Por La Opinión
La principal organización de derechos civiles de Estados Unidos (ACLU) pidió este jueves al Gobierno de Joe Biden que use el poder ejecutivo para tomar medidas que “dificulten” los planes del futuro presidente, Donald Trump.
No se trata del primer llamado de ACLU a Biden. Apenas pasaron las elecciones, la organización describió que el presidente electo Donald Trump tiene planes escalofriantes de utilizar su segundo mandato para ampliar la pena de muerte a nivel federal. Esta expansión continúa la ola de asesinatos que inició en los últimos seis meses de su primera presidencia, cuando Trump supervisó más ejecuciones que cualquier otro presidente en los últimos 120 años.
En concreto, la organización propuso a Biden otorgar cadena perpetua a todas las personas condenadas a pena de muerte, frenar la creación de más centros de detención para migrantes y cerrar aquellos donde se hayan cometido abusos a los derechos humanos.
“Biden sigue a cargo del poder ejecutivo”, señaló uno de los abogados de la organización en una llamada con reporteros. “Estamos tratando de que (..) use los poderes que tiene y tome medidas que ayuden a mitigar algunos de los daños que anticipamos por parte” de un Gobierno de Trump.
Los expertos de ACLU citaron las propuestas recogidas en Project 2025, una iniciativa del centro de pensamiento Heritage Foundation que ha sido usada por anteriores Ejecutivos republicanos -incluyendo el de Trump- como “manual” de Gobierno.
Respecto a la pena de muerte, ese texto propone “hacer todo lo posible” por ejecutar a las 44 personas que están en el llamado pabellón de la muerte por crímenes federales, al igual que expandir su uso para delitos como abuso sexual de menores.
“Creemos que este segundo Gobierno de Trump va a ser mucho más agresivo y potencialmente más efectivo en ejecutar sus planes para erosionar la democracia, arrancar las libertades y minar la constitucionalidad”, indicó el abogado de ACLU.
Tanto el presidente como los funcionarios que formarán parte de este segundo mandato, indicó, “tienen ahora un mejor conocimiento sobre cómo usar los poderes del gobierno a su favor”.
Para “dificultar” el plan de deportaciones masivas del mandatario electo, ACLU pidió a Biden que diera marcha atrás a un plan para abrir centros de detención en estados como Kansas, Wyoming o Missouri.
“El sistema de detención de migrantes es inhumano (…) y no necesitamos preparar el terreno para que la Administración de Trump ponga en marcha esta maquinaria de detenciones y deportaciones masivas”, señaló en la llamada Eunice Cho, abogada de ACLU centrada en el sistema carcelario.
Una de las principales promesas de campaña de Trump es llevar a cabo lo que ha llamado “mayor operación de deportación” de migrantes indocumentados en la historia de EE.UU.
Actualmente, en el país viven más de 11 millones de personas sin un estatus migratorio legal. El futuro presidente ha señalado que usará la fuerza militar del país para detener y deportar a estas personas, un plan que ha generado el rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos.
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