El juez del caso Stormy Daniels, en el que Donald Trump fue declarado culpable de 34 delitos por el pago de dinero a una actriz porno para comprar su silencio, ha retrasado una semana pronunciarse sobre una hipotética anulación de la condena basándose en una reciente decisión del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial. Si el juez Juan Merchan confirma la condena, la lectura de la sentencia está prevista para el 26 de noviembre, apenas dos meses antes de la toma de posesión de Trump como presidente. Los abogados del republicano solicitaron este fin de semana que Merchan aplazara su decisión, mientras la fiscalía del distrito de Manhattan decide cómo proceder ahora que Trump ha sido reelegido.
Un jurado popular condenó a Trump en mayo por todos los cargos que se le imputaban en un proceso penal —uno de los cuatro instruidos contra el republicano— por falsificar registros contables en su empresa para encubrir el pago de dinero a Daniels, con el objetivo de silenciar un previsible escándalo, de haberse revelado esa aventura extramatrimonial, que habría resultado potencialmente dañino para sus expectativas electorales en la recta final de la campaña de 2016, que le llevó por primera vez a la Casa Blanca.
El Supremo, conformado a gusto de Trump durante su primer mandato —seis jueces conservadores frente a tres liberales—, dictaminó el pasado 1 de julio que los presidentes tienen amplia inmunidad penal, aunque no absoluta, por los actos derivados del ejercicio de su cargo. Determinar si la conducta delictiva de Trump cuando encubrió el pago del soborno a la actriz entra dentro de esa amplia exención de responsabilidad es lo que el juez Merchan y los fiscales de Manhattan valoran.
Aunque el pago de 130.000 dólares a Daniels fue anterior a su llegada a la presidencia, el republicano sostiene que los fiscales llenaron “agujeros evidentes en la investigación” con pruebas relativas a actos oficiales desempeñados posteriormente, ya como presidente, esos “actos oficiales” que el Supremo considera sujetos a inmunidad. Los fiscales, por su parte, han argumentado que el caso Stormy Daniels se basa en una conducta “totalmente personal [sin] relación alguna con funciones oficiales de la presidencia” de EE UU. Un solo día después de emitirse el fallo del Supremo, la defensa de Trump logró atrasar la lectura de la sentencia hasta el 18 de septiembre, siendo prorrogada después hasta el próximo día 26.
La contundente victoria de Trump la semana pasada parece haber difuminado aún más la probabilidad de que sufra consecuencias legales pese a haber sido imputado cuatro veces, aunque sólo ha sido juzgado y condenado en la causa citada. Uno de los casos, el de los documentos confidenciales que se llevó de la Casa Blanca y almacenó en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), fue desestimado por completo a mediados de julio por la jueza encargada, nombrada también durante el primer mandato del republicano, mientras que el fiscal especial Jack Smith estudia con el Departamento de Justicia cómo poner fin a los otros dos casos federales contra Trump, al considerar que no se pueden seguir causas penales contra un presidente electo.
El caso de subversión electoral en Georgia sigue retrasándose debido a las peleas legales sobre el estatus de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis. El otro caso político, el relativo al papel de Trump en el asalto al Capitolio, fue devuelto tras la decisión del Supremo a la jueza de distrito, Tanya Chutkan, que trata de determinar qué acusaciones de la fiscalía pueden seguir adelante en virtud de ese amplio margen de inmunidad inherente, según el Supremo, al ejercicio de la presidencia. Es muy probable que la decisión de la jueza sea recurrida hasta que el caso vuelva de nuevo al alto tribunal.
De entrada, en una nueva victoria judicial para Trump tras un año de reveses, Chutkan accedió a la petición de la fiscalía de suspender los próximos plazos de presentación, una clara señal de que Smith no quiere seguir adelante con la acusación. Este dispone de plazo hasta el 2 de diciembre para explicar por escrito cómo quiere proceder con el caso.
