Por Alicia Victoria Lozano — NBC News
La resistencia que prometieron los gobernadores de estados azules tras la victoria electoral de Donald Trump está empezando a tomar forma, a medida que líderes políticos, grupos de defensa y el segundo distrito escolar más grande del país lanzan esfuerzos para oponerse a las deportaciones masivas.
Las ciudades de Los Ángeles, Chicago y Philadelphia se han comprometido a proteger a las personas que viven en Estados Unidos sin estatus legal de las deportaciones masivas prometidas por Trump.
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se ha declarado un santuario para los inmigrantes, y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California presentó una demanda este mes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), exigiendo detalles sobre cómo la Administración entrante planea llevar a cabo las redadas.
Los funcionarios locales han admitido que sus ordenanzas y medidas no pueden detener las deportaciones, pero afirman que estas tácticas sí pueden obstaculizar los esfuerzos de expulsión y ralentizar la aplicación de la ley sobre su terreno.
“El miedo de la gente es increíble”, señaló Rue Landau, concejal de Philadelphia. “Se están preparando para lo peor, y depende de nosotros como líderes locales mostrar la fuerza de nuestras ciudades”.
El presidente electo ha dicho que no tiene “otra opción” que deportar a las personas que viven ilegalmente en el país, y dijo a NBC News recientemente que “no importa el costo” que acarren las deportaciones.
Un portavoz del equipo de transición de Trump no respondió a una solicitud de comentarios.
Quienes se oponen a las deportaciones masivas dicen que separarán a las familias y harán que las comunidades sean menos seguras, ya que los residentes indocumentados dejarán de denunciar delitos y de compartir información con la policía por miedo a ser deportados.
Los detractores también aseveran que es inhumano devolver a las personas a los países de los que huyeron por la violencia de pandillas, cárteles de la droga y la pobreza extrema.
“Las ciudades santuario no son sólo un marco legal”, declaró recientemente el concejal de Los Ángeles Curren D. Price Jr. “Representan un compromiso moral para defender la dignidad humana, proteger a las familias y garantizar que todo el mundo, independientemente de su condición de inmigrante, pueda vivir sin miedo”.
Los partidarios argumentan que la inmigración ilegal contribuye a la delincuencia, mantiene los salarios bajos y quita puestos de trabajo a ciudadanos estadounidenses.
El “zar fronterizo” de Trump, Tom Homan, quien fue subdirector de ICE durante el primer Gobierno del republicano, ha dicho que este ganó otro “mandato del pueblo estadounidense” para asegurar la frontera y tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.
Homan también ha advertido respecto a los intentos de frustrar la aplicación de la ley, diciéndole a Fox News que está dispuesto a encarcelar al alcalde de Denver, Mike Johnston, después de que este dijera que se arriesgaría a ser arrestado para resistirse al plan de Trump y animara a la gente a protestar en sus comunidades.
“No esperaremos a enero”, dijo Homan el martes mientras recorría la frontera en Eagle Pass, Texas, refiriéndose a cuando Trump asuma el cargo. “Ya estamos hablando. Ya estamos planificando. Vamos a poner en marcha un plan y asegurar esta nación a niveles jamás vistos”.
“Permítanme ser claro, va a haber una deportación masiva”, agregó.
La oficina de Johnston no respondió a una solicitud de comentarios.
Se espera que Trump firme hasta cinco órdenes ejecutivas sobre inmigración después de jurar el cargo el 20 de enero y está considerando retener subvenciones federales a los departamentos de policía que se nieguen a ayudar en las deportaciones.
Teump emprendió una estrategia similar durante su primer mandato, pero se enfrentó a importantes obstáculos legales y podría encontrarse con ellos de nuevo, aseveró Hiroshi Motomura, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de UCLA.
En 2018, la Administración Trump intentó retener las subvenciones federales a las ciudades que adoptaron políticas de santuario. Varias de esas localidades demandaron al Departamento de Justicia y ganaron sus desafíos en un tribunal federal.
“Los casos dejaron claro que hay límites en el poder del Gobierno federal para dar órdenes a las autoridades estatales y locales”, dijo Motomura.
Poco después de las elecciones del 5 de noviembre, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró que el estado se pondría a “prueba de Trump” frente a la Administración entrante, convocando una sesión legislativa especial centrada en salvaguardar las políticas progresistas. Esas sesiones comienzan en diciembre.
Una semana después de su anuncio, la ciudad de Los Ángeles aprobó una ley que prohíbe utilizar sus recursos, incluidos los empleados municipales y el departamento de policía, para llevar a cabo la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Se calcula que 951,000 de los 10 millones de residentes del condado de Los Ángeles viven en Estados Unidos sin autorización, según el Instituto de Política Migratoria, un grupo de reflexión no partidista.
Este mes, el distrito escolar de Los Ángeles se declaró santuario para los inmigrantes y la comunidad LGBTQ+, adoptando resoluciones que reafirman a las escuelas como refugios seguros frente a la aplicación de las leyes de inmigración y que impiden a los empleados compartir voluntariamente la situación migratoria de los estudiantes y sus familias con los agentes federales.
De los 400,000 alumnos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, se cree que unos 30,000 están en el país sin documentación legal, según el sindicato United Teachers Los Angeles.
En Boston, la alcaldesa Michelle Wu declaró a la cadena WCVB que protegerá a los inmigrantes sin estatus legal de “todas las formas posibles”. Del mismo modo, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, le dijo en MSNBC que utilizaría “todas las herramientas disponibles” para “proteger a nuestros residentes” y “mantener la línea de la democracia y el Estado de Derecho”.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, agregó que la ciudad “no se doblegará” ante las duras políticas de inmigración.
“Nuestros valores seguirán siendo fuertes y firmes”, declaró a los periodistas tras las elecciones. “Nos enfrentaremos a probables obstáculos en nuestro trabajo durante los próximos cuatro años, pero no nos detendrán y desde luego no retrocederemos”.
En Chicago, unos 257,000 residentes son indocumentados; en Boston, unos 173,000; y en Philadelphia, se calcula que 47,000.
Durante el primer mandato de Trump, su Administración deportó a cerca de 1.4 millones de personas. El presidente, Joe Biden, está en camino de deportar a cerca de 1.6 millones para cuando termine su mandato, según el Instituto de Política Migratoria. Durante el mandato del expresidente Barack Obama se deportó a unos 3 millones de personas.
Trump deportó a menos personas que ambos presidentes demócratas en parte porque las políticas de santuario adoptadas por ciudades y estados de tendencia izquierdista impidieron que las fuerzas del orden cooperaran con los agentes federales de inmigración, que a menudo necesitan datos e instalaciones locales para ejecutar arrestos y detenciones.
Naureen Shah, subdirectora de Asuntos Gubernamentales de la División de Igualdad de la ACLU, indicó que organizaciones como la suya aprendieron valiosas lecciones durante la primera Administración Trump y tienen la intención de frustrar a la nueva Casa Blanca en todo momento.
“Podemos frenarlos, impedirles actuar a la escala a la que quieren actuar”, añadió. “Podemos minar su moral y obstaculizar su impulso”.
