El pleno del Senado inició el debate de la reforma el artículo 19 de la Constitución Política (CPEUM), el cual amplía el catálogo de delitos en prisión preventiva oficiosa.
La reforma incluye delitos de extorsión y relacionados con sustancias químicas esenciales, así como el uso de comprobantes fiscales falsos.
- Extorsión
- Producción de drogas sintéticas como el fentanilo
- Distribución de precursores químicos
- Contrabando
- Uso de omprobantes fiscales falsos
La senadora por Morena, Andrea Chávez, exhibió un documento enviado por todos los gobernadores del país, incluidos de oposición y el ahora exmandatario yucateco y senador del PAN, Mauricio Vila, donde piden a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, mantener la prisión preventiva oficiosa.
En el marco del debate sobre la reforma al artículo 19 de la Constitución, a fin de ampliar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre otros, la extorsión, producción de drogas sintéticas como el fentanilo, distribución de precursores químicos, contrabando y comprobantes fiscales falsos, la senadora exhibió el documento ante el pleno.
En tribuna, Andrea Chávez Treviño, enumeró a los entonces gobernadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano que respaldaron esta medida cautelar: Teresa Jiménez de Aguascalientes y María Eugenia Campos, de Chihuahua, ambas panistas o Manolo Jiménez de Coahuila; Esteban Villegas, de Durango, priístas; los emecistas Enrique Alfaro de Jalisco y Samuel García, de Nuevo León.
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Asimismo, el exgobernador Diego Shinue y el yucateco y ahora senador del PAN, Mauricio Vila, dijo señalando hacia la mesa directiva donde se encontraba el exmandatario.
El pasado 6 de mayo de este 2024 en una misiva firmada por los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), formularon un pronunciamiento en calidad de “Amicus Curiae” respecto de la resolución que deberá emitir el máximo tribunal del país sobre la prisión preventiva oficiosa.
En el documento las y los gobernadores advierten que es necesario mantener la supremacía constitucional respecto a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró inconvencional esa medida cautelar.
Ello con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto.
“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.
Señalaron que la figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.
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