Los profesionales sanitarios andaluces han recibido con desconcierto las reflexiones que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, realizó este lunes sobre las que eran sus dos principales preocupaciones sobre la sanidad pública en la comunidad: las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas disparadas y la ratio de 35 pacientes diarios en las consultas de los médicos de atención primaria, que, de acuerdo con el dirigente popular, “no ha funcionado en función de la propia acumulación de pacientes y el malestar del usuario”. Los sindicatos del sector advierten de que ese límite está recogido en el pacto por la atención primaria que suscribió con ellos el Gobierno andaluz y subrayan de que el problema no es ese cupo, sino la gestión de la propia administración que genera un incremento del tiempo de espera para acceder a un médico de cabecera por parte de los ciudadanos e impide que la atención que se preste a los usuarios sea de calidad.
“Hemos tenido algún problema de planificación, hemos tomado algunas decisiones en materia de organización que no han funcionado, no han funcionado en las 35 citas por día que han tenido los médicos, no ha funcionado en función de la propia acumulación de pacientes y el malestar del usuario. Y, por tanto, hay que darle una vuelta conjuntamente con los profesionales a cómo encontramos unos nuevos sistemas”, dijo el presidente de la Junta. Desde la Consejería de Salud no se ha concretado si de las palabras de Moreno se desprende que el cupo de 35 pacientes es insuficiente y habrá que ampliarlo o son un reconocimiento de que la gestión para garantizar esa agenda no es la correcta y hay que establecer otros mecanismos. “El sistema no ha funcionado y hay que analizar qué es lo que no ha funcionado: si es insuficiente o si es que no se ha aplicado correctamente”, precisan las fuentes cercanas al Gobierno autónomo consultadas.
“Que un médico pueda estar durante 10 minutos atendiendo a un paciente no puede no funcionar y para que eso se produzca las agendas no pueden superar los 35 pacientes”, advierte Victorino Girela, responsable del área de Salud de Csif en la comunidad. “Nadie nos ha informado de cómo se está aplicando la medida, cómo se está asimilando pasar de 45 a 35 pacientes, pero ver menos pacientes siempre tiene que ser positivo, porque lo que quiere el paciente es que le escuchen”, corrobora Antonio Macías, el secretario general de la Federación de Sanidad de UGT-Andalucía.
Desde los sindicatos apuntan a la falta de contratación de médicos, la ausencia de incentivos para que acudan a zonas de difícil cobertura, la aplicación de continuidad asistencial o el desarrollo de las figuras de auxiliares administrativos para descargar de burocracia a los profesionales sanitarios, como causantes de la falta de citas en la atención primaria y de las listas de espera para ser atendido en los centros de salud, que van creciendo. “El Gobierno de Moreno prima los intereses económicos a los asistenciales”, sostiene Macías. “Son medidas que también están en el pacto por la atención primaria y que tampoco se están cumpliendo”, puntualiza Luis Gómez, responsable de Sanidad de CC OO Andalucía. “Si la solución pasa por ampliar esa ratio, nos van a tener enfrente, no se puede consentir volver al sistema anterior”, coinciden los tres interlocutores.
“Centrar la preocupación en las 35 citas por paciente no es más que una manera de desviar la atención del problema principal que es que este Gobierno no quiere apostar por la atención primaria”, sostiene Marta García Caballos, médico de familia de Granada. “Dedicar más tiempo a las personas implica evitar citas de proximidad, que obligan a tener que volver a ver al paciente a los pocos días porque no se le ha podido atender adecuadamente en una consulta de cinco minutos y con una agenda saturada”, añade.
García advierte de que la agenda médica es un problema para los profesionales, pero que lo que realmente le importa al ciudadano “es que tarden entre 10 o 15 días en poder tener una cita con su médico de cabecera”. Un problema que, para ella “no se resuelve ampliando el número de pacientes diarios, sino destinando más recursos humanos y materiales para poder prestar una atención sanitaria de calidad”. “Cuestionando el número de consultas diarias da la sensación de que nos quieran retratar como profesionales que no queremos trabajar y eso lo percibimos como una falta de respeto”, abunda.
La reducción del número de pacientes fue una de las principales reivindicaciones que el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que aglutina al 98% de estos profesionales en la comunidad, consiguió arrancar el pasado 25 de enero de 2023 a la anterior consejera, Catalina García, en un acuerdo bilateral entre la Junta y esa organización, tras amenazar con ir a la huelga. El incumplimiento de ese compromiso, provocó que en abril de ese mismo año, finalmente, se convocaran jornadas de paro de esos profesionales sanitarios en toda Andalucía. Esa misma medida se incluyó en el gran pacto por la atención primaria que la Consejería firmó un mes después con los otro cuatro sindicatos que forman parte de la mesa de negociación: UGT, CC OO, Cesif y Satse. Precisamente, los incumplimientos de ese acuerdo han llevado a estas formaciones a impulsar concentraciones en protesta a lo largo del mes de octubre y que se repetirán el próximo 22 de noviembre.
Aspectos más preocupantes
La reducción de la agenda se firmó en un contexto en el que los médicos de familia llegaban a atender hasta 70 pacientes en un día, cuando el sistema informático solo admitía un máximo de 45. El SMA ha sido una de las formaciones más críticas con las palabras de Moreno. “Sus declaraciones han causado verdadero estupor en el colectivo. Para empezar, hay que decir que ese pacto nunca se ha llegado a cumplir con rigor, son muchísimas las consultas de atención primaria que siguen superando los 40 y 45 pacientes y más cada día. La sobrecarga laboral que sufre los médicos de atención primaria en toda Andalucía sigue siendo importante”, ha puntualizado su presidente, Rafael Ojeda.
Desde el SMA llaman la atención sobre el hecho de que, de todos los problemas que sufre la sanidad andaluza, el presidente se haya fijado en la agenda de pacientes. “Hay otros aspectos de la gestión sanitaria que sí son preocupantes como el hecho de que sigamos siendo una de las comunidades autónomas peor financiadas de toda España con un déficit acumulado en financiación sanitaria de miles de millones de euros o que seamos la comunidad con la lista de espera quirúrgica más alta y lo mismo se puede decir de la lista de espera para los médicos de atención hospitalaria”, recalca Ojeda, quien, como sus compañeros, considera que el problema medular de la atención primaria es la falta de médicos. “Tenemos una sanidad pública en Andalucía que ha afrontado una crisis muy grave y llama la atención que nuestro presidente vaya a fijarse en un pacto para evitar la sobrecarga de los médicos de atención primaria que además nunca se ha llegado a aplicar en su totalidad”.
La Junta de Andalucía ha incrementado en mil millones de euros su presupuesto de Sanidad, que contará en 2025 con una partida de 15.247 millones de euros, de los que el 37% se destinarán a la atención primaria, un porcentaje superior al 25% comprometido en el pacto suscrito con los sindicatos. Pese a la sensación generalizada de caos en la asistencia de la sanidad pública por parte de los pacientes, Moreno defiende que “los datos” avalan que la situación es mejor que cuando llegaron a la Junta en 2019. “La ratio es mejor en el ámbito de número de camas por habitante, número de médicos por habitante, número de enfermeras por habitante, número de operaciones”, señaló este lunes.
La Fiscalía archiva la denuncia por los tiempos de espera de Marea Blanca
La Fiscalía ha archivado la demanda que Marea Blanca presentó en los tribunales el pasado 17 de octubre denunciado los prolongados tiempos de espera de la sanidad pública andaluza, por entender que el tiempo de más de dos años en determinadas especialidades para tener un diagnóstico podría condicionar no solo la evolución del estado de salud de un paciente, sino suponer su muerte. El Ministerio Público, tal y como avanzó eldiario.es y ha podido confirmar EL PAÍS, ha rechazado el escrito.
Las ocho Fiscalías Provinciales argumentan para su archivo que “examinadas las denuncias no se aprecian indicios de infracción penal ni conductas individualizadas que permitan ser susceptibles de imputar responsabilidad penal concreta como delito”, según señalan fuentes del Ministerio Público. También señalan que “no toda situación que afecte a los derechos ciudadanos conlleva un delito, sino que existen otras jurisdicciones que pueden resolver esta cuestión como sería en este caso la contenciosa-administrativa”.
La lucha de la plataforma ciudadana por una sanidad pública de calidad continúa, tanto en las calles, donde el próximo domingo han preparado manifestaciones en todas las provincias -salvo en Cádiz que la celebrará un día antes- y también apunta al Parlamento andaluz donde, si consiguen las 40.000 firmas que necesitan, quieren presentar una Iniciativa Legislativa Popular para reformar la ley andaluza de Salud Pública y, entre otras cosas, blindar la posibilidad de que la administración pública suscriba contratos con entidades privadas.
