“Tenemos 74 días para terminar el mandato, nuestro mandato. Hagamos que cada día cuente”. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió a su equipo el jueves pasado en que todavía le quedan cosas por hacer en los últimos dos meses largos de su presidencia. La prioridad del equipo de la Casa Blanca es ahora facilitar un modélico traspaso de poderes al presidente electo, Donald Trump, al que Biden recibirá el miércoles en el Despacho Oval. Sin embargo, el demócrata tratará también de afianzar algunas de las políticas que ha desarrollado en sus cuatro años de mandato. Entre las prioridades, evitar el cierre parcial de la Administración con una prórroga presupuestaria, cubrir las vacantes judiciales, aumentar la ayuda a Ucrania y acelerar la concesión de incentivos a las energías renovables y a la instalación de nuevas fábricas de microprocesadores.
Al retirarse de la carrera de la reelección, el presidente ya pasó a ser lo que en Estados Unidos se llama un pato cojo, un presidente que pierde poder e influencia por el poco tiempo que le queda en el cargo. Esa condición se acentuó la semana pasada con la elección de Trump, que puede destruir parte de su legado. Aun así, el pato cojo quiere hacer un esprint final.
Biden quiere cubrir en estos dos meses tantas vacantes de jueces federales como sea posible. Son cargos vitalicios y el actual presidente ha tratado de que reflejen la diversidad del país, con muchos nombramientos de mujeres y minorías. Lleva 261 propuestas en su mandato, de las que 213 han pasado ya el examen del Senado. Sin perder tiempo, el viernes ya propuso a dos mujeres para los juzgados de distritos del sur de Nueva York y de Guam.
El objetivo es tratar de sacar adelante todas las confirmaciones pendientes que sea posible antes de que los demócratas pierdan a principios de 2025 la mayoría en el Senado, al iniciarse la nueva legislatura. En la actualidad hay 47 vacantes en los juzgados federales. Las que no se cubran antes de fin de año serán ya designaciones para Trump, que nombró a 234 jueces federales de orientación conservadora en su primer mandato, incluidos tres del Tribunal Supremo.
Trump anunció en campaña que revertiría buena parte de las medidas de la Ley de Reducción de la Inflación, que en realidad era un paquete de medidas fiscales, climáticas y sobre medicamentos. Los incentivos aprobados en esa ley a la implantación de energías renovables son los que más peligran. Trump apoya indisimuladamente a los combustibles fósiles. Considera que el abaratamiento del precio del petróleo puede ayudar a contener la inflación. Por eso, Biden tratará de adjudicar los incentivos que sea posible. El problema es que la tramitación de los mismos es compleja. Es probable que la mayoría republicana paralice buena parte de los fondos aún no asignados, aunque algunas ayudas a hogares podrían mantenerse.
Microprocesadores
El presidente electo también se ha mostrado contrario a las ayudas de la Ley de Chips, con la que Biden ha logrado atraer inversiones multimillonarias para que Estados Unidos fabrique microprocesadores y así combatir la dependencia del exterior que se puso de manifiesto con la pandemia. El presidente electo cree que la solución está en los aranceles, no en los incentivos, aunque hayan resultado exitosos.
El Departamento de Comercio ha asignado más del 90% de los 39.000 millones de dólares (36.000 millones de euros) en incentivos previstos por esa ley, pero el problema es que solo se ha firmado un convenio vinculante. Empresas como TMSC, Intel, Samsung y Micron necesitan cerrar los flecos pendientes y firmar sus acuerdos en estos dos meses. Si no, corren el riesgo de tener que renegociar las condiciones o, lo que es peor, quedarse sin las ayudas.
El presidente “quiere seguir aplicando esas leyes históricas que fue capaz de hacer”, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, la semana pasada en una rueda de prensa. El Gobierno federal seguirá centrado también en prestar ayuda a las comunidades devastadas por los huracanes Helene y Milton y otros desastres recientes. Jean-Pierre indicó que entre las prioridades estará evitar un cierre parcial de la Administración cuando la actual prórroga presupuestaria expire el 20 de diciembre. No debería ser excesivamente complicado en un contexto de traspaso de poderes. Lo que sí querría Biden es que se apruebe la nueva Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal en curso, una de las leyes presupuestarias más destacadas.
Una de las frustraciones de Biden es que la fortaleza macroeconómica de Estados Unidos no haya llegado al bolsillo de los votantes. La tasa de paro es baja, la inflación está controlada, la economía crece con fuerza y los salarios están ganando poder adquisitivo. Pero como admitió el jueves el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hacen falta probablemente varios años con esas ganancias para que las heridas de la inflación más alta en cuatro décadas se cierren. Es posible que Trump acabe recogiendo los frutos. “El presidente está orgulloso de dejar la economía más fuerte del mundo al presidente electo, y eso es lo que va a heredar”, dijo Jean-Pierre la semana pasada.
El propio Biden se refirió a ello el jueves en la Casa Blanca. “Gran parte del trabajo que hemos hecho ya lo está notando el pueblo estadounidense. La gran mayoría se notará en los próximos 10 años. Tenemos una legislación que aprobamos que apenas se está empezando a aplicar”, indicó. “Vamos a ver cómo se realizan obras de infraestructura por valor de más de un billón de dólares, que cambiarán la vida de la gente en zonas rurales y comunidades que están en verdaderas dificultades, porque lleva tiempo hacerlas, y mucho más que va a llevar. Pero ahí está”, continuó. “El camino por delante está despejado, suponiendo que lo mantengamos. Hay tanto que podemos hacer y que haremos basándonos en la legislación aprobada. Es verdaderamente histórico”, añadió.
Política exterior
El presidente saliente no habló de política exterior en esa intervención, pero sí lo hizo después su portavoz. En las guerras de Gaza y Líbano, Washington seguirá trabajando por lograr un alto el fuego y la liberación de los rehenes, pero, obviamente, su capacidad de presión sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha reducido.
En cuanto a Ucrania, el objetivo de Biden es aumentar la ayuda militar en el tiempo que queda, como ya anticipó él mismo en septiembre con motivo de la visita del presidente ucranio, Volodímir Zelenski. “En septiembre el presidente habló de aumentar la ayuda a Ucrania”, dijo Jean-Pierre. “Eso no va a cambiar. Vamos a aumentar la ayuda a Ucrania. Entendemos lo importante que es asegurarse de que tienen lo que necesitan”, añadió. “Hemos tomado medidas para reforzar las defensas aéreas de Ucrania y mejorar sus capacidades en el campo de batalla. Por tanto, seguimos comprometidos”.
Uno de los temores del propio Biden y de los aliados de la OTAN es que Trump trate de presionar a Zelenski con la amenaza de cortarle la asistencia militar para que negocie un acuerdo de paz con Rusia. El presidente electo llegó a decir en campaña que era capaz de acabar con la guerra incluso antes de tomar posesión. Con la recepción de nueva ayuda en el tramo final del mandato de Biden, Zelenski gana como mínimo tiempo y refuerza su posición negociadora.
