El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (ORLC) ha dado a conocer su informe sobre la situación de este derecho fundamental en España a partir de los datos de 2023.
El ataque más grave se produjo el 25 de enero de ese año, con el asesinato de Diego Valencia, sacristán de la iglesia de La Palma, en Algeciras, a manos de un yihadista marroquí, quien también hirió de gravedad al párroco de la capilla de San Isidro, Antonio Rodríguez. “En los trece años en los que llevamos realizando este informe, nunca habíamos tenido que registrar un caso tan violento”, señala María García, presidenta del OLRC.
195 ataques
En total, el OLRC registró 195 ataques a la libertad religiosa en España en 2023, un 6% menos que en el año anterior. Pero ese dato esconde otro más preocupante, que es la naturaleza de dichas agresiones. La caída se debe en buena medida al descenso de los ataques ideológicos, caracterizados como “laicismo beligerante”, que caen un 28%, y de la violencia física (-25%, de 4 a 3), pero crecen los ataques a lugares de culto y símbolos (+17%), las vejaciones a creyentes (+28%) y el escarnio a la religión (2%).
Este fuerte incremento de los ataques a lugares y símbolos hace que, pese a la reducción del número total, “este año 2023 han sido más violentos“, una “polarización hacia el hecho religioso no se está dando solo en España, sino en el resto de Europa y en el mundo”, explica García.
El Gobierno, fuente de ataques
En el caso nacional hay otro dato inquietante: la actitud del Gobierno. El ORLC destaca, por ejemplo, que ante el caso más grave en años, como fue el asesinato de Diego Valencia, el ministerio del Interior que dirige el ex juez Fernando Grande-Marlaska se negase a convocar la comisión de seguimiento del Plan de acción de lucha contra los delitos de odio.
Lo cual no es sino un reflejo de la procedencia de los ataques políticos. El ORLC contabilizó 91, de los cuales el 33% provinieron del PSOE, el partido del presidente del Gobierno. Sumados a los de Podemos e Izquierda Unida, que completan la coalición gubernamental, suponen el 52% de los ataques a este derecho fundamental.
“Que el partido gobernante sea el que más ataca la libertad religiosa es una muestra evidente de que quiere limitar los derechos de los creyentes, en especial de los de la religión mayoritaria, la católica”, resalta María García.
¿Islamofobia?
En cuanto a las religiones más atacadas, la católica recibe el 56% de las agresiones, a la que sumar el 16% de otras confesiones, lo que supone que el 71%, casi las tres cuartas partes de los ataques, son contra el cristianismo.
Aunque la gran preocupación de los partidos y medios sistémicos es la “islamofobia“, los musulmanes son los menos atacados (un 3%), aunque se han doblado en números absolutos respecto a 2022.
Lo que más destaca es el caso de los ataques a judíos, que pasan de 3 a 21 (un crecimiento del 600%), que el ORLC relaciona con la respuesta de Israel a la masacre terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023. Si todo ese crecimiento se produjo en los tres últimos meses del año y sobre el 0,1% de la población, da idea de la intensidad de los ataques que está recibiendo dicha comunidad -el informe solo recoge ataques de corte religioso, no político-.
Peticiones a los gobernantes
A la vista de estos datos, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia pide a legisladores y gobernantes:
-Que protejan los símbolos religiosos y los templos, dado que algunas comunidades religiosas han tenido que poner cámaras de seguridad.
-Que se mantenga en el Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, algo que PSOE y Sumar quieren suprimir.
-Que se respete el derecho a rezar cuando y donde uno quiera, incluso delante de un abortorio (lo que el Gobierno actual quiere impedir) o en las proximidades de la sede de un partido político (el PSOE ha procurado boicotearlo ante la suya).
-Que se garantice el cumplimiento efectivo de los tratados firmados por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas en lo relativo a la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones.
-Que no se fomente el odio antirreligioso y el laicismo beligerante desde las instituciones públicas, “ya que las personas creyentes no son ciudadanos de segunda”, subraya el OLRC.
