Alphabet, el grupo de Google, afronta una amenaza casi existencial para su futuro. Los fiscales del Departamento de Justicia han solicitado al juez que aplique medidas radicales para acabar con su posición de monopolio en las búsquedas por internet. La dureza de los remedios propuestos por los fiscales y la incertidumbre sobre lo que decidirá el juez han castigado este jueves la cotización de la compañía. Las acciones han abierto con una caída superior al 5%, lo que implica una pérdida de valor de más de 100.000 millones de dólares para una compañía valorada hasta este miércoles en algo más de dos billones de dólares.
La resolución propuesta por los fiscales obligaría a Google a vender su navegador Chrome, parte fundamental de su negocio; a aislar su sistema operativo Android, a convertirse en licenciatario de sus búsquedas para rivales y a eliminar acuerdos preferenciales como los que tiene con Apple. La compañía, además, quedaría sometida a una estricta supervisión durante una década.
El Departamento de Justicia ya había anticipado en octubre que se planteaba medidas drásticas, entre ellas la posible partición de la compañía con las ventas de Chrome y Android, pero este miércoles apuró el plazo para solicitarlas hasta cerca de la medianoche. Al conocerse su contenido, las acciones han sufrido el castigo de los inversores.
En conjunto, las decenas de medidas propuestas en el caso Estados Unidos contra Google supondrían la intervención más drástica en una compañía tecnológica desde que otro juzgado ordenó en 2000 la partición de Microsoft, en una resolución que luego fue anulada por tribunales superiores.
El juez ya sentenció que Google había abusado de su posición dominante en el mercado de las búsquedas por internet. Ahora, lo que está en juego son los remedios para corregir esa situación de monopolio ilegal.
La compañía ha expresado su disgusto con las medidas solicitadas: “La exagerada propuesta del Departamento de Justicia va mucho más allá de la decisión del Tribunal. Rompería una serie de productos de Google ―incluso más allá de las búsquedas― que la gente ama y encuentra útiles en su vida cotidiana”, escribió Kent Walker, director jurídico de la compañía, en un comunicado en el sitio web de la empresa.
Google tendrá la oportunidad de presentar en diciembre sus propias alegaciones sobre los remedios a adoptar. El Departamento de Justicia puede complementar su posición en marzo. Luego, habrá una vista oral de dos semanas en abril. No se espera que el juez Amit Mehta, encargado del caso, dicte una resolución hasta agosto del año próximo que, en todo caso, sería recurrible.
La demanda contra Google fue presentada por el Departamento de Justicia durante el primer mandato de Donald Trump. Fue llevada a juicio durante la presidencia de Biden y llegará a su conclusión de nuevo con Trump en el poder. Está por ver si en marzo los fiscales cambian su posición tras el relevo político.
La empresa asegura que la propuesta del Departamento de Justicia “pondría en peligro la seguridad y privacidad de millones de estadounidenses, y socavaría la calidad de los productos que la gente adora, al forzar la venta de Chrome y potencialmente de Android”. Indica que exigiría la divulgación a empresas extranjeras y nacionales desconocidas no solo de las innovaciones y resultados de Google, sino, también de las consultas de búsqueda personales de los estadounidenses.
Google asegura que, de aprobarse la resolución propuesta, tendría que enfriar su inversión en inteligencia artificial. También dice que la decisión perjudicaría a servicios innovadores, como Firefox de Mozilla, cuyo negocio depende de cobrar a Google por el posicionamiento en las búsquedas. También indica que no ella se limitaría deliberadamente la capacidad de los usuarios para acceder a la Búsqueda de Google y se impondría “la microgestión gubernamental” de las búsquedas de Google y otras tecnologías mediante el nombramiento de un comité técnico con un enorme poder.
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