Por Courtney Kube – NBC News
Dos senadores demócratas han instado al Gobierno de Joe Biden a emitir una política que podría limitar temporalmente la capacidad del presidente electo, Donald Trump, para usar al ejército dentro de Estados Unidos cuando tome posesión.
Los senadores Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts; y Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, ambos miembros del Comité de las Fuerzas Armadas, enviaron una carta con fecha del 26 de noviembre a Biden y al secretario de Defensa, Lloyd Austin.
En la carta, instaron al Gobierno demócrata a emitir una directriz que garantice que las tropas estadounidenses sólo puedan desplegarse cuando las autoridades locales o estatales soliciten ayuda federal, o no puedan o se nieguen a proteger a la población.
“Le escribimos para urgirle a que emita una política que prohíba la movilización de militares en servicio activo o la federalización de personal de la Guardia Nacional para ser desplegados contra sus conciudadanos estadounidenses, a menos que esté específicamente autorizado”, escribieron los senadores.
Cuando tome posesión el 20 de enero, Trump podría emitir su propia orden y revocar una emitida por Biden. Warren y Blumenthal, cuyos despachos dijeron que la carta habla por sí sola, esperan que destacar públicamente la cuestión pueda disuadir al republicano de usar el ejército.
Durante su primer mandato, Trump contempló recurrir a la Ley de Insurrección para responder a las protestas por el movimiento Black Lives Matter. Y algunos de sus aliados le instaron a considerar invocar la ley marcial tras ser derrotado en las elecciones de 2020.
Recientemente, el presidente electo ha sugerido que utilizaría al ejército para ayudar a deportar a los inmigrantes que no tienen un estatus legal permanente. También ha dicho que traería tropas del extranjero y las apostaría en la frontera sur. Y en repetidas ocasiones ha hablado de usar las fuerzas armadas para perseguir “al enemigo interno”.
En una entrevista con la cadena Fox News antes de las elecciones, afirmó: “Creo que el mayor problema es la gente de adentro. Tenemos gente muy mala. Tenemos gente enferma, lunáticos de la izquierda radical. Y creo que son —y debería ser muy fácilmente manejado por— si hace falta, por la Guardia Nacional o, si realmente es necesario, por los militares, porque no pueden dejar que eso suceda”.
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Las tropas federales tienen prohibido participar en la aplicación de la ley nacional, según la Ley Posse Comitatus, una norma de 1878 que disuade al presidente de utilizar el ejército para ese fin, a menos que esté expresamente autorizado por la Constitución o por el Congreso.
La Ley de Insurrección, que es una amalgama de varias normas aprobadas por el Congreso entre 1792 y 1871, establece una excepción. Permite al presidente desplegar tropas militares en casos de insurrección, rebelión o disturbios civiles extremos.
En su carta, Warren y Blumenthal piden al Gobierno de Biden que emita una orden antes de que abandone el cargo, para obligar a las autoridades estatales o locales a pedir ayuda antes de desplegar fuerzas militares federales.
“Le instamos a que emita una directriz que deje claro que la estrecha aplicación de la Ley de Insurrección debe limitarse a los casos en que las autoridades estatales o locales estén tan abrumadas y que el jefe ejecutivo del estado solicite asistencia”, escribieron, “o que los ataques contra el Gobierno de Estados Unidos sobrepasen las capacidades de las autoridades estatales o locales”.
Grupos de derechos civiles han advertido de que Trump podría hacer un mal uso del ejército en un segundo mandato.
Joseph Nunn, consejero del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, advirtió que la Ley de Insurrección otorga al presidente una discreción y poder prácticamente ilimitados para usar a las tropas como fuerza policial y que esencialmente crea una laguna en la Ley Posse Comitatus.
“A menos que el Congreso actúe ahora para reformar esta peligrosa y anticuada ley, hay poco que se pueda hacer para detenerlo”, escribió Nunn el año pasado, citando temores de que el republicano abusara de sus poderes, si era reelecto.
Warren y Blumenthal también pidieron a la Casa Blanca que se asegure de que las futuras Administraciones acudan al Congreso antes de recurrir a los militares para hacer cumplir la ley nacional.
“Por último, le instamos a aclarar que el presidente debe consultar con el Congreso hasta donde sea factible antes de ejercer esta autoridad, así como para transmitir al Registro Federal las autoridades legales”, escribieron.
Advirtieron que la reciente decisión de la Corte Suprema que amplió la inmunidad presidencial para acciones tomadas durante el cargo hizo más urgente la necesidad de una política clara.
“En vista del desacuerdo entre los académicos sobre las graves implicaciones de la reciente decisión de la Corte Suprema, es razonable suponer que los miembros del ejército, el personal del Departamento de Defensa y la comunidad militar en general pueden no ser conscientes o no comprender plenamente sus derechos y responsabilidades”, detallaron Warren y Blumenthal.
“De no ser abordada”, agregaron, “cualquier ambigüedad sobre el uso legítimo de la fuerza militar, junto con la intención demostrada por el presidente electo Trump de utilizar a los militares de formas tan peligrosas y sin precedentes, puede resultar devastadora”.
