Úrsula Roldán es directora del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar y miembro de la Red Jesuita con Migrantes.
En esta conversación, parte de La promesa, la última investigación de Ocote en la que abordamos en profundidad el tema de la migración que atraviesa Centroamérica, Roldán analiza y reflexiona sobre los avances, retrocesos y desafíos que enfrenta Guatemala en materia de políticas migratorias.
Desde la legislación hasta los derechos humanos y laborales de los migrantes, su visión crítica revela el complejo entramado de intereses y oportunidades que rodea el fenómeno migratorio en la región.
¿Cuáles son, a su criterio, los avances y retrocesos en materia de migración en Guatemala?
Guatemala es uno de los pocos países de Centroamérica que tiene una política pública construida desde la sociedad civil. Una política y una legislación específica.
Primero me voy a referir a la legislación, que es el código migratorio que tiene vigencia y que es la ley que rige actualmente las políticas nacionales. Y además una política integral de atención a población migrante y por lo tanto también una institucionalidad que está tanto dentro de la legislación como dentro de la política que puede contribuir a la protección de los derechos integrales de la población migrante. Uno de estos es el Instituto Guatemalteco de Migración, el otro es CONAMIGUA, que es Consejo Nacional de Migrantes y familiares de migrantes.
Por supuesto, la institucionalidad pública del Estado, que está incluida dentro de la política integral, y esto pues nos da un marco regulatorio y de política pública para poder actuar en favor de la población. Estos son lo que yo veo como avances.
Hay un grupo llamado «grupo articulador». Estamos las universidades, hay centros académicos que están colaborando en estos procesos. Y siempre el tema de ayuda humanitaria por parte de las iglesias, especialmente la pastoral de movilidad humana y el servicio Jesuita a migrantes o la red de jesuita con migrantes.
Hay una sociedad civil muy activa y muy articulada en poder hacer este tipo de propuestas y también de favorecer el apoyo humanitario. También tenemos las organizaciones que atienden a la población migrante de niñez y adolescencia, como es el Refugio de la niñez, Casa Alianza, que trabaja con niñas especialmente que son producto de trata de personas.
¿Cuáles serían los retrocesos, o los desafíos?
Las políticas antiinmigratorias. A todos los que están yéndose, como único destino casi a Estados Unidos, siempre les afecta que estas políticas puedan ir en contra de los derechos: el derecho a migrar y el derecho a no migrar.
Las deportaciones que tenemos, también. Hay mucho control migratorio en las fronteras que a veces daña de alguna manera el intercambio fronterizo.
También hay una red de traficantes de migrantes que es muy amplia. Ponen en riesgo la vida de las personas; existen secuestros y como sabemos incluso masacres en el tránsito por México y personas desaparecidas.
En el caso de Guatemala, que esperemos que con el nuevo gobierno se corrija, el abuso de la Policía Nacional Civil, extorsionando a los migrantes. Y no sólo ellos, sino la sociedad que se beneficia del transporte, del hospedaje, de la alimentación…
Estados Unidos tiene un diálogo con Guatemala y con los otros países. En algunos se ha logrado, en otros no tanto, para buscar formas seguras de migrar. Esto significa regularizar a través de visas de trabajo, a través de reunificación familiar, o “parole”, que es lo que se dio especialmente para el caso de Venezuela, Haití, Cuba, Nicaragua.
¿Cómo analiza estos contratos temporales para migrantes, que promueven los gobiernos trabajar en Canadá y Estados Unidos?
Úrsula Roldán Andrades: Creo que hay que diferenciar la experiencia de Canadá con la de Estados Unidos.
La de Canadá tiene una cierta historia en este país. Lamentablemente, hay un antecedente nefasto, que ha sido la explotación de los trabajadores y una cierta esclavitud del siglo XXI, que lo han denunciado las asociaciones de trabajadores que se han organizado de la zona de Chimaltenango, por ejemplo, que han migrado por los contratos de trabajo hacia Canadá.
Con Estados débiles como el nuestro, que no fiscaliza los derechos de los trabajadores, creo que Canadá sí nos falta, a lo que ellos dicen que son un país democrático que también busca fortalecer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de su población. No hay una fiscalización a sus empleadores para que estos contratos de trabajo se dieran en condiciones de legalidad y de dignidad.
En el caso de Estados Unidos, no quiero decir que están exentos de lo que he dicho anteriormente, pero todavía no hemos escuchado denuncias fuertes sobre este tipo de contratación.
Más bien entiendo que el gobierno de Estados Unidos está queriendo fortalecer los sistemas de fiscalización y de contratación a través del Ministerio de Trabajo, pero también hay una coordinación entre organizaciones de sociedad civil, asociaciones de personas de localidades, que lo que quieren es aprovechar la apertura que pueda existir para aumentar las visas de trabajo y que haya una contratación ética.
Pero creo que podría ser un proceso de negociación con Estados Unidos, sobre todo si se fortalece este gobierno democrático en Guatemala. Si se fortalece un gobierno democrático en México, creo que se podrían aumentar las visas y creo que sería una alternativa de corto plazo.
Uno de ellos es que existan empleadores que se comprometan a este proceso de reclutamiento, donde estén un tiempo trabajando allá y que las personas migrantes se comprometan al retorno, que a veces por las condiciones laborales que se dan en aquel país, se escapan.
¿Qué hace falta por parte del Ministerio de Trabajo para garantizar este intercambio de trabajo y hacer valer los derechos de los trabajadores fuera de Guatemala?
El Ministerio de Trabajo en Guatemala tiene que fortalecerse muchísimo.
Primero, para garantizar derechos en Guatemala. Pero en estos programas de reclutamiento donde ellos también están siendo parte de ese reclutamiento creo que tienen que tener equipos muy efectivos.
Entiendo que la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos está fortaleciendo este proceso de reclutamiento en el Ministerio de Trabajo y este proceso con las reclutadoras que tienen este compromiso ético.
Hay que tener vínculos con los sindicatos de trabajadores en Estados Unidos, con las comunidades de migrantes en Estados Unidos, porque tendría que haber una doble vigilancia. Por un lado los ministerios, en cada uno de los países de origen y destino o las instituciones a cargo de velar por los derechos laborales. Y por otro lado la sociedad civil organizada y los movimientos de trabajadores del origen y del destino, o comunidades en nuestro caso, porque aquí no es muy común lo de los sindicatos.
Pero sí, cada vez más las cooperativas y las comunidades de pueblos indígenas, por ejemplo, que tienen un tejido social muy fuerte y que a quienes la migración de alguna manera les ha beneficiado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores es clave para todas las denuncias que tenga la población migrante en Estados Unidos. Es el único ministerio que tiene personería jurídica del Estado guatemalteco para poder intervenir en el exterior.
Entonces, aquí los consulados son muy importantes. Sabemos que en el caso de Guatemala no son suficientes para los que existen en Estados Unidos y México.
Es muy importante que la población guatemalteca en el exterior tenga confianza en su institucionalidad y que le responda a las diferentes demandas. De ahí, las comunidades migrantes, las asociaciones de migrantes son muy importantes para poder hacer ese vínculo.
Pero creo que no conocemos del todo las raíces que existen en Estados Unidos de comunidades migrantes por lo amplio del territorio y porque, como digo, nuestra institucionalidad no es lo suficientemente robusta como para poder articular esas demandas.
¿Cómo calificarías la atención de los últimos gobiernos a este tema?
Mira, las dos administraciones anteriores, la verdad es que las calificarías sumamente mal. Recordemos que utilizaron los derechos de los migrantes como una letra de cambio para beneficiarse de la impunidad del gobierno de Estados Unidos. Especialmente con el gobierno del presidente Donald Trump en el 2017 hasta el 2020, hasta que llegó el gobierno de Biden.
Creo que utilizaron también los recursos de manera ilícita. Claro que no lo podemos demostrar porque no tenemos un Ministerio Público, pero hubo denuncias de corrupción en los consulados, en Conamigua mismo, de que no había suficiente atención.
A pesar de ello, la sociedad civil siguió haciendo su esfuerzo en coordinación con la comunidad internacional, con OIM y ACNUR. Creo que en eso se avanzó algo en temas de protección.
Con el gobierno actual, la gran ventaja es que por lo menos se ha colocado en la dirección del Instituto Guatemalteco de Migración a alguien (Alfredo Danilo Rivera) que viene de sociedad civil, que conoce tanto el código migratorio como la política de migración integral. Y lo otro es ese diálogo abierto que tiene el Gobierno de Guatemala con Estados Unidos.
Todos sabemos que el Gobierno no ha tenido una luna de miel en el Estado guatemalteco. Ha estado muy a la defensa de otros procesos. Yo esperaría que el año que viene, donde también tenemos un gobierno nuevo en México, exista un diálogo para sentar ciertas bases de negociación México, Guatemala y Estados Unidos en la migración.
[Esta entrevista se realizó antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que ganó el candidato republicano Donald Trump. Tras los comicios, se volvió a consultar a Roldán sobre el nuevo escenario político y sus consecuencias para la región]
¿Cómo cambia la victoria de Trump el panorama para los migrantes y para el gobierno de Guatemala?
Hay una clara amenaza de que se van a realizar deportaciones masivas. Hay una narrativa de odio contra los migrantes, de estigmatización, especialmente a los migrantes centroamericanos, mexicanos y latinoamericanos en general. Eso está generando mucho temor.
Trump, lamentablemente, tiene mucha más fuerza que en 2017, puesto que controla ambas cámaras. Controla también organismos de Estado, como los organismos de justicia, de seguridad y eso pone en sumo riesgo lo que va a ser la vigilancia fronteriza, especialmente en la frontera sur de ellos y norte de México.
Los gobiernos (de México y Guatemala) también están temerosos, puesto que cada uno guarda otros intereses de mantener cierta estabilidad o gobernabilidad. A México le va a interesar sobre todo mantener esa relación política y económica con Estados Unidos y Centroamérica, especialmente Guatemala, que no se pierda el respaldo a este gobierno para fortalecer la democracia. A cambio de eso, creo que van a tener que hacer políticas de deportación y contención migratoria.
¿Cómo afecta la migración de retorno a las personas que en su momento decidieron salir de Guatemala? ?
El retorno creo que es algo que no hemos dejado de vivir con cualquier gobierno norteamericano. Las cifras van entre 100 mil a 105 mil personas (al año).
Tiene un impacto fuerte en las personas que han adquirido deudas en el viaje, que estamos hablando de 10 mil a 15 mil dólares por un viaje a Estados Unidos. Incluso algunos gastan hasta 20 mil que tienen que pagar con su trabajo y además enviar remesas para el sustento diario de sus familias.
Entonces a alguien que tú deportes y que además se quede con deudas creo que eso todavía no hemos medido las implicaciones que tiene para la familia que decidió que la persona migrara.
También para el que tiene un proyecto de vida ya existente en Estados Unidos. Sabemos de personas de 10, 15 años que que fueron retornadas y que entonces ya no tienen ninguna posibilidad de insertarse en Guatemala porque su familia y porque su vida está establecida en aquel país.
Hemos escuchado testimonios muy duros, porque se quedan en el limbo, sin poder retornar a Estados Unidos y tampoco van a traer a su familia porque tienen un mejor futuro en Estados Unidos.
Desde cualquier punto de vista, el retorno forzado o la deportación no es beneficioso para nadie.
Ahora con el retorno voluntario, que existe, porque las personas quieren insertarse de nuevo en el país, ahí volvemos al punto original. Si los territorios no tienen mejoras con toda esta migración que ha existido en el último tiempo y las personas logran insertarse en el mercado laboral o en iniciativas productivas económicas, pues vuelven a quedarse en la condición original.
Quizás no tan original, porque sí vemos cambios en el occidente del país. Uno de ellos es la infraestructura. Vemos que hay viviendas bastantes lujosas, diría yo, porque son muy semejantes a las viviendas que se construyen en Estados Unidos.
También negocios. Hay muchos negocios de comercio en el occidente y también hay inversión en la educación de los hijos. Lo que sí es que los jóvenes están pensando en migrar. No están pensando en quedarse por lo mismo, por el tema del mercado laboral.
Entonces, al final es un círculo vicioso. Si no existen políticas públicas fuertes en esos territorios para poder insertar a las personas económica y socialmente y no dejar que nuestra juventud termine yéndose… Ese es nuestro principal bono demográfico. Lo debiéramos de estar aprovechando para el bienestar de este país.
¿Cómo considera que se debería de atender desde el Estado, desde organizaciones de sociedad civil o desde la comunidad internacional a las personas que retornan de manera no voluntaria?
Yo creo que hay programas en este momento de sociedad civil nacional e internacional que intentan hacer certificaciones sobre las nuevas capacidades que han adquirido en la migración y con esa certificaciones poder conectar con empresas privadas en Guatemala.
Sin embargo, los números son muy pocos en comparación a las cantidades de personas que salen anualmente de Guatemala buscando trabajo.
Entonces, creo que el mayor esfuerzo es en inversiones territoriales que beneficien a ese territorio. Por ejemplo, un esfuerzo significativo en turismo, pero un turismo inclusivo de las comunidades, de los jóvenes, una inversión en educación, porque está comprobado que en otros países si no existe una política fuerte en educación especialmente básica, de diversificado y universitaria para poder insertarse a nuevos procesos productivos y sociales, los países no salimos adelante.
Turismo, también la agricultura, aunque hay que hacer cambios estructurales de país, la transformación de productos, la tecnificación de ciertas artesanías u otro tipo de productos que tengan las comunidades…
La inversión de los bancos, no para extraer ganancias solamente, sino para poder generar nuevos circuitos económicos es fundamental. Y ahí es donde precisamente se podría hablar de una planeación estratégica territorial en estos territorios de donde están saliendo las personas mayoritariamente, que son los departamentos del occidente, pero también la capital.
Yo creo que en eso estamos. En ver qué políticas públicas son esenciales, por ejemplo, la de salud es fundamental porque la gente se endeuda si cae un familiar enfermo y tienen que cubrir esa enfermedad en hospitales públicos porque ya se paga la medicina y ciertas atenciones especializadas y no digamos la salud privada que una familia puede endeudarse por años si hay que llevar a las personas a hospitales privados.
¿Hay algún mecanismo de recepción integral para las personas que regresan a Guatemala tras una deportación?
Vale la pena ponerle mucha atención, porque es muy pírrico. Se les da información en el aeropuerto, se les da una llamada telefónica, se les da un paquete de comida y bueno, hay una asociación, que no es la Asociación Guatemalteca de Retornados, que ellos sí tienen ese esfuerzo un poco mayor de lo que mencionaba anteriormente, de vincularlos a ciertas iniciativas privadas para insertarse en el mercado.
Pero en el aeropuerto la gran mayoría llegan en ese nivel. Una pequeña bolsa con alimentos, información, posibilidad de hacer llamadas, posibilidad de transporte hasta ciertas cabeceras y ahí acaba el apoyo.
Entonces, lo que se puede hacer es, fuera de ahí, que es a través de OIM, ACNUR, que están en los territorios y algunas instituciones privadas como Avina, como otras que se mencionan que están haciendo esos procesos de certificación y de intentos de inserción laboral.
¿Debe haber entonces un esfuerzo mayor por parte del Estado?
Yo creo que tienen la base de datos que sí publica en sus estadísticas el Instituto Guatemalteco de Migración, de dónde están saliendo, de dónde están, de qué territorios están retornando y entonces sí pudieran tener una base de datos para generar con ellos procesos, al menos de capacitación.
Por ejemplo, utilizar INTECAP, que es una institucionalidad importante en los territorios y que los jóvenes están buscando mucho cómo tener otras capacidades, además de la educación formal.
Y creo que con esa base de datos pudieran hacer procesos de asociación, de innovación en las capacidades que traen y de capitales semilla para que puedan iniciar una actividad. Eso sí se hace desde el Estado. Por supuesto, se necesitan recursos. Y articulación del Estado y sociedad civil nacional e internacional.
En cuanto a la desaparición de personas durante la ruta migratoria, ¿tenemos datos sobre este problema?
La verdad es que no. Porque ¿quién denuncia el asunto? La Red Jesuita con Migrantes tiene algunos vínculos con parroquias en los territorios y con asociaciones.
Por ejemplo, la Asociación de desarrollo integral para el Ixcán, que tiene incluso un pequeño albergue para los migrantes en tránsito. Ellos hacen un proceso de búsqueda porque sus familiares están en el Ixcán y denuncian que están desaparecidos. Llevan un expediente de estas personas.
También la red jesuita que funciona a nivel de la región tiene un sistema de apoyo para este tipo de casos. Hay oficina en la Ciudad de México, en Tapachula y también articulaciones con sociedad civil. Ahí se tiene un registro en cooperación con las casas de migrante en México y estas ayudan a la búsqueda.
Incluso en Estados Unidos también, que son las comunidades de fe.
Pero así cifras unificadas no se tienen. O sea se tienen casos, cantidad de casos que llegan a través de sus familiares a este tipo de oficinas, pero no es la cifra real de quienes están desapareciendo porque siempre queda la duda o siempre queda la esperanza de que los familiares tarde o temprano retornen y algunos van perdiendo esa esperanza conforme pasan los años.
¿Cree que los gobiernos de la región podrían prestarle más atención a esto para lograr unificar la política de atención a las personas que van en ruta?
Sí. México en un momento tuvo las procuradurías de poder actuar en coordinación jurídica en el territorio guatemalteco, el Ministerio Público y el homólogo en México.
Sin embargo, eso se perdió en este último gobierno. La política antimigratoria fue más fuerte, pero yo creo que sí hay posibilidades de restablecer sistemas de información en articulación con la sociedad civil.
México tiene un mecanismo incluso de consulta de sociedad civil, pero todo esto tiene que funcionar sin la presión de la política antiinmigratoria. Porque si es eso lo que prevalece, entonces los gobiernos por el temor a las sanciones de Estados Unidos pierden su propia autonomía en este tema.
Yo creo que hay que restablecer las relaciones transfronterizas, especialmente Guatemala-México. Es una región muy importante que en lugar de volverse un muro debería volverse una zona de bienestar para las poblaciones, con plena conciencia desde el gobierno de México.
Porque sus estados del sur están siendo dominados por el narcotráfico, y en el caso de Guatemala hay narcotráfico. No tan fuerte como en el caso de México, pero sí condiciones de pobreza igual que Chiapas, aunque Chiapas por lo menos tiene institucionalidad en salud y en educación.
Pero en el caso de Guatemala, fortalecer sus instituciones y generar procesos de intercambio comercial, social, cultural y creo que eso ayudaría.
Y también a México y a Guatemala les interesa tener una buena relación con Estados Unidos. Creo que pueden dar planes distintos a la fortificación de fronteras nada más, y eso es la inversión para estas regiones. La del occidente nuestra y la del sur de México.
Tenemos una zona riquísima en recursos naturales, tenemos una zona riquísima cultural por los pueblos indígenas y por supuesto las posibilidades de turismo. Pero un turismo inclusivo y sostenible, que no sea saqueador de los recursos de las comunidades.
Y yo, ¿qué puedo hacer?
Para Úrsula Roldán, fortalecer las comunidades de origen y proteger los derechos de las personas migrantes es clave para romper el ciclo de desigualdad y desplazamiento.
Organizaciones como la Pastoral de Movilidad Humana, la Red Jesuita con Migrantes o Casa Alianza lideran esfuerzos importantes.
¿Cómo puedes ayudar? Apoya a estas organizaciones en su misión de proteger a los migrantes y a sus familias.
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