La prolongación de la Avenida Boyacá en Bogotá, que se extenderá desde la calle 183 hasta la 235, enfrenta un nuevo obstáculo legal tras la demanda de nulidad interpuesta por el Ministerio de Ambiente contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
El Ministerio alega que la resolución emitida en diciembre de 2023 por la CAR para otorgar la licencia ambiental al proyecto, presenta múltiples irregularidades, incluyendo presuntas violaciones a normas de protección ambiental y afectaciones a la reserva forestal regional productora del norte “Thomas Van der Hammen”.
La solicitud del Ministerio de Ambiente incluye la suspensión provisional de los efectos de dicha resolución, argumentando que su implementación podría causar daños graves e irreversibles al ecosistema y comprometer la salud pública.
Según el Ministerio, la autorización para esta obra vial, que beneficiaría al fideicomiso Lagos de Torca, se otorgó sin los estudios técnicos adecuados y sin tener en cuenta la obligación de presentar un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), necesario para proyectos de esta envergadura.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación, en su calidad de garante del orden jurídico, emitió un concepto en el que solicita al Consejo de Estado negar la medida cautelar solicitada.
Según el Ministerio Público, hasta ahora no se ha probado la violación de las normas ambientales superiores, como establece el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
En su análisis, la Procuraduría señala que la licencia ambiental expedida es un instrumento regulador que incluye medidas de mitigación y prevención que deberán cumplirse durante el proyecto, y que, por tanto, no constituye un riesgo inminente.
Además, el informe de la Procuraduría argumenta que la afectación sobre la reserva forestal fue contemplada en el acuerdo No. 06 de abril de 2023, en el que se sustrae legalmente un área específica para el proyecto.
El concepto concluye que no existen fundamentos jurídicos claros para justificar la suspensión de la licencia, dejando en manos del Consejo de Estado la decisión final sobre el futuro de este importante proyecto vial en Bogotá.
