El gobierno laborista australiano impulsó ayer tres proyectos de ley a través del parlamento federal que contemplan redadas masivas, deportaciones generalizadas, incluyendo a países donde los inmigrantes enfrentan persecución, y otros ataques radicales contra los derechos democráticos de los sectores más vulnerables de la clase trabajadora.
Los proyectos de ley de inmigración se encontraban entre 31 piezas legislativas aprobadas apresuradamente por el Senado en el último día de sesiones del parlamento para el año. La frenética sesión legislativa, que incluyó la limitación e incluso la suspensión del debate, subrayó el carácter antidemocrático de todo el sistema parlamentario. Se aprobaron medidas de gran alcance sin siquiera el habitual pretexto superficial de escrutinio.
Ninguna de las medidas legislativas mejorará sustancialmente las condiciones de vida o sociales de la población. En su lugar, los principales proyectos de ley se centran en la represión, incluyendo una prohibición mundial sin precedentes para que menores de 16 años accedan a las redes sociales, lo que aumentará drásticamente la censura en internet. Otros permiten enormes subvenciones a la élite corporativa, incluidos los desarrolladores de propiedad responsables de la crisis de vivienda.
Incluso en ese contexto reaccionario, la legislación de inmigración se destaca. Durante años, los gobiernos australianos, tanto laboristas como liberal-nacionales, han establecido precedentes globales para la persecución de refugiados e inmigrantes, incluyendo la detención indefinida de solicitantes de asilo en sitios en el extranjero que equivalen a campos de concentración.
Ahora, un gobierno laborista va aun más allá, adoptando políticas de represión doméstica que en su esencia no son diferentes a las medidas asociadas con el presidente electo de los EE.UU., Donald Trump, y otras fuerzas fascistas en Europa e internacionalmente.
El principal proyecto de enmienda migratoria se describiría con más precisión como un proyecto de ley de deportación masiva. Funcionarios de inmigración han admitido que más de 80.000 personas podrían ser expulsadas del país bajo esta legislación. Eso incluye a más de 75.000 que supuestamente no tienen una visa válida, así como aquellos con diversos tipos de visas de puente.
El mecanismo para la deportación masiva es completamente ilegal. El gobierno pagará a países terceros no identificados para que se hagan cargo de los inmigrantes expulsados en una política que equivale a la trata humana estatal. Esos países no necesitan ser signatarios de la Convención Internacional sobre Refugiados, que estipula protecciones básicas para inmigrantes y solicitantes de asilo.
En la más clara indicación del intento homicida del programa, la legislación indemniza completamente al gobierno de cualquier consecuencia de las deportaciones. Eso es esencialmente una admisión de que las expulsiones resultarán en calamidades, incluyendo detención indefinida, lesiones e incluso la muerte.
El régimen de visas australiano es notoriamente draconiano y es bien conocido por ser discriminatorio, con ciudadanos de países empobrecidos y en desarrollo frecuentemente privados de la entrada. Aquellos que logran llegar, incluidos los refugiados, son a menudo colocados en visas temporales de puente, algunas de las cuales imponen restricciones onerosas al empleo y prohíben el acceso al bienestar social, a la atención médica pública y a otras necesidades. Este grupo enfrenta una completa incertidumbre respecto a su futuro.
Es totalmente posible violar los exigentes y burocráticos requisitos de visa sin culpa propia.
En EE.UU., Trump ha prometido deportar inmediatamente a millones de migrantes al asumir el cargo en enero. Ha dejado claro que esto implicará la movilización de fuerzas estatales represivas, incluyendo el ejército, en un programa que inevitablemente implicará ataques a las libertades civiles de amplias secciones de la clase trabajadora, independientemente de su estatus migratorio.
El plan de deportaciones masivas de los laboristas no será diferente. En un país de 25 millones de personas, los 80.000 inmigrantes que se dirigen directamente constituyen una proporción no insignificante de la población.
Australia, al igual que EE.UU., es además un país de inmigrantes. Se estima que 8,2 millones de residentes australianos, o casi un tercio de la población, nacieron en el extranjero. Al menos el 48 por ciento de la población tiene uno o más padres nacidos en el extranjero.
La escala de las deportaciones que se preparan, y la composición demográfica del país, sientan las bases para redadas generalizadas y demandas de tipo Gestapo para la prueba del estado migratorio. El carácter autoritario de la ley está subrayado por su expansión del poder ministerial, incluyendo efectivamente la anulación de los veredictos de los tribunales que brindan protección de asilo a no ciudadanos, allanando el camino para la imposición de condiciones onerosas, hasta la detención o la posible deportación.
El segundo proyecto de ley, que complementa al primero, obliga a los migrantes que son expulsados del país a “cooperar en los esfuerzos para asegurar su pronta y legal remoción”, o podrían ser encarcelados por hasta un año.
Nuevamente, subrayando la herencia fascista de la legislación, ese proyecto otorga al gobierno el poder de cancelar todas las nuevas solicitudes de visa de países designados que no acepten migrantes removidos de Australia. La inspiración clara para la medida, que sin duda apuntará tanto a países empobrecidos como a aquellos en el punto de mira del imperialismo estadounidense y aliado, es la prohibición de viajes implementada por la primera administración de Trump dirigida a naciones de mayoría musulmana.
El proyecto de ley final otorga al estado el poder de confiscar teléfonos móviles de refugiados e inmigrantes en detención. La legislación es prácticamente idéntica a los proyectos que el Laborista se opuso mientras estaban en la oposición. Su propósito transparente es prevenir que los detenidos vulnerables se comuniquen con el mundo exterior, incluyendo la denuncia de casos de abuso y persecución.
La nueva legislación es la culminación de una campaña intensificada durante el último año, vilipendiando a los refugiados e inmigrantes.
Eso ha incluido una campaña frenética contra un pequeño grupo de refugiados, que fueron liberados después de que el Tribunal Superior dictaminó el año pasado que su detención indefinida era ilegal. Los individuos, algunos de los cuales fueron previamente condenados por delitos y cumplieron sus penas, han sido objeto de una vilipendia imparable de parte de los medios, así como del gobierno, que se ha unido repetidamente con la Coalición Liberal-Nacional para imponer restricciones punitivas, incluido el uso forzado de tobilleras electrónicas.
Los líderes gubernamentales, incluido el ministro de Inmigración Tony Burke, han arremetido contra los “refugiados criminales”, declarando que “no los queremos aquí” en términos trumpianos. Al mismo tiempo, el laborismo y la Coalición han culpado a los inmigrantes por la creciente crisis social, incluida la inaccesibilidad de la vivienda sin precedentes, que de hecho ha sido producto de una burbuja especulativa que beneficia a los desarrolladores de propiedades y a los ultrarricos.
El papel del laborismo en el último ataque no es accidental. La xenofobia anti-inmigrante está en el ADN de este partido, que fue fundado explícitamente sobre la política racista de Australia Blanca que excluye a los migrantes no europeos del país. En las últimas décadas, el laborismo ha liderado ataques contra el asilo, incluida la introducción de la detención obligatoria para los refugiados que llegan a Australia “ilegalmente” en los años 1990, y la reapertura de campos de detención en el extranjero en 2012.
El programa del gobierno laborista australiano es sorprendentemente similar al del gobierno laborista británico. Ambos están ejecutando deportaciones y siendo chivos expiatorios de los migrantes mientras gobiernan para los ricos. Mientras la administración laborista británica está terminando con los subsidios de calefacción para los pensionistas en el invierno, el gobierno laborista australiano ha presidido la mayor reversión en las condiciones de vida de la clase trabajadora en décadas, con cifras recientes que muestran una disminución promedio del poder adquisitivo del nueve por ciento en los últimos tres años.
Ambos están participando en el genocidio israelí de EE.UU. a los palestinos en Gaza, la guerra proxy de la OTAN contra Rusia en Ucrania y los preparativos para una guerra catastrófica con China, incluyendo a través de su pacto AUKUS con EE.UU. que es un punto clave de los preparativos de guerra y de la militarización del Indo-Pacífico.
La adopción abierta de políticas de extrema derecha por los viejos partidos socialdemócratas, que hace décadas rompió cualquier conexión con la clase trabajadora y se han convertido en instrumentos puros del capital financiero, recuerda la caracterización de Lenin del imperialismo y todas sus agencias como “reacción por toda la línea”. En condiciones de un colapso del capitalismo global, los gobiernos imperialistas, cualquiera que sea su color político nominal, están prescindiendo de los adornos de la democracia, y recurriendo a un programa de autoritarismo, para reprimir la oposición social masiva y para imponer la política de guerra.
Eso subraya el hecho de que el verdadero y creciente peligro del fascismo no se puede luchar dentro del marco de la política capitalista oficial, o bajo el auspicio de sus representantes. En comentarios reveladores, los líderes de la cada vez más extrema derecha Coalición Liberal-Nacional australiana se han jactado de que ya están estableciendo la política de inmigración.
Como han insistido los Partidos Socialistas por la Igualdad, la lucha contra el peligro del fascismo requiere un movimiento político independiente de la clase trabajadora, basado en la perspectiva de acabar con el sistema capitalista que es la fuente de la creciente barbarie y comenzar la transformación socialista de la sociedad. En oposición al nacionalismo y la xenofobia de la élite gobernante, eso significa luchar por la unidad internacional de los trabajadores en todas partes.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de noviembre de 2024)
