rehabilitación permitirá cumplir con las normas ambientales que rigen la descarga de aguas residuales a los cuerpos de agua de la Nación y los Acuerdos binacionales.
Marina del Pilar explicó que si se hubiera licitado la obra, el proyecto tardaría dos años o más en finalizarse, mientras que con los trabajos de Sedena la puesta en marcha de esta planta tardará unos meses.
California se niega a declarar estado de emergencia por crisis de agua residuales
Si bien, se han presentado avances en el mejoramiento y funcionamiento de plantas tratadoras de aguas residuales de San Diego y Tijuana, el gobernador de California, Gavin Newsom, defendió su decisión de no declarar la crisis de aguas residuales en el río Tijuana como una emergencia estatal, argumentando que tal medida “no habría tenido un impacto real en la solución del problema”.
En una conferencia de prensa realizada en Otay Mesa durante la primera semana de diciembre, Newsom explicó a una reportera de Telemundo Noticias, que la declaración de emergencia “habría sido solo una declaración respaldada por nada” y no habría producido beneficios tangibles, solo simbolismo y frustración.
Newsom rechazó las solicitudes de funcionarios locales y estatales que habían solicitado una proclamación de emergencia, argumentando que la crisis no califica bajo la legislación estatal.
Sin embargo, las declaraciones del gobernador no fueron bien recibidas por la alcaldesa de Imperial Beach, Paloma Aguirre, quien ha liderado las peticiones para que el presidente Joe Biden emita una declaración de emergencia.
La ciudad de Imperial Beach ha sido gravemente afectada por la contaminación transfronteriza, y Aguirre destacó en un reportaje para Telemundo, que tal declaración podría generar más recursos del Departamento de Salud Pública de California y de la Agencia de Protección Ambiental del estado para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y ambiental en la región.
Si bien el gobierno de California ha invertido recursos en la crisis y destinado más de 10 millones de dólares para proyectos relacionados con los sedimentos y barreras para la basura en el Valle del Río Tijuana. Recientemente, la Junta de Recursos del Aire de California comprometió casi 3 millones de dólares para reembolsar al Distrito de Control de la Contaminación del Aire de San Diego en la compra y distribución de purificadores de aire para las comunidades afectadas.
A pesar de los esfuerzos, Aguirre argumentó que la financiación para las plantas de tratamiento de aguas residuales no proporcionará un alivio real a las comunidades locales, ya que aún no se ha financiado el proyecto de desvío del río, que es esencial para resolver la crisis a largo plazo.
Conclusiones
El documental ‘Tijuana: Ciudad Séptica’ sugiere diversas alternativas en el aspecto ambiental y de salud pública, como la forestación en zonas susceptibles a la erosión y la canalización de los escurrimientos ya existentes, que podrían ayudar a reducir la contaminación de los suelos, evitar malos olores y disminuir la propagación de bacterias y virus.
También se propone aplicar restricciones en la venta de terrenos en áreas donde no hay posibilidad de conectarse a servicios públicos de agua y drenaje.
Finalmente, es esencial que las organizaciones sociales involucradas en temas ecológicos se sumen a los esfuerzos para encontrar soluciones a largo plazo, así como para las autoridades gubernamentales en ambos lados de la frontera. Solo con un compromiso conjunto se podrá garantizar un desarrollo urbano más sostenible y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Fotografías por: CBS 8 San Diego
Consulta las notas de CBS 8 San Diego, para obtener mayor información:
Imperial Beach residents plea to fix border sewage crisis
Water contact closures lifted in Imperial Beach
South Bay communities feeling the impact of sewage spilling into San Diego waters
VIDEO RELACIONADO: Marina del Pilar y gobernador de California, Gavin Newsom, supervisan avances en planta de tratamiento de agua en Tijuana
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