La comisión de Educación de la Conferencia Episcopal envió un documento a la Contraloría General de la República desarrollando los motivos de su desacuerdo con el decreto Nº 115, que -considera- “atenta contra derechos fundamentales y contiene aspectos inconstitucionales e ilegales”.
Sebastián Sansón Ferrari – Ciudad del Vaticano
Tras la firma del Decreto N.º 115, el pasado 2 de septiembre, que modifica la regulación de la enseñanza de religión en Chile y busca implementar medidas de reparación derivadas de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Conferencia Episcopal Chilena (CECH) ha presentado un documento a la Contraloría General de la República. En dicho texto, plantean que la norma adolece “de vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad” y vulnera el derecho a la libertad religiosa.
La CECH considera que el decreto trasciende lo indicado por la Corte, pues mantiene el nombre del certificado de idoneidad, pero cambia su contenido. De este modo, lesiona la libertad religiosa y afecta seriamente la autonomía de todas las confesiones religiosas para determinar la idoneidad de quienes pueden enseñar religión. Y explican que esto sucede “porque establece un procedimiento en el que la Subsecretaría de Educación intervendría en caso de revocación o denegación del certificado de idoneidad, revisando las decisiones de las autoridades religiosas”.
De acuerdo con el documento divulgado, el Estado debe reconocer la autonomía de las confesiones religiosas para regular sus propios asuntos, como la selección de los profesores de religión, ya que esto forma parte de la libertad religiosa, el derecho de asociación y la educación. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respalda esta libertad, permitiendo a las confesiones decidir quiénes son aptos para enseñar sus doctrinas. No obstante, el Decreto N° 115 limita este derecho, al impedir que las confesiones exijan tanto un título profesional como un certificado de idoneidad. Esto dificulta una evaluación integral de los docentes de religión y afecta la rectitud doctrinal y moral en la enseñanza.
Asimismo, la CECH hace notar que el problema con la norma constitucional radica en que retrocede en el fomento y respeto por la diversidad religiosa, que es algo que los padres desean y que se refleja en varios proyectos educativos. Esta diversidad está directamente relacionada con el bienestar espiritual de las personas. La Constitución postula que esta diversidad debe ser protegida y promovida, pero el Decreto, con sus cambios, no cumple con ese compromiso legal.
El Decreto también establece que el certificado de idoneidad sea permanente, lo cual es incompatible con los cambios doctrinales y morales que pueden ocurrir. Además, introduce nuevos plazos y requisitos que obligan a las autoridades religiosas a justificar las denegaciones de certificados en un plazo de 30 días, lo que representa una intervención indebida del Estado en la autonomía religiosa.
Por ello, la Conferencia Episcopal ha solicitado una revisión urgente del Decreto, pidiendo que se evalúe su conformidad con la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que protegen la libertad religiosa, para que el Ministerio de Educación lo modifique.
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