La sección de inmigración del Tribunal de Roma ha vuelto a suspender la detención de inmigrantes enviados por Italia a Albania. Es la segunda vez en un mes: se trata de siete ciudadanos de Bangladesh y Egipto. Los jueces invocaron la legislación europea.
La sección de inmigración del tribunal de Roma suspendió la validación de las órdenes de detención de los siete migrantes trasladados la semana pasada al centro de repatriación construido por Italia en Albania.
La sentencia del lunes bloquea por segunda vez el intento del gobierno italiano de poner en marcha el modelo de externalización de la acogida y repatriación de migrantes, sobre la base de un acuerdo firmado con Tirana el año pasado, y al que parte de Europa ha mirado con interés.
Los siete solicitantes de asilo proceden de Egipto y Bangladesh, los dos países que ya están en el centro de la polémica desde hace semanas entre la Justicia y el Gobierno, que primero impugnó la decisión ante el Tribunal de Casación (se pronunciará el 4 de diciembre) y luego actuó políticamente.
A finales de octubre, el Consejo de Ministros aprobó de hecho un decreto-ley con una lista actualizada de los llamados “países seguros” para los inmigrantes, con la intención de sortear el obstáculo legal impuesto por la legislación de la UE, con una norma de rango superior a la del anterior decreto interministerial.
Pero la ley habla claro: en caso de conflicto, el derecho europeo prevalece sobre el nacional. Por tanto, los siete inmigrantes serán trasladados a Italia y puestos en libertad, como ocurrió con el primer grupo el mes pasado, a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a la que ya han recurrido varios tribunales italianos.
Como era de esperar, los jueces mantuvieron la línea ya expresada en la decisión anterior, motivada por el hecho de que el procedimiento fronterizo “acelerado” con el que se habían rechazado las solicitudes de asilo de doce inmigrantes sólo es aplicable a personas que no sean vulnerables y, sobre todo, que procedan de países considerados “seguros”.
Para los jueces, Bangladesh y Egipto no son “seguros”, basándose en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sostiene que para que un país sea considerado seguro, debe serlo en todas sus partes y para todas las categorías de ciudadanos.
Cuáles son las motivaciones de los jueces de Roma para la devolución de inmigrantes
”Sin perjuicio de las prerrogativas del legislador nacional, el juez tiene el deber de verificar siempre y concretamente la correcta aplicación del derecho de la UE, que, notoriamente, prevalece sobre el derecho nacional cuando es incompatible con él, como también prevé la Constitución italiana”, argumentó en su decisión Luciana Sangiovanni, presidenta de la Sección de Derechos de la Persona e Inmigración del Tribunal Civil de Roma.
En su nota, Sangiovanni señaló que ”la exclusión de un Estado de la lista de países de origen seguros no impide la repatriación y/o expulsión de un migrante cuya solicitud de asilo haya sido rechazada o que, en cualquier caso, carezca de los requisitos legales para permanecer en Italia”, rechazando de hecho sólo la llamada repatriación automática a determinados países intentada por el Gobierno italiano . Los jueces también subrayaron que su decisión no se refiere al fondo de la solicitud de convalidación, sino que se trata de una suspensión en vista de la sentencia sobre el asunto que se espera del TJCE en Luxemburgo.
La juez Silvia Albano: “El Gobierno me ha elegido como pararrayos”.
El enfrentamiento entre la magistratura y el Gobierno en Italia se centró el tema de la repatriación, en vísperas de la decisión del Tribunal de Roma.
No tengo ninguna intención de chocar con el Gobierno, es el Gobierno el que quiere chocar conmigo y yo quiero evitarlo. Ha habido un pronunciamiento unánime sobre la supremacía del derecho europeo y no podemos hacer nada al respecto”, declaró el domingo la presidenta de Magistratura Democrática , Silvia Albano, juez de la sección de inmigración del Tribunal de Roma, responsable de la no validación de la detención de doce inmigrantes en el centro de repatriación de Albania el pasado 18 de octubre.
“Creo que todo lo que ha ocurrido hasta ahora es muy, muy grave y muy problemático. Se me ha elegido como pararrayos, se ha desatado una campaña personalizada contra mí, fomentada por algunos periódicos y emisiones, pero también por políticos, de la primera ministra, Giorgia Meloni para abajo”, prosiguió Albano desde el escenario de la fiesta en Campidoglio por el 60 aniversario de la asociación Magistratura Democrática.
La magistrada está bajo vigilancia por las amenazas de muerte que han llegado a su correo electrónico y por las redes sociales, después de que destacados miembros de los partidos del Gobierno lanzaran duras acusaciones contra la magistratura, acusándola de estar “politizada” o incluso confabulada con la oposición de izquierdas para sabotear las decisiones del Ejecutivo.
“El hecho de que se llame ‘jueces comunistas’ a quienes intentan aplicar la Constitución me preocupa mucho sobre el estado de nuestra democracia y su futuro”, añadió la juez Albano. “La mayoría gobernante dice que los jueces no deben obstaculizar sus planes y no deben criticar las leyes. Pero el poder judicial fue creado para garantizar la legalidad, los constituyentes consagraron ciertos derechos inviolables y debemos interpretar las leyes a la luz de la Constitución”, concluyó el magistrado.
Así ha sido la reacción dentro del Gobierno
“Otra sentencia política no contra el Gobierno, sino contra los italianos y su seguridad. El Gobierno y el Parlamento tienen derecho a reaccionar para proteger a los ciudadanos, y así lo harán”, ha declarado el viceprimer ministro Matteo Salvini.
Salvini ya había criticado a los jueces “que tergiversan y boicotean las leyes” y que deberían”tener la dignidad de dimitir, cambiar de trabajo y hacer política. Son un problema para Italia”.
El domingo, en conexión por vídeo con la reunión de Magistratura Democrática, el ministro de Justicia , Carlo Nordio, había lanzado en cambio un mensaje de distanciamiento, bien acogido por la magistratura pero no por el resto de la mayoría.
“Queremos un diálogo con la magistratura precisamente porque sabemos que la magistratura es la llamada a aplicar las leyes. Espero que cada vez haya menos críticas por parte del poder judicial al mérito político de las leyes, y espero una bajada del tono por parte de la política a la hora de criticar las sentencias”, dijo el ministro quien también fue magistrado. “Esperemos que la línea Nordio prevalezca sobre la línea Salvini”, señala el secretario general de Magistratura Democrática Stefano Musolino.
También el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Giuseppe Santalucia, habló de una condición “inaceptable” para los jueces, que viven una situación que “incluso ha empeorado” respecto a los tiempos de Silvio Berlusconi. “Porque antes las ‘togas rojas’ eran los fiscales, mientras que ahora las togas rojas están por todas partes, incluso en los tribunales civiles”, concluyó Santalucia, “y cualquiera que tome una medida inoportuna se convierte en rojo”.
