Los ministros de Justicia y de Interior de la UE votarán este viernes una propuesta para modificar la directiva que penaliza la facilitación de la migración irregular. El texto es controvertido porque, según sus detractores, abrirá la puerta a que los Estados criminalicen a los propios migrantes y a personas y organizaciones que puedan actuar en solidaridad con ellos. La nueva normativa deja en manos de cada país la decisión de medir con el mismo rasero a los socorristas de un barco de salvamento humanitario, al pasajero de un cayuco que esté sentado cerca del timón, o dirigiéndolo, y al auténtico contrabandista de una red de tráfico de personas que se lucra con ello.
La nueva directiva reemplazará al llamado Paquete de Facilitadores, del año 2002, que ya establece sanciones para quienes facilitaran la entrada, el tránsito o a residencia no autorizada en la UE y que ha sido muy criticado porque en numerosas ocasiones se acabó empleando como herramienta para criminalizar a las ONG, los propios migrantes y a sus familias. Las organizaciones de defensa de derechos humanos llevan dos décadas pidiendo que la norma se modifique para incluir una cláusula humanitaria. Sin embargo, el nuevo texto no cumple con estos llamamientos, sino que facilita aún más la criminalización de los actos de solidaridad.
La votación marca la posición del Consejo, que reúne a los ministros de la UE, sobre el nuevo proyecto de Directiva de Facilitación, una propuesta de la Comisión Europea para luchar contra el tráfico ilícito de migrantes mediante la ampliación de la definición de delito y el aumento de las penas de prisión. Marta Gionco, portavoz de Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (Picum), da por hecho que la posición del Consejo será aprobada. “Tan solo dos países, Alemania y España, se han posicionado a favor de un artículo obligatorio que diga que estos grupos no deben ser criminalizados”, explica. Tras la votación, el Consejo de la UE, presidido por Hungría hasta finales de año, utilizará el texto en las negociaciones tripartitas con el Parlamento Europeo.
El punto de fricción más controvertido en el último borrador, fechado el 29 de noviembre, es que no se incluyen disposiciones vinculantes que ordenen que la nueva directiva no se aplique a los migrantes y a los actos de altruismo de los voluntarios y las ONG. Por el contrario, esta excepción solo figura como disposición voluntaria, es decir, se invita a no criminalizar, por lo que los Estados miembros podrán decidir si se aplica o no. “Sin un requisito legal que prohíba la criminalización de la migración y la solidaridad, existe la preocupación real de que los Estados miembros incrementen los procedimientos legales contra los propios migrantes y las personas que ayudan a los migrantes”, alerta Gionco.
Sin cláusula humanitaria
El penúltimo borrador ya incluía una descripción de la cláusula humanitaria, añadida para “proporcionar más claridad y seguridad jurídica” a la hora de distinguir la facilitación de la migración irregular y la asistencia humanitaria. Esta decía que nada de lo dispuesto debía afectar “a los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados miembros y de las personas de prestar asistencia a los nacionales de terceros países, por razones humanitarias o destinadas a satisfacer sus necesidades humanas básicas”. Y estas necesidades también se fijaban: las necesidades de alimentación, higiene personal y un lugar donde vivir debían ser satisfechas “de manera que la salud física o mental del sujeto no se vea perjudicada o se ponga en un estado de degradación incompatible con la dignidad humana”. En el nuevo borrador ya no aparece esta definición.
En cuanto a las sanciones establecidas, no se contempla prisión en los casos en que quede demostrado que la facilitación de la entrada carecía de beneficio financiero o material, y si lo hubiera, se castigará con al menos tres años de cárcel que podrán aumentar a ocho si se demuestra que se hizo uso de “violencia grave” contra los migrantes y 10 si se produjeran muertes. No obstante, se deja en manos de los Estados miembros la decisión de “adoptar o mantener legislación que prevea una incriminación más amplia que la establecida” en la Directiva. La particularidad de las directivas europeas es que necesitan de las leyes nacionales de cada país para poder ser transpuestas, pues no se aplican directamente, pero en este caso, el hecho de poner el acento en una “incriminación más amplia” permite a cada Estado establecer y aumentar las penas hasta donde quieran.
La representante de Picum, que aglutina a 160 organizaciones dedicadas a la defensa de migrantes indocumentados, enfatiza que se han documentado numerosos casos de personas que llegan irregularmente a Italia, Grecia y otros países europeos y que han sido acusados de ser contrabandistas: al menos 117 personas fueron criminalizadas por ayudar a migrantes en 2023; 102 en 2022 y otras 89 entre enero de 2021 y marzo de 2022. “A menudo la persona a la que se acusa de ser un traficante es solo alguien que tuvo que ponerse al frente del barco porque nadie más sabía cómo hacerlo o porque era la única forma en que podían permitirse viajar, pero en realidad no forman parte de organizaciones criminales”, argumenta.
Uno de los casos más mediáticos fue el de nueve ciudadanos egipcios que sobrevivieron al naufragio en el mar Jónico de un buque que iba atestado de migrantes en junio de 2023 y que costó la vida a más de 600 personas. Los jóvenes fueron acusados por las autoridades griegas —en esos momentos la autoridad pertinente— de haber organizado la travesía ilegal, y pasaron un año encarcelados, a pesar de que posteriormente se demostró su inocencia.
El del Jónico no es el único. De las 117 personas enjuiciadas por presunto tráfico de personas en 2023, 19 habían proporcionado refugio a migrantes, 17 habían tratado de detener una deportación y ocho se habían limitado a proporcionar agua, alimentos y ropa, según el informe de las asociaciones de defensa de migrantes. Por ejemplo, en Letonia, dos ciudadanos fueron acusados de facilitar la entrada irregular al país porque dieron comida y agua a unos hombres en la frontera con Bielorrusia, denuncia Picum. De las 42 personas cuyos juicios se cerraron en 2023, 40 recibieron una sentencia absolutoria.
El ámbito del salvamento marítimo humanitario es donde más se criminaliza la ayuda a migrantes. Según los datos de Picum, 46 de las 117 personas acusadas en 2023 eran trabajadores humanitarios en embarcaciones de rescate. Italia es el país que más criminaliza, y las ONG que operan en el Mediterráneo denuncian que no pueden salvar vidas, lastrados por un rosario de normas que violan el derecho internacional y que puso en marcha el Gobierno de Matteo Salvini en 2018.
La detención de miembros de ONG, sanciones administrativas, multas e inspecciones también ha sido analizada por la oficina de la UE para derechos humanos (FRA), que ha contabilizado 78 procesos judiciales contra las organizaciones dedicadas al salvamento marítimo entre 2016 y junio de 2024. De estos, 54 terminaron en absolución y 23 están pendientes. La mayoría se decide en tribunales italianos, pero también hay causas abiertas en España, Malta, Grecia, Alemania y Países Bajos.
