Por La Opinión
El presidente electo Donald Trump planea terminar con la iniciativa del presidente Joe Biden de cancelar o aliviar la deuda estudiantil de decenas de millones de personas.
Los asesores de transición de Trump y sus aliados externos han estado discutiendo cómo terminar con las diversas iniciativas de la Administración Biden que ofrecían vías para el alivio o la condonación de préstamos estudiantiles a los prestatarios, según Politico, que citó a dos personas familiarizadas con las discusiones.
Trump ha nominado a Linda McMahon, exdirectora de la Administración de Pequeñas Empresas, para secretaria de Educación.
McMahon ha codirigido la transición presidencial y preside el America First Policy Institute (AFPI), un grupo externo que se ha estado preparando para un segundo mandato presidencial republicano.
El grupo ha criticado las políticas crediticias de alivio de deuda estudiantil de Biden como “ilegales, contraproducentes y profundamente injustas”.
El principal problema que enfrenta la nueva administración de Trump es que varias decisiones judiciales recientes ha dejado la cartera de préstamos estudiantiles de $1.6 billones de dólares del gobierno federal en desorden, con millones de prestatarios atrapados esperando a que se resuelvan los procesos judiciales que han suspendido o bloqueado el sistema de préstamos estudiantiles y los programas de Biden para aliviarlos.
Probablemente será más difícil abordar el programa emblemático de Biden para el pago de préstamos estudiantiles, conocido como plan SAVE.
El plan, que el presidente finalizó el año pasado, limita los pagos mensuales al 5% de los ingresos para los prestatarios de pregrado, ofrece subsidios de intereses más generosos y permite la condonación de préstamos en tan solo 10 años de pago para algunos prestatarios.
Aproximadamente 8 millones de prestatarios estaban inscritos cuando los jueces congelaron el plan a principios de este otoño.
Como resultado de las órdenes judiciales, el Departamento de Educación ha suspendido los pagos mensuales para quienes se benefician del programa. Pero revertir a esos prestatarios a planes de pago anteriores, menos generosos, presenta obstáculos tanto legales como operativos.
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