La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley bipartidista que prohíbe contratar a cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.
Esta ley, denominada “Bolívar“, fue presentada por los congresistas estadounidenses Mike Waltz (republicano) y Debbie Wasserman Schultz (demócrata).
La legislación, para la “Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela”, complementa las sanciones existentes sobre la dictadura en Venezuela.
“Venezuela está en crisis debido al gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas”, dijo el legislador Waltz.
El congresista agregó que buscar enviar un mensaje a Maduro y otros líderes de regímenes en el mundo:
“Esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro, así como a otros dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales y deshonestas”.
Waltz agradeció el apoyo bipartidista e instó al Senado a “aprobar rápidamente este importante proyecto de ley y enviarlo al escritorio del presidente para su firma”.
Por su parte, la demócrata Wasserman Schultz dijo que, “durante la última década, he luchado por sanciones duras contra el régimen de Maduro, una ayuda humanitaria robusta y presión internacional para proteger los derechos humanos y el estado de derecho en Venezuela”.
Sin embargo, dijo que su trabajo y compromiso con el pueblo venezolano no está completo hasta que “Estados Unidos se deshaga de los intereses corporativos turbios que permiten la corrupción y el robo electoral de Maduro”.
Mario Díaz-Balart, representante por Florida, se pronunció en sus redes sociales y envió un contundente mensaje para Maduro:
“Los dólares americanos no deben financiar el regimen anti-americano y asesino de Maduro que está estrechamente aliado con otros adversarios antiamericanos como China Comunista, Rusia, Cuba, Irán, y Corea del Norte”, dijo.
Asimismo, Díaz-Balart agregó que “este proyecto de ley niega recursos a los opresores del pueblo venezolano que desataron una ola violenta de represión contra la oposición democrática y los manifestantes, incluyendo la injusta detención y abuso de menores”.
Aunque la sección 890 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020 prohibía al Pentágono celebrar contratos con empresas que también tuvieran contratos con cualquier entidad del gobierno venezolano bajo el control de Maduro, la ley Bolívar cubriría a los contratistas restantes que no trabajan con el Departamento de Defensa.
