La asociación empresarial del seguro, Unespa, ha rechazado este miércoles que las aseguradoras que prestan los servicios de atención sanitaria para las mutualidades de funcionarios establezcan una selección de riesgos en los pacientes como se afirma en el informe ‘Muface: del seguro privado al sistema nacional de salud’, recientemente difundido por el Ministerio de Sanidad.
La entidad carga de esta manera contra el contenido del trabajo realizado por el ministerio dirigido por Mónica García, justamente al día siguiente de que el Ministerio de Función Pública lanzara su consulta a todo el sector para establecer una base para iniciar una segunda licitación, tras el fracaso de la concluida el pasado día 5. Unespa asegura que “no es cierto que las entidades presentes en el concierto de Muface apliquen criterios de rentabilidad a la hora de atender a los pacientes. Esto es algo que ni las compañías pretenden ni el convenio de Muface permite”.
Unespa constata la evidencia que “las aseguradoras no eligen a los funcionarios que van a atender” y por tanto asegura, “es imposible que haya ningún criterio de selección”. De hecho es más bien a la inversa; son los funcionarios los que eligen cada año el régimen al que quieren adherirse y “las entidades se comprometen a ofrecerles sus servicios con todas las garantías”.
“El concierto obliga por razones de equidad a las aseguradoras a asumir los costes de los tratamientos en aquellos casos en los que un paciente de Muface tenga que recibir un tratamiento por parte de la sanidad pública. Además, los costes de dicho tratamiento se deben atender siguiendo los precios que marca el sistema público”, señala Unespa en su comunicado.
Plazos y pérdidas
Igualmente reseña que “las entidades han asumido con el convenio actual pérdidas muy importantes y en un ejercicio de transparencia y responsabilidad han seguido prestando el servicio con absoluta normalidad manteniendo los niveles de calidad asistencial, pero advirtiendo a la Administración de la infrafinanciación del modelo y de la necesidad de dotarlo de recursos suficientes para hacer posible su continuidad. Porque la infrafinanciación del modelo alcanza ya una diferencia, con relación a la media que por persona recibe el resto de la Sanidad Pública, superior al 40%”.
Unespa quiere remarcar que las aseguradoras que están adheridas al convenio de Muface “seguirán presentando asistencia sanitaria con absoluta normalidad al millón de funcionarios y sus familias hasta el próximo 31 de enero, tal y como regula el convenio firmado. Las aseguradoras garantizan, además, que lo harán con el mismo nivel de calidad y cobertura de siempre”.
Además, y de acuerdo con el convenio vigente, dichas aseguradoras continuarán atendiendo hasta el 31 de marzo de 2025 a aquellos usuarios que se encuentren hospitalizados a la finalización del convenio y su estancia deba prolongarse.
Tapón sanitario
Por otro lado desde el Círculo de la Sanidad también se ha criticado el informe de Sanidad, asegurando que “afirmar que el sistema público es capaz de absorber a los pacientes de Muface, con el volumen actual de las listas de espera, es una falta de respeto a todos los profesionales sanitarios y una tomadura de pelo a la ciudadanía”, en palabras del presidente de la entidad Ángel Puente.
Según datos de Proyecto Venturi, si se produjese la desaparición de Muface el problema no estaría tanto en la Atención Primaria sino en la Especializada. Con la incorporación de 1,5 millones de personas al SNS, “se produciría un taponamiento en el acceso de los pacientes a la primera consulta del especialista, frenando los diagnósticos y, por consiguiente, las cirugías. El colectivo de pacientes de Muface generaría 8,4 millones de consultas y 500.000 interconsultas, que irían directamente a engrosar las listas de espera”.
Estos datos se dieron a conocer en la jornada ‘Retos de la colaboración público-privada’, en la que participaron diversos expertos en la gestión sanitaria. Entre ellos, el presidente de Kha Barcelona y exconsejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, que analizó los distintos sistemas de colaboración público-privados vigentes en nuestro país. Ruiz señaló alguna de las incongruencias del sistema, que parten en gran medida del “desconocimiento general sobre la definición de servicio público”.
Durante la mañana se celebró también una mesa redonda, moderada por Salvador Urquía Grande, CEO de Grupo Serveo, en la que participaron grandes expertos en la gestión sanitaria como Carlos Rus, presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española); Carmen Rodríguez Pajares, gerente de atención especializada del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; Luis Carretero, gerente del Servicio Cántabro de Salud; y Enrique Ruiz Escudero, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado.
La posibilidad abierta desde el Ministerio de Sanidad para un próximo desmantelamiento de Muface fue un tema recurrente en el debate. Carlos Rus se refirió a “que realmente se trata de un ataque ideológico, no basado en resultados, sino en cuantía monetaria”. Explicó además que las comunidades autónomas caminan a diferentes velocidades, en cuanto al avance de nuevas fórmulas de colaboración, según su posicionamiento ideológico.
Por su parte, Carmen Rodríguez aportó su conocimiento del modelo concesional por su experiencia en el Hospital de Burgos, al que calificó de modelo de éxito, pese a que “en sus inicios tampoco estuvo exento de rechazo social”. Luis Carretero, también con gran experiencia en fórmulas concesionales, incidió sobre la necesidad de “aprovechar el talento venga de donde venga, poner al paciente en el centro y evaluar los proyectos de colaboración público-privada que han funcionado para medir resultados y seguir aprendiendo ”.
También Enrique Ruiz Escudero abordó la cuestión de la medición de resultados. “Si en Madrid no hubieran funcionado bien las primeras concesiones de hospitales —dijo—, no se habrían puesto en marcha más instalaciones”. En cuanto a la desaparición de Muface, Carretero explicó que la Comunidad de Madrid tendría que asumir directamente la atención sanitaria de 300.000 funcionarios, generando un gasto adicional de 400 millones de euros.
