La exportación laboral como política de estado en Filipinas

Más allá de las playas inacabables y de la naturaleza abundante que caracteriza Filipinas, su población hace décadas que está organizada y en pie de lucha para cambiar el rumbo del país y defender sus derechos. 

Filipinas hace más de 50 años que vive bajo una guerra civil: un conflicto entre los gobiernos del país y el Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army, NPA), el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas. Iniciada en 1969, esta rebelión comunista es una de las insurgencias más antiguas de Asia. Según datos de Crisis Group, en el conflicto ya han muerto unas 40.000 personas, contando guerrilleros, soldados y población civil. En la actualidad, mayoritariamente se concentra en la isla de Mindanao, en el sur del país.

La raíz de este conflicto nace de un malestar histórico: la distribución desigual de la tierra. “La cultura instaurada aún es feudal, especialmente entre el campesinado: las tierras son de muy pocos propietarios y todos trabajamos para ellos”, apunta Zen Soriano en una conversación en el comedor de su casa, en Quezon City, Metro Manila. Soriano es la coordinadora general de AMIHAN, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Filipinas, que agrupa y organiza a las mujeres dedicadas al sector primario en todas las islas. “Esta es la raíz más profunda de nuestra pobreza, con todo lo que eso conlleva”. 

Filipinas es un país eminentemente rural: aproximadamente el 65% de la población es originaria de zonas campesinas, “y las personas dedicadas a la agricultura, la ganadería o la pesca son las más pobres de todo el país. Decimos que somos los productores de la alimentación, pero también los que pasamos hambre”, dice Soriano con ironía. 

La distribución desigual de la tierra, sumado a la pobreza extendida, la persecución de la sociedad civil, la falta de oportunidades laborales y las malas praxis de los diferentes gobiernos a lo largo de las últimas décadas —también fruto del pasado colonial—, hace que miles de personas cada año se vean obligadas a dejar Filipinas e irse a trabajar al extranjero, muchas veces en situaciones de explotación, extorsión o convirtiéndose en víctimas de trata. De hecho, Filipinas depende de la migración internacional como motor económico y fuente de empleo: se calcula que 10 millones de personas migrantes filipinas viven en más de 200 países, muchas en situación temporal e irregular.

Se calcula que 10 millones de personas migrantes filipinas viven en más de 200 países, muchas en situación temporal e irregular

Una mirada atrás

La compleja situación que prevalece en el país asiático es una combinación de varios factores. Filipinas fue una colonia española durante más de 300 años, e inmediatamente después, los Estados Unidos tomaron el control de las islas. Desde entonces, el país americano ha ejercido una dominación sobre Filipinas en términos políticos, económicos, militares, lingüísticos y culturales. Además, el legado de las estructuras de poder coloniales suele propiciar regímenes autoritarios y corruptos, que producen desigualdades sociales y pobreza endémica, y en este plano es en el que trabajan centenares de organizaciones sociales filipinas.

Para entender la actualidad del país, también cabe destacar la dictadura de Ferdinand Marcos durante 21 años (1965-1986). En 1974 impuso la ley marcial: todas las órdenes del gobierno provenían del presidente, ya que el Congreso, el Senado y todos los Tribunales fueron abolidos; y todas las personas de la sociedad civil que eran críticas con el gobierno eran perseguidas. Más de 100.000 personas fueron asesinadas, secuestradas, torturadas y encarceladas; pero nunca hubo responsabilidades por las violaciones de derechos humanos durante la ley marcial. Las secuelas de la dictadura de Marcos se ven reflejadas en las políticas de todos los gobiernos posteriores, incluidos los últimos: tanto el de Rodrigo Duterte (2016-2022), como el actual, presidido por Ferdinand Marcos Jr, hijo del ex dictador.

Duterte es conocido por su ‘guerra contra las drogas’ y por impulsar el red-tagging —el etiquetado de rojo—, una práctica que consiste en señalar y acusar públicamente a personas individuales y organizaciones sociales de pertenecer a un grupo rebelde, sin tener ninguna prueba de ello o con pruebas fabricadas. Bajo la ley antiterrorista de 2020 que aprobó Duterte durante la pandemia y sin debate parlamentario, se permite catalogar de ‘terrorista’ cualquier protesta contra el Estado, con lo que se institucionalizó la persecución de cualquier disidencia, de las poblaciones empobrecidas y vulnerabilizadas, y también de quiénes las defienden: campesinado, poblaciones indígenas, activistas, periodistas, abogados, profesores, estudiantes… Las personas y organizaciones red-tagged, que son miles en todo el país, son perseguidas, víctimas de desapariciones forzadas, de detenciones ilegales, de encarcelamientos por motivos políticos y de asesinatos extrajudiciales. Según datos de Karapatan, la organización filipina de referencia de defensa de los derechos humanos, a lo largo del mandato de Duterte se registraron, al menos, 25.000 asesinatos extrajudiciales. La Corte Penal Internacional está investigando al gobierno de Duterte por supuestamente cometer crímenes de lesa humanidad. 

Desde 2022, el gobierno filipino está presidido por Marcos Jr y Sara Duterte; hijo del dictador Ferdinand Marcos e hija de Rodrigo Duterte, respectivamente. Las dinámicas políticas de Marcos Jr respecto al anterior presidente son las mismas: en 2023, Amnistía Internacional criticó que, bajo la administración de Marcos, sigue igualmente la práctica del red-tagging por parte de agencias gubernamentales y grupos progubernamentales contra defensores de los derechos humanos, activistas y otros colectivos. “La única diferencia es que ahora se judicializan más los casos, pero la persecución es la misma”, explica Zen Soriano, cuya organización, AMIHAN, tiene la etiqueta roja. ‘Judicializar los casos’ se traduce en la tendencia a la persecución mediante procesos judiciales fabricados.

Las zonas rurales, las más golpeadas

Crisis Group señala que la mayoría de comunidades afectadas por la violencia son rurales y pobres. Es habitual que un elevado número de población rural tenga que desplazarse forzosamente a las ciudades, como suma de la pobreza endémica, la violencia y el red-tagging: “la mayoría de nuestras líderes campesinas están encarceladas”, denuncia Soriano.

Mabel es de Gumaca, un municipio filipino de tradición rural situado en la región de Calabarzon, en la provincia de Quezon —a siete horas por carretera de Manila, aproximadamente—. Cada mañana, Mabel sale a pescar: el pescado que consigue es para el consumo propio o para vender a sus vecinos.

La población de Gumaca se dedica, generalmente, a la agricultura, la ganadería y la pesca; y quién no, trabaja para ofrecer servicios básicos al vecindario. “Vivimos al día y no podemos visualizarnos más allá. Es por lo que mucha gente decide irse”, explica. “Y a eso, se suman las violencias de género. Cuando una familia tiene deudas con su teniente, ellos usan eso para exigir ‘favores sexuales’ a las mujeres. Es muy común que pase, pero nadie habla de ello por vergüenza. Es un secreto a voces”. 

“Los medios de comunicación generalistas no prestan atención a las realidades rurales, y hay mucha desesperanza. Luchamos por la reforma de la tierra, la seguridad alimentaria, los derechos de las poblaciones indígenas, de las mujeres…hay mucho trabajo por hacer”, añade Zen Soriano.

Institucionalizar las migraciones 

“Una de las políticas del gobierno de Filipinas es el programa de exportación laboral: el gobierno no está creando trabajo porque su objetivo es exportar trabajadores. No quiere exportar productos, sino la mano de obra”, destaca Emer Delina, coordinadora de la organización Migrante Philippines, también red-tagged.

Según los datos recogidos por la Organización Internacional para las Migraciones, en 2023 las remesas de dinero que enviaron las personas migrantes de Filipinas al país fue de 40 mil millones de dólares —el equivalente a más del 9% del PIB nacional—, una cifra récord que coloca Filipinas como el cuarto país mayor receptor de remesas del mundo. Según los datos del gobierno filipino, en 2023 había más de 10 millones de filipinos en el exterior, por lo que el país es una importante fuente de origen de mano de obra.

“El gobierno filipino gana mucho dinero por la exportación de trabajadores. Tiene acuerdos con gobiernos de otros países, sobre todo de Oriente Medio y del Golfo -como Arabia Saudí, Dubái, Qatar o el Líbano-, para enviar mano de obra barata. Si la gente se va es porque el gobierno lo está forzando”, explica Emer Delina en la sede de Migrante Philippines, en Quezon City.

Jihad Navarro, asistente legal de la misma organización, explica que la migración filipina se caracteriza por una gran proporción de trabajadoras: alrededor del 60% de trabajadores filipinos en el extranjero son mujeres. “El problema es que cuando están en otros países, no tienen ninguna protección. La mayoría de mujeres que se van a Oriente Medio trabajan como trabajadoras domésticas. El empleador las compra, y tenemos documentados muchísimos casos de agresiones sexuales, violencia física y psicológica, chantajes y hasta asesinatos. Obviamente el gobierno lo sabe, pero en lugar de protegerlas de estas situaciones, pone esfuerzos a forzar las migraciones”. Emer Delina sigue: “aunque viene de lejos, esta situación ha aumentado desde el gobierno de Duterte, y sigue ahora con Marcos Jr”. 

“Desde Migrante Philippines no estamos en contra de que las personas migren como trabajadoras. Sí que estamos en contra de no poder encontrar trabajo en nuestro propio país”

En 1974, con la dictadura de Marcos, se creó la política de exportación y desarrollo de mano de obra, para regular y fomentar la migración de trabajadores. 50 años después, el gobierno de Duterte creó el Departamento de Trabajadores Migrantes (DMW en sus siglas en inglés). Hasta la fecha, el trabajo en el exterior se gestionaba como parte de la estrategia nacional de empleo; de ahí que varias agencias de migración dependan formalmente del Departamento de Trabajo y Empleo. El sistema institucionalizado de migración contribuye a esta facilidad para encontrar trabajo en el extranjero. “Hay agencias de reclutamiento de personas que buscan trabajo que les ofrecen irse. Estas agencias y el gobierno trabajan juntos. Recientemente, el secretario del DMW dijo que ser migrante es el sueño de los filipinos”, explica la coordinadora Delina. En lugar de buscar cómo abordar las causas profundas del conflicto social, político y armado, la respuesta a la disfuncionalidad estructural es la  institucionalización de la migración.

“Desde Migrante Philippines no estamos en contra de que las personas migren como trabajadoras, porque como organización no tenemos la capacidad de darles trabajo en el país. Si encuentran trabajo fuera para ayudar a su familia, están en su derecho de irse. Sí que estamos en contra de no poder encontrar trabajo en nuestro propio país”, explican. “Tratamos de dar conocimiento de todos nuestros derechos, cómo ejercerlos y cómo organizarse y movilizarse. Trabajamos en las comunidades para explicar dónde encontrar ayuda, dónde están los consulados, las embajadas, el funcionamiento de los alquileres, cómo buscar ayuda en caso de repatriaciones… Tratamos de acompañar a quién tenga que irse”. Emer Delina matiza: “Si les dieran elección, elegirían quedarse en Filipinas junto a sus familias. Filipinas es un país muy rico, el problema es que las necesidades básicas de los habitantes no están cubiertas”.