El impacto económico de las deportaciones de Trump podría ser de 'cientos de miles de millones de dólares' para California

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Las deportaciones masivas prometidas por el presidente electo Donald Trump podrían tener un efecto económico sísmico en California, potencialmente infligiendo miles de millones de dólares en daños directos a una amplia gama de industrias, incluidas las pequeñas empresas, la agricultura, la construcción y el cuidado infantil, dijeron defensores y académicos.

El impacto también podría extenderse a otros sectores, incluidos los impulsores del crecimiento como la tecnología.

El Estado Dorado depende en gran medida de la mano de obra de inmigrantes, ya sean ciudadanos estadounidenses naturalizados, tengan visas temporales o sean indocumentados. Más de 10 millones, o el 27%, de la población de California nació en el extranjero, según los datos más recientes del censo de Estados Unidos. Se cree que aproximadamente una quinta parte de ellos son indocumentados; en 2022, las estimaciones oscilaban entre 1.8 millones de inmigrantes indocumentados, según el Pew Research Center, y 2.4 millones, según el Instituto de Impuestos y Política Económica, de tendencia izquierdista. 

Si los inmigrantes indocumentados “desaparecieran mágicamente, se eliminaría el 10% de la producción de California”, dijo Giovanni Peri, profesor de economía internacional en la Universidad de California en Davis. “Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares”.

La pérdida de trabajadores es sólo una muestra parcial del impacto financiero de las deportaciones. Los inmigrantes indocumentados también impulsan la economía del estado como consumidores y contribuyentes. 

Las deportaciones también pueden tener efectos indirectos. La pérdida de trabajadores en la construcción, la agricultura (incluida la mundialmente famosa industria vinícola del estado), la hostelería y la economía asistencial tendría efectos dominó en el resto del estado, según Manuel Pastor, profesor de sociología y estudios estadounidenses y etnicidad en la Universidad del Sur de California. 

“Detrás de cada ingeniero de software hay un ejército de niñeras, trabajadores de servicios de comida y jardineros”, dijo Pastor. 

Pastor cree que es probable que las empresas protesten por los recortes significativos en sus plantillas, dada la rigidez del mercado laboral. “Han venido por la reducción de impuestos, no se quedaron para eliminar su fuerza laboral”, dijo, refiriéndose a los dueños de empresas que apoyaron a Trump.

En sus actos de campaña, Trump ha dicho que los inmigrantes están “atacando” los empleos de los estadounidenses negros y latinos. Los datos federales desmienten esa afirmación, ya que muestran que los trabajadores negros e hispanos nacidos en el extranjero y no ciudadanos realizan predominantemente tipos de trabajos diferentes a los de sus contrapartes nativas. 

Podría resultar costoso reemplazar a quienes son deportados. En la industria de la construcción, por ejemplo, las ganancias semanales medias de los trabajadores a tiempo completo nacidos en Estados Unidos en 2020 eran de 1.031 dólares frente a los 786 dólares de los trabajadores nacidos en el extranjero, según un análisis de la Oficina de Estadísticas Laborales. En California, el salario medio por hora en 2021 era de 30 dólares la hora para los trabajadores nacidos en Estados Unidos frente a los 24 dólares la hora de los trabajadores inmigrantes frente a los 16 dólares la hora de los trabajadores indocumentados, según el Portal de Datos de Inmigrantes de California, un proyecto del Instituto de Investigación de Equidad de la USC, que dirige Pastor.

Incluso si Trump no lleva a cabo plenamente su plan —o tarda mucho tiempo en hacerlo— la mera amenaza de deportaciones tendrá un impacto económico, dijo María Lemus, directora ejecutiva de Visión y Compromiso, una organización comunitaria nacional fundada en San Francisco que apoya a los fiscales, personas que sirven como enlaces entre las comunidades inmigrantes y los proveedores de servicios sociales y de salud.

“Probablemente habrá mucha gente que no vaya a trabajar por miedo a que la despidan”, dijo Lemus. “Los empleadores también sufrirán las repercusiones de esto”.

Si un segmento de la población se esconde, ganará menos y gastará menos, afirmó. Sus hijos, que probablemente sean ciudadanos estadounidenses, tal vez tampoco vayan a la escuela, agregó Lemus. 

Y los inmigrantes indocumentados no solo contribuyen con su trabajo, sino que también aportan una cantidad significativa a las arcas del gobierno. En 2022, pagaron 8,500 millones de dólares en impuestos locales y estatales en California, según un estudio nacional del Institute on Taxation and Economic Policy. Las deportaciones masivas provocarían la pérdida de impuestos sobre las ventas, la propiedad y la renta que pagan esos inmigrantes, incluso en programas a los que nunca han recurrido porque no pueden, como los beneficios del seguro de desempleo o, hasta hace poco, Medi-Cal.

Luego están los inmigrantes que tienen estatus legal y pueden estar en el estado por diferentes razones, como por ejemplo para trabajar temporalmente. Durante la campaña, Trump y el vicepresidente electo JD Vance mencionaron que también atacarían el programa de Estatus de Protección Temporal, que permite a los inmigrantes quedarse en este país y trabajar legalmente si se determina que sus países no son seguros.

La administración Trump también podría apuntar a diferentes visas que permiten a las personas nacidas en otros lugares venir a California a trabajar en los campos (la visa H-2A) o en la industria tecnológica (la visa H-1B). Durante su primer mandato, Trump flexibilizó las normas para la emisión de visas para trabajadores temporales, como los que trabajaban para empresas de su propiedad, y endureció las normas para las visas H-1B. 

Según los datos más recientes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, en septiembre Estados Unidos aprobó más de 46,000 visas H-1B para empleadores de California. Alrededor del 30% fueron para Google, Meta y Apple.

Preparándose para lo que podrían traer las deportaciones de Trump

Chris Iglesias, director ejecutivo de Unity Council, un desarrollador de viviendas asequibles sin fines de lucro que también brinda servicios sociales a miles de residentes del vecindario Fruitvale de Oakland, dijo que la gente allí está alarmada pero no en pánico. 

Iglesias dijo que hay “mucho trabajo de protección contra Trump” en organizaciones como la suya, que atienden a comunidades de bajos ingresos y marginadas que incluyen a inmigrantes indocumentados. 

Aunque la administración del presidente Joe Biden también ha deportado inmigrantes, la retórica antiinmigrante de Trump es diferente. Se ha referido a los inmigrantes como criminales, “gente ruda” e incluso animales. El presidente entrante ha dicho que utilizará al ejército estadounidense para llevar a cabo deportaciones.

“Construyó toda su campaña vilipendiando a los latinos y a los inmigrantes”, dijo Iglesias. “La gente se siente preparada. Saben que esto va a pasar”. Iglesias dijo que el mandato anterior de Trump, más la pandemia, fortalecieron los vínculos en la comunidad, que ha encontrado “diferentes formas de alimentar y albergar” a sus miembros. 

También se siente reconfortado por el hecho de que Oakland es una ciudad santuario y por las promesas que han hecho los funcionarios estatales, incluido el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta, de luchar contra la administración Trump. Newsom ha convocado una sesión especial para pedir a la Legislatura estatal que financie demandas contra la administración entrante. Bonta dijo a CalMatters en una entrevista reciente que su oficina está preparando desafíos legales para “un ataque frontal total contra nuestras comunidades inmigrantes”. 

En San Francisco, la organización de Lemus se ha unido a otros grupos comunitarios para prepararse para las deportaciones.

Están trabajando para difundir información sobre lo que la gente puede hacer para prepararse y para informarles de sus derechos legales. “No tienen por qué abrir sus puertas”, dijo. “Pueden negarse a dar su información”.

También dijo que el miedo también lo sienten otras personas que podrían ser confundidas con indocumentadas: “Soy una latina morena. ¿Qué pasa si voy caminando a algún lado y no tengo mi identificación? ¿Qué me pasaría?”

Lo que dicen (o no dicen) las empresas y la industria

Los representantes de empresas y trabajadores de algunas de las industrias que probablemente se verán más afectadas rechazaron las solicitudes de entrevista de CalMatters o no hicieron comentarios. Entre ellos se encuentran la Asociación de Restaurantes de California, los Viticultores del Valle de Napa, el Instituto del Vino y el Consejo Estatal de Construcción y Edificación de California.

La Cámara de Comercio de California envió por correo electrónico una declaración de su presidenta, Jennifer Barrera: “No es ningún secreto que los trabajadores indocumentados contribuyen en gran medida a la economía de California dada nuestra proximidad geográfica a la frontera, por lo que CalChamber ha apoyado durante mucho tiempo un esfuerzo nacional integral que brinde un camino hacia la ciudadanía o el estatus legal para estas personas y, al mismo tiempo, aborde la seguridad fronteriza”.

AJ Rossitto, director de defensa de la Asociación de Hoteles y Alojamiento de California, dijo que el grupo “no anticipa un impacto significativo en las operaciones hoteleras en California en este momento”. 

Esto contradice la opinión de Unite Here Local 11, un sindicato que representa a 32,000 trabajadores del sector hotelero en el sur de California y Arizona que trabajan en hoteles, restaurantes, universidades, centros de convenciones y aeropuertos.

“Es muy duro escuchar que no habrá impacto”, dijo Ada Briceño, copresidenta del sindicato. “Parece que hay una falta de visión al no entender quiénes son (los trabajadores)”.

Dijo que el sindicato está tratando de encontrar la manera de apoyar a quienes sufrirían el impacto de las deportaciones, desde sus propios miembros hasta sus hijos y familias. Eso incluye educar a los trabajadores sobre qué hacer en caso de redadas en el lugar de trabajo o “asegurarse de que puedan asignar tutores legales a sus hijos”.

Muchas pequeñas empresas de California también podrían verse afectadas por las deportaciones.

Iglesias, del Unity Council en Oakland, dijo que “muchos de nuestros comerciantes y dueños de negocios en Fruitvale, ya sean inmigrantes con o sin estatus, están preocupados por el impacto en sus negocios”.

Carolina Martínez, directora ejecutiva del grupo de defensa de las pequeñas empresas CAMEO Network, dijo que “los empresarios indocumentados pagan impuestos y apoyan la economía”. 

Los inmigrantes latinoamericanos inician empresas a un ritmo dos veces mayor que el de otros estadounidenses, dijo, refiriéndose a un reciente análisis de políticas públicas de UCLA Luskin sobre los datos del censo de Estados Unidos, que también encontró que los inmigrantes iniciaron el 36% de las empresas estadounidenses el año pasado.

Además de las preocupaciones por la deportación, a Martínez le preocupa una posible reducción de la financiación gubernamental que ayuda a las pequeñas empresas a ponerse en marcha: “Los líderes empresariales y los defensores de los derechos de las pequeñas empresas deben alzar la voz y apoyar las inversiones en curso. Las pequeñas empresas son un tema bipartidista”. 

• Este artículo fue publicado originalmente en inglés por CalMatters.