Las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes se están preparando para luchar judicialmente contra los planes de Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación a gran escala de la historia de Estados Unidos cuando asuma nuevamente como presidente. Trump ya ha anunciado el nombramiento de personas que se destacan por sus posturas contra la inmigración, como su exasesor Stephen Miller y el exdirector Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE) Tom Homan, que estarán a cargo de concretar el anunciado plan de deportaciones masivas. En el primer Gobierno de Trump, estas figuras fueron fundamentales en la implementación de políticas de mano dura contra las personas migrantes, como la separación de familias en la frontera, la prohibición de ingresar a EE.UU. a personas de países musulmanes y los ataques contra el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Según se informa, Trump también planea incrementar el cupo para la detención de inmigrantes en prisiones privadas con fines de lucro y, durante la campaña, habló de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, del año 1798, para acelerar las deportaciones. “Nos venimos preparando hace casi un año para esto”, dice el abogado Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos Migratorios de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), quien llevó varios casos de alto perfil durante el primer Gobierno de Trump. Gelernt destaca que, si bien hay organizaciones, como la ACLU, que darán la batalla jurídica contra el Gobierno de Trump, “se necesita una iniciativa a nivel nacional” para evitar que se cometan abusos. “No nos oponemos a la implementación de una reforma migratoria, pero no podemos llegar a una situación en la que se esté persiguiendo a inmigrantes a diestra y siniestra”.
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