Brooke Masters, Myles McCormick y Stefania Palma
Nueva York y Washington /
Texas y otros 10 estados liderados por republicanos están demandando a BlackRock, State Street y Vanguard, y alegan que conspiraron para reducir los suministros de carbón para promover “una agenda ambiental destructiva y politizada”.
La demanda antimonopolio federal acusa a los tres gestores de fondos indexados más grandes de EU de usar sus participaciones en los productores de carbón para restringir los suministros y aumentar los precios en su búsqueda de objetivos de cero emisiones netas de carbono.
La demanda, que se presentó el miércoles, marca el último esfuerzo de los estados republicanos mientras intensifican su guerra contra lo que los conservadores llaman “capitalismo progre”.
“Texas no tolerará que de manera ilegal se utilice como arma la industria financiera al servicio de una agenda ambiental destructiva y politizada”, dijo el fiscal general del estado Ken Paxton.
“Su conspiración dañó la producción estadunidense de energía y perjudicó a los consumidores. Esto es una violación impresionante de la ley estatal y federal”.
BlackRock respondió a la demanda diciendo: “La sugerencia de que BlackRock invirtió dinero en empresas con el objetivo de dañarlas no tiene fundamento y desafía el sentido común. Esta demanda socava la reputación de Texas de estar a favor de las empresas y desalienta las inversiones en las compañías en las que confían los consumidores”.
Vanguard y State Street no respondieron de forma inmediata a las solicitudes de comentarios. Anteriormente argumentaron que sus posturas sobre cuestiones ambientales son parte de su obligación legal de maximizar los retornos a largo plazo.
La demanda es la última andanada en una batalla de tres años que llegó a los políticos republicanos a boicotear a BlackRock y otros gestores de dinero por ser supuestamente “hostiles” a los combustibles fósiles, y buscar imponer un escrutinio más estricto sobre sus tenencias y bancos y compañías de energía.
En la demanda se señala la participación de los gestores de activos en programas como Climate Action 100+ y la iniciativa Net Zero Asset Managers como evidencia de que “acordaron utilizar sus participaciones colectivas de compañías de carbón que cotizan en bolsa para inducir reducciones de producción en toda la industria”.
Vanguard abandonó NZAM en 2022 y nunca perteneció a Climate Action 100+. State Street y la filial estadunidense de BlackRock abandonaron Climate Action 100+ este año, citando preocupaciones legales de que la posición cada vez más firme de los grupos sobre el carbón entraba en conflicto con su deber fiduciario hacia los clientes.
Desde 2021, las tres compañías de inversión se han vuelto cada vez más escépticas ante las propuestas de los accionistas que buscan imponer restricciones ambientales a los ejecutivos de las empresas.
Los estados alegan que las participaciones de las empresas en los mayores productores de carbón de EU que cotizan en bolsa -incluida una participación combinada del 30 por ciento en Peabody Energy y una participación del 34 por ciento en Arch Resources- les otorgan “un poder para coaccionar a la administración que es casi irresistible”.
Las plantas de carbón suministraron alrededor del 13 por ciento de la electricidad de Texas el año pasado. Algunos estados más que se unieron a la demanda, entre ellos Missouri, Virginia Occidental y Wyoming, dependen en mayor medida del carbón para su suministro de electricidad.
En la demanda se dice que las empresas utilizaron sus participaciones para “facilitar un plan de reducción de la producción, algo que restringió artificialmente el suministro de carbón, redujo significativamente la competencia en los mercados del carbón, aumentó los precios de la energía para los consumidores estadunidenses y produjo utilidades a nivel de cártel”.
Para respaldar su caso, los estados también citaron un artículo de opinión de la presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), Lina Khan, en el que djio que “las leyes antimonopolio no nos permiten hacer de la vista gorda ante un acuerdo ilegal solo porque las partes se comprometan con algún beneficio social no relacionado”.
Aunque la demanda culpa a los gestores de dinero del aumento de los precios del carbón, la mayoría de los incrementos recientes se produjeron a principios de 2022 después de la invasión de Rusia a Ucrania. Desde entonces, los precios volvieron a caer drásticamente, aunque no hasta los mínimos de varios años que se alcanzaron a principios de 2020.
La demanda se produce en un momento en que una nueva generación de republicanos populistas intenta utilizar las leyes antimonopolio como un medio para promover cuestiones polémicas de la derecha, como las plataformas en línea que supuestamente censuran las voces conservadoras.
Consideran que las leyes antimonopolio son una herramienta más blanda para abordar cuestiones como la libertad de expresión en comparación con lo que se consideraría una regulación gubernamental más onerosa.
Texas, la segunda economía más grande de EU -y el principal productor de energía limpia, gas y petróleo del país- adoptó una línea particularmente dura en los últimos años en medio de una afluencia corporativa al estado, mostrando su poderío económico para atacar a las empresas por sus posturas políticas.
En marzo, un fondo estatal de Texas retiró 8 mil 500 millones de dólares de activos de BlackRock después de colocarlo en una lista negra por presunta discriminación contra las compañías de gas y petróleo. BlackRock dijo en ese momento que la medida “ponía la política a corto plazo por encima de las responsabilidades fiduciarias a largo plazo”.
Información adicional de Madison Darbyshire en Nueva York.
