La promesa del presidente electo Donald Trump de iniciar una deportación masiva de inmigrantes que viven ilegalmente en Colorado está provocando un enfrentamiento en un estado con más de medio millón de inmigrantes – un estado que tiende hacia la inclusión en lugar de la exclusión, y que depende de los inmigrantes para tener una economía saludable.
En Colorado, 1 de cada 10 residentes es inmigrante de algún tipo: ilegal sin permiso para estar en el país; con estatus de green-card; trabajando con permisos de visa; traídos aquí como niños con protección de “Dreamer”; y ciudadanos naturalizados.
Todos ahora están bajo la sombra de una ofensiva migratoria, ya que algunos en el círculo de Trump están declarando públicamente que América es ahora solo para estadounidenses. Trump ha dicho que millones de inmigrantes en todo el país corren el riesgo de ser deportados y que las redadas de inmigrantes comenzarán con la “Operación Aurora”, una barrida en la ciudad de Colorado que Trump ha afirmado erróneamente que ha sido tomada por pandillas criminales de inmigrantes.
El gobernador Jared Polis está adoptando un enfoque cauteloso ante la posibilidad de que oficiales y tropas federales lleguen a Colorado para hacer redadas y detener a inmigrantes.
“Siempre estamos agradecidos por la asistencia federal para hacer de Colorado un lugar más seguro mediante el enjuiciamiento y la deportación de criminales peligrosos. Pero no apoyaremos la deportación de trabajadores estadounidenses y la persecución de niños y familias inocentes”, dijo Eric Maruyama, portavoz de Polis.
Maruyama también abordó la devastación económica que las deportaciones masivas traerían a Colorado. Dijo que Polis lo está llamando “una receta para una gran recesión” si se deporta a los trabajadores agrícolas y de la construcción.
El discurso sobre las deportaciones masivas ha sembrado el miedo en las numerosas organizaciones en todo el estado que trabajan con inmigrantes.
“Obviamente, ahora no hay controles”, dijo Kate Leslie, quien trabaja con una organización de reasentamiento de afganos que ha traído a más de una docena de familias a la zona de Boulder y a unas 2,000 en todo el estado.
Ricardo Perez, el director del Proyecto de Asuntos Hispanos del Oeste de Colorado, dijo que “hay mucha ansiedad y sentimientos de incertidumbre” causados por las promesas de Trump.
Perez dijo que su organización está tratando de abordar de manera proactiva la actual agitación entre los inmigrantes con la ayuda de funcionarios locales y poblaciones no inmigrantes que se han comunicado con él para preguntar cómo pueden ayudar.
Una gran parte de su trabajo, dijo, es ayudar a los inmigrantes a gestionar su ira y estrés. “Pronto necesitaremos toda nuestra energía”, les dice. “Predijo que habrá marchas para protestar contra las deportaciones planeadas.
Para aquellos que elijan luchar contra las deportaciones en los tribunales, probablemente habrá un gran caos en los tribunales de inmigración de Colorado, que ya están sobrecargados.
El Departamento de Justicia de los EE. UU. tiene 10 jueces de inmgiración asignados a dos tribunales en Denver y Aurora, donde alrededor de 78,000 casos están pendientes. El tiempo de espera promedio desde la presentación de un caso hasta una audiencia de asilo es de 747 días.
El nuevo “zar de la frontera” de Trump – Tom Homan, un exdirector interino de la Oficina de INmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. – no ha abordado el sistema de tribunales de inmigración colapsado. Pero Homan ha advertido a todos los inmigrantes ilegales que deberían estar empacando sus maletas. Dijo que planea llevar a cabo deportaciones comenzando con las personas consideradas “amenazas a la seguridad pública” y “amenazas a la seguridad nacional”, y llamará a la policía local para pedir ayuda, luego recurriría a la Guardia Nacional y finalmente convocará al ejército.
Colorado tiene leyes que impiden que las autoridades locales de la ley trabajen con agentes federales de inmigración. El estado también permite que las personas que viven ilegalmente en los EE. UU. obtengan licencias de conducir. Finalmente, la legislatura controlada por los demócratas ha dirigido dinero hacia organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los migrantes.
Estas políticas han llevado a algunos conservadores a calificar a Colorado como un “estado santuario”, un término que no tiene una definición clara.
No está claro cuánto apoyo recibirá la administración de Trump en sus políticas de inmigración por parte de los miembros republicanos del Congreso de Colorado.
El representante electo de EE. UU. Gabe Evans, un republicano de Fort Lupton, dijo a los periodistas esta semana que su primera prioridad es deportar a las personas que viven ilegalmente en los EE. UU. y que han cometido actos criminales. Le preocupa menos los inmigrantes que “no están causando problemas mayores”.
“Hasta que esté segura la frontera, la deportación realmente no hace mucho”, dijo Evans, quien representará al altamente competitivo 8o Distrito del Congreso.
Evans también dijo que se opone a separar a las familias de los inmigrantes que son atrapados intentando ingresar a los EE. UU. sin autorización.
También dijo que planea centrarse primero en la inmigración cuando llegue a Washington, D.C.
“El primer proyecto de ley en el que planeo trabajar es una ley que asegurará que nuestra fuerza policial – tanto estatal como local – tenga nuevamente el poder de trabajar con sus contrapartes federales para sacar a los criminales violentos que están ilegalmente presentes en nuestra comunidad fuera de nuestra comunidad”, dijo.
El reportero de The Colorado Sun, Jesse Paul, contribuyó a este informe.
