Fuente de la imagen, Getty Images
- Autor, Redacción
- Título del autor, BBC News Mundo
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que expresen su apoyo a las sanciones internacionales impuestas al país sudamericano.
La denominada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de Venezuela también incluye medidas para procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
El Parlamento venezolano, controlado por el oficialismo, aprobó el instrumento legal por unanimidad en respuesta al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos en las últimas semanas.
“Ellos creen que nos castigan. Ante cada sanción, nosotros nos unimos más”, afirmó el presidente Nicolás Maduro este jueves respondiendo a las últimas medidas anunciadas por Washington.
La Ley Orgánica Simón Bolívar ha sido calificada por el diputado Diosdado Cabello, ministro de Interior y considerado como el número dos del gobierno, como “muy severa”.
Otra figura del chavismo, Roy Daza, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sugirió poco antes de su aprobación que había sido una decisión “complicada”, de acuerdo a los medios locales.
“Hay momentos en que los países deben tomar decisiones complicadas como la que vamos a tomar el día de hoy (…) Hay nerviosismo por lo que aquí se aprobará hoy”, afirmó.
La líder opositora María Corina Machado, que el pasado 22 de noviembre fue acusada de avalar las saciones e imputada por traición a la patria, también reaccionó a la noticia.
“Que nos acusen de traición a la patria cuando dejemos de creer que este país va a ser libre”, publicó en la red social X.
Más sanciones a funcionarios venezolanos
Este miércoles Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones a 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el papel de todos ellos en el presunto “fraude electoral” cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente “represión” de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
Esta última medida llega una semana después de que la administración de Joe Biden, que el próximo 20 de enero pasará el relevo al republicano Donald Trump, reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el “presidente electo” de Venezuela.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró tras los comicios del 28 de julio la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero el organismo no ha publicado las actas con los resultados desagregados de las elecciones.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país, presentó por su parte unas actas que dan la victoria a su candidato, González Urrutia, quien desde septiembre se encuentra exiliado en España denunciando una persecución de las autoridades venezolanas.
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