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Después de que Donald Trump fuera elegido, el hijo mayor de Vannessa Olivera le preguntó si era cierto que todos los inmigrantes serían expulsados del país.
Eso es lo que escuchó en la escuela.
Olivera, cuya familia huyó de Venezuela y fue enviada a Chicago en 2022, trató de tranquilizarlo diciéndole que sería imposible expulsar a tanta gente en un país de inmigrantes.
“No le tengo miedo a Trump”, dijo Olivera en español. “La política es un juego. Mi padre decía que la política es un juego sucio en el que todos usan las mejores estrategias que tienen. No le temo porque en realidad, no estoy haciendo nada malo”.
Las organizaciones del área de Chicago que sirven a inmigrantes como Olivera se están preparando para cambios en la política de inmigración y un aumento en las órdenes de deportación, que podrían llegar de inmediato a través de órdenes ejecutivas y más tarde cambiando a quiénes detienen los funcionarios federales de inmigración, aseguran.
Muchas organizaciones están dedicando las semanas previas al Día de la Inauguración el mes próximo a distribuir información sobre “conocer sus derechos” a los migrantes y exhortándolos a consultar con un abogado o una organización de confianza para evaluar su estatus migratorio.
Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes con sede en Chicago, dijo que se están preparando para un “tsunami de necesidad de servicios legales” en los próximos años. Además, muchos esperan que aumente la acumulación de casos en las cortes de inmigración.
Además, los grupos anticipan tiempos de espera más largos y tarifas más costosas para obtener permisos de trabajo o “green cards” a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
“Sabemos que muchas personas seguirán teniendo casos pendientes durante bastante tiempo y esperamos que nuestros abogados pro bono se unan a nosotros para brindar representación legal completa”, comentó McCarthy.
“Eso será fundamental para proteger los derechos básicos de las personas al debido proceso”.
La corte de inmigración de Chicago ya tiene más de 270,000 casos pendientes, según un análisis del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.
Cerca del 25% de esos casos involucran a personas de Venezuela, seguidos por alrededor del 18% que involucran a ciudadanos mexicanos.
El USCIS recibió más del triple de casos de asilo en la primera mitad de 2024 que durante el mismo período en 2022, informó WBEZ.
La petición de asilo de Olivera se encuentra entre esas solicitudes, sin un final a la vista. La familia aún no había recibido una fecha para comparecer ante un juez de inmigración para escuchar su caso.
La familia ha comenzado a tener una sensación de estabilidad en el lado noroeste, con Olivera trabajando en una guardería y su esposo en un hotel después de que el gobierno aprobara sus permisos de trabajo. El próximo año comenzará las clases en un colegio comunitario para obtener un título asociado en educación infantil.
Celebraron el Día de Acción de Gracias por primera vez este año y sus hijos mayores ya hablan inglés con facilidad.
La familia adquirió un perro pequeño, Snow, después de que un amigo le sugiriera que podría ayudar a Olivera cuando sentía ansiedad.
Vannessa Olivera, migrante venezolana que ha estado viviendo en Chicago durante aproximadamente dos años, se sienta en la sala de su hogar con su perro, Snow, en su casa del lado noroeste.
Tyler Pasciak LaRiviere/Sun-Times
Olivera says what she fears is life in her native country. She’s heard from relatives about the increasing cost of medications in Venezuela. One of her relatives was arrested after being involved in a protest, she said.
Olivera dice que lo que teme es la vida en su país natal. Sus familiares le han contado sobre el aumento del precio de los medicamentos en Venezuela. Uno de sus parientes fue arrestado después de participar en una protesta, contó.
Es una de las razones por las que no cree que las políticas de Trump detengan la inmigración.
Le preocupa lo que sucederá con quienes esperan en la frontera sur para solicitar asilo. Tres de sus familiares estaban tratando de hacer el viaje a Texas, dijo.
“Sabemos que no podemos regresar”, dijo Olivera. “Porque en el momento en que regresemos, (el gobierno) puede matarnos, matar a uno de mis hijos, mi esposo podría ser detenido (o) podrían quitarnos la ciudadanía”.
Aumenta la demanda de servicios legales
En las semanas transcurridas desde la elección presidencial, la Red Comunitaria Siria ha visto a tanta gente presentarse dos veces por semana a su clínica de inmigración de dos horas que han tenido que rechazar a gente, dijo Al Peters, el director de inmigración de la organización.
“Tenemos muchas personas que vienen que están en proceso de deportación”, dijo Peters. “Tienen una cita en la corte, no tienen representación legal, con frecuencia no entienden realmente lo que está sucediendo en términos de su proceso legal. Al menos podemos explicarles eso y referirlos a algunas de nuestras organizaciones asociadas”.
La Red Comunitaria Siria se convirtió en parte del programa de acreditación del Departamento de Justicia en 2019, que permite a los empleados no abogados y voluntarios de ciertas organizaciones sin fines de lucro ejercer la ley de inmigración a nivel federal.
Comenzaron a hacer trabajo relacionado con la inmigración porque no había muchas organizaciones de inmigración que brindaran servicios para inmigrantes de habla árabe.
En un principio ayudaron a los refugiados a obtener la residencia permanente conocida como “green card” o solicitar la ciudadanía. En 2021, su trabajo cambió cuando vieron que las personas que habían huido de Afganistán necesitaban ayuda para presentar solicitudes de asilo. Y ahora prevén que habrá más personas en procedimientos de deportación, dijo Peters.
“Las organizaciones como la nuestra (…) históricamente no tienen mucha experiencia con las deportaciones”, destacó Peters. Pero como ese trabajo es necesario, “tenemos que volver a capacitarnos, volvernos a enfocar y cambiar de rumbo”.
Los activistas se reúnen para una conferencia de prensa de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados en Casa Michoacán en La Villita, donde los políticos reaccionaron a la reelección del presidente Donald Trump.
Ashlee Rezin/Sun-Times
Mientras Trump hablaba de implementar deportaciones masivas, McCarthy dijo que el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes ha estado tratando de pensar en cómo llegar a las personas detenidas en cárceles remotas o en instalaciones a gran escala fuera de Illinois.
“Todas las personas tienen derechos, independientemente de su estatus migratorio”, dijo. “Y debemos asegurarnos de que esas personas en estas cárceles remotas tengan acceso a abogados para garantizar que se respeten esos derechos. Por lo tanto, eso será realmente fundamental”.
Educar a las comunidades migrantes
La North Suburban Legal Aid Clinic con sede en Highland Park, también ha visto un aumento en las llamadas telefónicas y las visitas en persona sobre posibles deportaciones masivas, dijo Lia Kim-Yi, directora de leyes de inmigración de la clínica.
“Hay una línea muy delgada entre educar a la población y crear miedo, y no queremos crear miedo”, dijo Kim-Yi. “Por eso creemos que la educación es poderosa, por eso estamos haciendo tantas presentaciones de ‘conozca sus derechos’”.
La clínica está creando una lista de verificación de planificación de seguridad para reunir documentos importantes para los clientes, dijo. También están ayudando a los padres indocumentados a aprender cómo establecer una tutela a corto plazo en caso de que sean detenidos. Los abogados también están presentando solicitudes de la Ley de Libertad de Información para que los clientes verifiquen su historial migratorio completo.
“Simplemente estamos preparando a mi personal para que sepa que vamos a ser extremadamente cautelosos con los documentos que presentamos a inmigración, para asegurarnos de que los clientes estén seguros, que estén completamente informados de sus derechos legales y de las posibles consecuencias que podrían ocurrir si sus casos son rechazados por cualquier razón”, dijo Kim-Yi.
Quienes atienden a migrantes dicen que están empleando las próximas semanas para presentar solicitudes de inmigración si la persona es elegible para recibir ayuda antes de que se implementen los cambios.
Kathleen Vannucci, abogada de inmigración de Chicago, dijo que recientemente presentó dos casos para personas que eran elegibles para recibir ayuda pero que no habían tratado de ajustar su estatus debido a lo mucho que costaba. En esos casos, un donante cubrió los honorarios del abogado y del gobierno para presentar los casos.
“Es muy emotivo ver a personas que quieren hacer algo y sienten que están ayudando a sus familiares”, dijo. “Es como, está bien, vamos a poder hacer esto”.
Pero para otros clientes, incluidos algunos que han estado en el país desde la década de 1970, no hay ninguna vía para ajustar su estatus migratorio, dijo. Vannucci dijo que habla con sus clientes sobre posibles defensas si las autoridades de inmigración alguna vez detienen a la persona.
Por ahora, Vannucci dijo que se está preparando para el costo emocional que tendrá su trabajo al responder a los cambios inesperados en las leyes y políticas de inmigración.
“Estaba en el aeropuerto justo después del anuncio de la prohibición musulmana. ¿Pensé alguna vez que eso iba a suceder y que no iban a dejar entrar a los residentes permanentes en el aeropuerto?”, dijo Vannucci. “Absolutamente no (…). Esperen lo inesperado y estén listos para la lucha”.
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago
Los abogados voluntarios instalaron un campamento en la terminal internacional del Aeropuerto Internacional O’Hare en 2017 para ayudar a los viajeros migrantes y sus familias después de que el entonces presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva para congelar la admisión de refugiados a los Estados Unidos y prohibir los viajes desde siete países de mayoría musulmana.
Scott Olson/Getty
