El presidente electo Donald Trump basó su campaña en la promesa de la “mayor operación de deportación de la historia de EE UU”. A principios de diciembre declaró en el programa ‘Meet the press‘ del canal NBC que empezaría por deportar a los delincuentes convictos y luego a “los demás”, incluidas familias enteras en las que algunos miembros están en EE UU legalmente.
El costo humano y económico de una operación de este tipo sería desmesurado. Se calcula que hay 11 millones de indocumentados en territorio estadounidense y otros 2.3 millones puestos en libertad tras cruzar ilegalmente la frontera durante el gobierno de Biden. Según un análisis del Consejo Americano de Inmigración, deportar a todas estas personas costaría casi 968,000 millones de dólares en más de una década, además de requerir 24 veces la capacidad de detención actualmente disponible y más de 1,000 nuevos juzgados de inmigración.
Igualmente, las deportaciones masivas tendrían un gran impacto en la industria cárnica. De acuerdo con Steven Hubbard, científico de datos del Consejo Americano de Inmigración, alrededor del 23% de los empleados del sector son indocumentados y el 42% son nacidos en el extranjero: “La industria en la que se sacrifican, procesan y envasan animales para consumo humano, tiene uno de los porcentajes más altos de trabajadores foráneos de todas las industrias de EE UU”.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos publicó una nueva convocatoria de licitaciones para tecnologías de vigilancia ante el aumento de personas a las que observará previamente a las audiencias de deportación.
Peligros más allá de las redadas
La mano de obra indocumentada se convirtió en el blanco de las redadas de inmigración bajo administraciones anteriores. En agosto de 2019, las autoridades arrestaron a 648 personas en redadas en siete plantas de procesamiento de alimentos en todo Mississippi; solo una de varias rondas de detención que apuntaron a las plantas empacadoras de carne durante la primera administración de Trump.
Los salarios en el sector cárnico son bajos, y las condiciones son marginales. Un análisis de datos de 2018 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), recopilado por The Guardian y la Red Global de Periodismo de Investigación encontró que las amputaciones ocurren en promedio dos veces por semana en las plantas de embutidos en EE UU. Algunas empacadoras de carne también contratan mano de obra encarcelada para trabajar en sus plantas. “Las aves de corral se mantienen como una proteína muy barata en EE UU a costillas de trabajadores con salarios bajos y personas con estatus de vida precarios”, indica Angela Stuesse, antropóloga de la Universidad de Carolina, Chapel Hill, quien ha estudiado a los trabajadores avícolas de Mississippi.
En recientes convocatorias de resultados, los accionistas de algunas empresas cárnicas que cotizan en la bolsa han discutido si los planes de la administración de Trump, entre otras cuestiones, suponen un desafío para la industria. “Ya hemos pasado por eso antes, y no hubo un impacto en nuestro negocio”, comentó Tim Klein, CEO de National Beef, propiedad de la compañía brasileña de alimentos Marfrig. En respuesta a una pregunta similar en una llamada de ganancias de Tyson Foods, el CEO Donnie King remarcó: “Hay mucho que no sabemos por el momento, pero les recuerdo que hemos operado con éxito este negocio durante más de 90 años, sin importar el partido al mando”.
El nombramiento del nuevo presidente de Estados Unidos podría ser el fin del negocio para muchas creadoras y creadores de contenido para adultos.
Una discusión pendiente para Trump
No está claro si el mandato de Trump apuntará a las instalaciones de empacado de carne operadas por las firmas más grandes de la industria, dado el trato favorable que estas empresas recibieron durante la primera presidencia del magnate. Durante la pandemia de covid-19, se emitió una orden ejecutiva que permitió que las plantas continuaran operando, incluso cuando los empacadores estaban infectados con el virus. Más tarde, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la Crisis del Coronavirus descubrió que el departamento legal de Tyson redactó un texto de la orden propuesta.
“Las grandes empresas empacadoras impidieron que se establecieran protecciones adicionales para proteger a los trabajadores, en parte fue un esfuerzo concertado por funcionarios políticos de la administración Trump para aislarse de la supervisión, obligando a sus empleados a permanecer en condiciones peligrosas y librarse de la responsabilidad por cualquier enfermedad o muerte resultante”, concluyó el comité en el informe publicado en diciembre de 2022.
Según César Escalante, profesor de la Facultad de Agricultura y Ciencias Medioambientales de la Universidad de Georgia, la oferta de mano de obra es escasa en las plantas de envasado de carne y en el sector agrícola en general: “La industria necesita más trabajadores”, señalando que EE UU debería ampliar el régimen de visados H-2A para trabajadores agrícolas estacionales. “Las explotaciones más pequeñas tienen más probabilidades de verse afectadas por la falta de trabajadores, mientras que las más grandes podrían trasladarse a la mecanización”.
Si los trabajadores indocumentados son deportados en masa, esto podría traducirse a un aumento de precios para los consumidores. Un reporte de la agencia de investigación Texas A&M Agrilife Research calcula que la eliminación de la mano de obra inmigrante en las granjas lecheras de EE UU duplicaría los precios de la leche. El impacto del plan de deportación del nuevo presidente en los precios de la carne o de los alimentos en general aún está a la expectativa. “Todavía no sabemos cómo va a resultar todo este asunto”, concluye Hubbard.
Artículo originalmente publicado en WIRED. Adaptado por Alondra Flores.
