Gerardo ya sabe lo que es ser perseguido como si fuera un migrante indocumentado en la era de Donald Trump; el miedo, el acoso en los discursos, la sensación de una persecución legal constante y, finalmente, la detención.
Ante el próximo segundo periodo de Trump como presidente de Estados Unidos, recuerda cuando permaneció en una cárcel migratoria sin haber cometido delito alguno y la lucha que libró contra la incertidumbre de perder una vida de casi 25 años de trabajo en apenas un instante.
En abril de 2024 el mexicano originario de Guerrero, y que radica en Nueva York, superó un largo proceso legal de siete años que inició con una detención circunstancial en 2017 y una privación de la libertad de 90 días en Pensilvania.
Una ley aprobada por la administración del presidente Joe Biden que beneficiaba a todos aquellos migrantes que no tuvieran antecedentes penales le permitió dar carpetazo a su proceso migratorio sin que quedara récord de que fue detenido.
Pero la contundente victoria de Donald Trump ha puesto a Gerardo, como a miles de migrantes, de nuevo en alerta.
“Ya sabemos cómo fue al principio y no hay razón para pensar que sea distinto. Al contrario, viene más estricto y yo lo que recomiendo es que estemos preparados psicológicamente y también económicamente. Porque vaya que estos procesos llevan tiempo y llevan dinero”, advierte en entrevista con MILENIO.
Gerardo vive en la ciudad de Nueva York, una de las llamadas “ciudades santuario” donde la persecución de personas para revisar su estatus migratorio está prohibida. En los últimos años le ha significado a los migrantes y sobre todo a aquellos que no tienen un estatus legal en este país un entorno de cierta tranquilidad. Sin embargo, hoy eso parece estar en riesgo.
La semana pasada el alcalde demócrata de la ciudad, Eric Adams, declaró que cooperará al cien por ciento con la administración de Donald Trump en un plan para identificar a migrantes con registros delictivos pues, dijo, su prioridad es la “seguridad de los neoyorquinos”.
La declaración ha generado ya críticas de activistas y demócratas, pero al mismo tiempo, ha sido aplaudida y difundida por los propagandistas del próximo presidente de los Estados Unidos.
“Esto es un riesgo para todos porque, aunque se hagan operativos para detener a una persona en particular con una orden (judicial) ya vimos en el primer término de Trump cómo funciona eso; detienen a uno, pero de paso se llevan a todos los que encuentren en un vehículo o en una casa y los someten al procedimiento migratorio. Es como si fueran redadas”, revela Gerardo.
Trump ya ha anunciado que impulsará un programa de deportaciones masivas tan pronto asuma el cargo en enero próximo y ha confirmado que planea declarar una emergencia nacional, lo que le daría poderes especiales, y recursos económicos extraordinarios, para emprender esta misión. Los detalles sobre cómo se materializaría esto aún no son claros.
Pero hay antecedentes como la historia del guerrerense Gerardo Laureano que retrata en carne propia cómo las políticas de Trump en su primer periodo —que también incluyeron una declaratoria de emergencia nacional por la migración indocumentada— se materializaron en una persecución real y una amenaza constante sólo por el hecho de ser o parecer un migrante en los Estados Unidos.
Operativos encubiertos y detenciones
“Los agentes se escondían con vehículos encubiertos, sin letreros, desde las cuatro de la madrugada en caminos federales o carreteras estatales, de zonas donde la autoridad local no se oponía”, recuerda Gerardo.
“Esperaban a que la persona que ya tenían identificada fuera al trabajo, muchas veces a una fábrica o al campo. Y esperaban que utilizara un transporte con otros migrantes para entonces pararlos. Porque no se trataba de detener a uno solo, sino de llevarse a la mayor cantidad de personas posibles de paso”.
Gerardo describe así la forma en cómo, en el primer periodo de Trump, agentes de migración de los Estados Unidos convertían los operativos para detener a una persona previamente identificada por cometer algún delito, en “redadas” en las que aprovechaban para asegurar y revisar en masa a grupos grandes de migrantes.
Fue una de esas detenciones en masa la que derivó en la detención de Gerardo aunque con otra variante implementada desde la era de Trump: el uso extensivo de policías estatales para cuestionar a personas migrantes sobre su estatus migratorio.
“Los policías no están facultados para temas migratorios, pero con Trump se les pedía hacer eso, sobre todo en estados como Pensilvania, donde no había protecciones para los migrantes. Y si uno no conocía una enmienda constitucional que se puede citar para no dar informes sobre ello a un policía, como fue nuestro caso, terminas cayendo” recuerda.
A Gerardo le pasó el 17 de abril del 2017 a las 07:30 horas sobre la carretera 81 interestatal. Él venía regresando camino a Nueva York junto con un grupo de personas que había llevado en su camioneta a un congreso de Alcohólicos Anónimos en Atlanta. Para Gerardo era una jornada de trabajo, pues desde hace muchos años fundó su empresa de transporte de personas y de mudanzas.
En el tramo de regreso, una de las personas se ofreció a conducir un rato el vehículo para que Gerardo pudiera descansar, y fue durante ese turno cuando el conductor cometió el error de ir a exceso de velocidad, lo que fue detectado por un policía estatal que los detuvo.
Los requerimientos del oficial pasaron de cuestionar la velocidad con la que era manejado el vehículo, a preguntar sobre la situación migratoria de todos ellos.
“En ese momento no conocíamos bien nuestros derechos y respondimos. La mayoría no teníamos papeles ni seguro social. El policía entonces nos pidió que nos dirigiéramos a una pequeña base unos kilómetros más adelante porque iban a revisar si teníamos antecedentes o no.
“Luego llego otra persona vestida de negro, sin identificaciones, que también nos hizo preguntas. Ese ya era un agente de migración encubierto”, recuerda el mexicano.
Pese a que Gerardo, como la mayoría de los que iban en el transporte, no tenían antecedente de crimen alguno, todos fueron detenidos. Se les tomaron las huellas dactilares y posteriormente, uno a uno, fueron esposados y subidos a un vehículo.
“Yo fui el último en ser bajado del auto que manejaba y me permitieron llamarle a mi familia sólo para avisarles que tenían que venir a recoger la camioneta y a decirles que pues, ‘me habían agarrado’”.
La “cárcel”, resistencia y dinero
“Nos esposaron a todos juntos como delincuentes, nos llevaron a unas oficinas de migración de York (una pequeña ciudad al sur de Pensilvania). Nos tomaron toda la información completa. Nos tomaron huellas de todo. No sólo de dedos sino hasta de los ojos.
“Y luego nos pusieron como un lazo o una cadena a los nueve todos juntos, como en las películas cuando llevan a los delincuentes más peligrosos, y así nos trasladaron” recuerda Gerardo.
La estación a la que fueron llevados no era un centro de reclusión donde estuvieran criminales que cometieron delitos estatales o federales, pero para todos los demás efectos se trataba de una cárcel en forma.
Todos los integrantes del grupo donde viajaba Gerardo fueron desnudados, bañados; les quitaron sus pertenencias, les dieron overoles naranja, les tomaron las fotos con numero de registro, y fueron oficialmente procesados.
Lo que siguió fue un ejercicio de “resistencia” como lo recuerda Gerardo. El proceso consiste, antes que nada, en tratar de alcanzar una fianza que permita salir de dicho centro para seguir en libertad con el procedimiento de fondo relativo a la permanencia o no de la persona en Estados Unidos. Es una lucha que requiere tiempo, requiere paciencia, y sobre todo de redes de apoyo y dinero.
“Tienes que moverte a como puedes. Tan sólo hablar por teléfono con quien tengas afuera requiere dinero. Son cinco dólares por minuto la llamada. Esto es un negocio también para los que manejan estos centros.
“En los tres meses que yo estuve me gasté fácilmente mil dólares sólo en llamadas telefónicas. Y luego está la búsqueda de abogados especializados en esto. Hay organizaciones pro-bono que lo hacen, pero tienes que lograr contactarlas para que te auxilien”, explica.
Hay casos que de inicio están perdidos. Gerardo recuerda a dos de los integrantes de su grupo originarios de Guatemala que ya tenían antecedentes de haber sido detenidos una vez por autoridades migratorias y que abandonaron el proceso sin acudir a las citas en la Corte. Para ellos no había opción y fueron deportados a los pocos días.
El resto del grupo fue asesorado gracias a que los contactos que Gerardo tenía con personas y abogados que habían sido sus clientes en Nueva York. Ellos les ayudaron a contactar a una abogada en Pensilvania que tomara su caso.
Lo que siguió después, como la abogada les indicó, fue conseguir la mayor cantidad de evidencia que demostrara que, aunque no tuvieran un estatus migratorio regular, eran personas de provecho para los Estados Unidos: antecedente de trabajos, cartas de buena conducta de familiares o vecinos, pagos de impuestos en reglas, un trabajo regular, acciones comunitarias, etcétera.
Es un proceso largo. Gerardo recuerda que al menos otra persona de su grupo no aguanto más las condiciones de reclusión y pidió su deportación voluntaria a su país. Él, en cambio, prefirió mantenerse activo trabajando en la biblioteca del centro, leyendo sobre leyes y sus derechos, ayudando en clases de inglés, entre otras actividades.
Trataba de mantener la mente entretenida y, a su vez, invertir el tiempo en ayudarse a sí mismo y a su caso. Porque todo eso, al final, también cuenta para la fianza que fijara el juez.
Los buenos antecedentes le permitieron a Gerardo que se le fijara una fianza relativamente baja, de 2 mil 500 dólares. Pero luego está el reto no sólo de conseguir el dinero sino de quien lo aporte, pues debe ser un ciudadano estadunidense o residente legal que viva.
“No es tan sencillo, hay personas que no lo quieren hacer porque temen que vayan a tener alguna represalia o algo. Nada de eso es cierto, pero no es sencillo que alguien de la cara por ti. Yo fui afortunado porque una señora para la que había hecho varios trabajos me ayudó desde el principio. Ella fue mi aval incondicional en esto”, dijo el mexicano.
Exactamente noventa días después de haber sido detenido en la carretera interestatal, Gerardo logró recuperar su libertad, al igual que otros de su grupo. Sin embargo, hubo al menos otros dos migrantes que no lograron reunir el dinero.
A uno ya le perdió la pista, pero el otro fue cambiado de cárcel cuando estaba a punto de recobrar su libertad; se quedó sin el apoyo legal con el que contaba y a la postre fue deportado. El cambio repentino de estaciones migratorias para complicar la asesoría de abogados era otra de las estrategias del periodo de Trump.
Un largo desenlace
Salir de la cárcel migratoria le permitió a Gerardo Laureano poder trabajar nuevamente y recuperar tiempo y dinero. Pero el proceso sigue, porque lo que hay que resolver de fondo es el estatus migratorio de la persona y si puede o no continuar legalmente en los Estados Unidos.
Gerardo optó por llevar este proceso en las cortes de Nueva York y para ello, contó con el apoyo de una organización llamada Make the Road que ofrece la representación legal gratuita a personas que enfrentan un procedimiento migratorio de estas características. Dice que la asesoría de dichos litigantes fue vital de principio a fin.
“Los abogados tratan aquí de alargar los procesos porque mientras dicho proceso esté vigente uno está temporalmente de manera legal en el país y puede haber cambios legales que te beneficien.
“Yo tenía un numero llamado alien number que me blindaba por si era detenido o algo, podía decir que estaba en proceso mi situación migratoria y así ya no te pueden hacer nada. Pero este registro es sólo mientras estás con este procedimiento en la Corte”, refiere Gerardo.
Aunque el guerrerense no calificaba para algún tipo de asilo u otra solución, en marzo de 2024 sus abogados se acercaron para hablarle de una especie de “perdón” que la administración del presidente Biden ofrecía.
Aunque esto no significa una legalización de la estadía, sí representó un carpetazo al procedimiento en donde no quedó registro o antecedente del proceso.
Para Gerardo fue una solución adecuada para volver al estatus en el que se encontraba antes de ser detenido. Si bien perdió el “blindaje” de estar en un procedimiento en trámite, al mexicano le permite seguir trabajando en su empresa y construyendo lo que comenzó desde el 2000, cuando a la edad de 24 años cruzó la frontera sur a este país.
Lo que viene: prepararse y el bajo perfil
Desde que resultó victorioso en la elección de noviembre, Trump ha prometido que llevará a cabo un programa de deportación masiva de migrantes. Hasta ahora, más allá de adelantar una potencial declaratoria de emergencia nacional, no se han adelantado detalles de que tipo de programas se implementarían distintos a los del pasado.
Pero el silencio o falta de reacción que han mostrado algunos gobernadores de estados o ciudades consideradas como santuario por su protección a migrantes ha generado preocupaciones.
Esta semana hubo una marcha en Sacramento, capital de California, para exigir al gobernador Gavin Newsom y el Congreso local acciones concretas que blinden a los casi dos millones de inmigrantes indocumentados que se estiman viven en la entidad de cara al nuevo periodo de Trump.
En Nueva York desde hace varias semanas el alcalde de la ciudad —quien enfrenta procesos penales por cargos de corrupción— ha elevado el tono de sus señalamientos en contra de la inmigración irregular, y ha reclamado la falta de recursos para atender a más de 60 mil personas que, se estima, se encuentran en la ciudad en espera de asilo.
El martes Adams dijo que está dispuesto a sentarse con el “zar de la frontera” designado por Trump, Tom Homan, para escuchar las ideas que busquen implementar relacionadas con la deportación de aquellos que sean una “amenaza” para los ciudadanos, refiriéndose a inmigrantes vinculados con delitos. Homan ya respondió que está dispuesto a dialogar y llegar a acuerdos con el alcalde.
Para Gerardo y todos los migrantes indocumentados es una alerta roja porque, como él ya lo ha explicado y vivido en persona, bajo el argumento de ir por ciertas personas con antecedentes criminales se implementan estos operativos donde no capturan sólo a uno sino a muchos en conjunto.
¿Qué hacer? Para el guerrerense está claro que no hay otra salida que seguir trabajando de forma honesta y mantener una conducta ejemplar todo el tiempo. Evitar no sólo cometer delitos, sino cualquier tipo de infracción, el manejar en exceso de velocidad, una pelea en un bar, cualquier altercado que de pie a que la policía intervenga.
Y recomienda que cada uno conozca a fondo sus derechos, que se informen, que invoquen la “Quinta Enmienda” que protege a las personas de no dar ningún antecedente a policías. Y también conocer, por ejemplo, que si eres una persona detenida con menos de un año de haber ingresado a Estados Unidos, puedes iniciar un proceso de asilo que frene el ser retornado de inmediato.
“En lo posible hay que evitar también las ciudades con menos derechos. Con todo, es mejor preferir las ciudades santuarios. Ser precavidos. Un perfil bajo.
“Y siempre estar preparado, siempre, por si algo pasa. Tener ahorros y tener tus papeles en forma. Todo lo que pruebe que eres una persona que trabaja y vive honestamente en este país. Hay que cuidarse, y hay que estar listos”, concluye Gerardo.
