Por Lawrence Hurley — NBC News
Cuando Donald Trump tomó posesión de su cargo en 2017, emitió inmediatamente una provocadora orden ejecutiva que prohibía viajar desde países de mayoría musulmana y que provocó caos, confusión y un aluvión de demandas que acabaron en la Corte Suprema.
De ganar en las elecciones en noviembre (como se ha proyectado que lo ha hecho), había prometido seguir un curso similar en otra polémica propuesta política: poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
En mayo del año pasado, Trump publicó un video de campaña en el que renovaba su llamamiento a poner fin a este antiguo derecho constitucional, afirmando que firmaría una orden ejecutiva el primer día de su presidencia que garantizaría que los niños nacidos de padres sin estatus legal en Estados Unidos no serían considerados ciudadanos estadounidenses.
“Estados Unidos es uno de los únicos países del mundo que dice que incluso si ninguno de los padres es ciudadano o está legalmente en el país, sus futuros hijos son automáticamente ciudadanos en el momento en que los padres entran en nuestro suelo”, dijo Trump en el video.
Desde hace tiempo se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento se requiere en virtud de la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. El texto se incluyó en la enmienda constitucional promulgada tras la Guerra Civil para garantizar que los antiguos esclavos negros y sus hijos fueran reconocidos como ciudadanos.
La frase ha sido generalmente entendida por los juristas de todas las ideologías como autoexplicativa, pero eso no ha impedido que algunos defensores antiinmigración presionen para una interpretación alternativa.
“El litigio es una certeza”, indicó Omar Jadwat, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que también participó en la impugnación de la prohibición de viajar.
“Está directamente en la 14ª Enmienda”, añadió. “Sería esencialmente un intento de derribar una de las principales protecciones constitucionales que ha sido una parte clave de nuestro país”.
La Corte Suprema finalmente respaldó una versión suavizada de la prohibición de viajar de Trump, aplazando la autoridad del presidente en cuestiones de seguridad nacional, pero incluso los partidarios de la ciudadanía por derecho de nacimiento aceptan que el plan de Trump se enfrentaría a una batalla cuesta arriba potencialmente insuperable.
“Es algo que la Corte Suprema bien podría decidir en contra del presidente si diera este paso”, agregó Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que apoya la idea. Su grupo está a favor de límites estrictos a la inmigración.
Si Trump pierde ese caso, entonces el siguiente paso está claro, añadió: habría que intentar iniciar el difícil proceso de enmendar la Constitución.
Un portavoz de la campaña de Trump declinó hacer comentarios sobre el plan, remitiéndose al anuncio original del expresidente.
Según la propuesta de Trump, al menos uno de los progenitores tendría que ser ciudadano o residente legal para que un niño recibiera la ciudadanía por derecho de nacimiento. En su video indicó que la política no se aplicaría con carácter retroactivo.
La orden, aseveró Trump, también abordaría el llamado “turismo de nacimiento”, una situación en la que, según los republicanos, la gente visita Estados Unidos hacia el final de un embarazo para asegurarse de que el niño nazca ciudadano estadounidense.
No está claro exactamente cuántos niños al año nacen en Estados Unidos de padres indocumentados ni cuántos de ellos podrían calificarse de “turistas de nacimiento” según la formulación de Trump.
El grupo de Krikorian ha dicho anteriormente que podría haber hasta 400,000 niños nacidos al año de padres indocumentados y miles de niños nacidos como resultado del turismo de nacimiento cada año.
El Consejo Estadounidense de Inmigración, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, precisó que no dispone de cifras exactas, pero señaló que en la actualidad se calcula que hay 3.7 millones de niños nacidos en Estados Unidos que tienen al menos un progenitor indocumentado, una cifra derivada de los datos del censo estadounidense.
Un portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia federal que se ocupa de las cuestiones de ciudadanía, declinó hacer comentarios.
Trump había prometido poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento cuando se presentó por primera vez a la presidencia en 2015 y volvió a plantearlo en 2018. Pero nunca emitió una orden ejecutiva.
En aquel momento, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, descartó la idea, diciendo: “No se puede hacer algo así a través de una orden ejecutiva”.
A pesar de la promesa de Trump, el plan para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento no se menciona específicamente en el documento de la plataforma republicana de 2024, que incluye un capítulo titulado ‘Sellar la frontera y detener la invasión de migrantes’.
La plataforma sí incluye un lenguaje que promete “priorizar la inmigración basada en el mérito” y poner fin a la migración en cadena, un término utilizado para referirse a las personas que tienen la ciudadanía estadounidense y luego utilizan su estatus para ayudar a otros miembros de la familia a entrar en el país.
Ken Cuccinelli, que ocupó un alto cargo en el Departamento de Seguridad Nacional en la primera Administración Trump, indicó que la propuesta es “apropiada y manejable desde una perspectiva política”, pero no respondió a más preguntas sobre cómo podría aplicarse legalmente.
Cuccinelli escribió el capítulo sobre cuestiones relacionadas con la inmigración que se incluyó en el Proyecto 2025, una propuesta de hoja de ruta para una segunda Administración Trump publicada por la conservadora Heritage Foundation. Su sección no mencionaba la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Mito histórico
“Como han señalado muchos estudiosos, esta política actual se basa en un mito histórico y en una malinterpretación deliberada de la ley por parte de los defensores de las fronteras abiertas”, aseveró Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento en su video de anuncio.
Pocas personas están de acuerdo con esa valoración.
El argumento jurídico, desarrollado por los defensores de la antiinmigración, se centra en el texto de la 14ª Enmienda que dice que la ciudadanía por derecho de nacimiento se concede a quienes “están sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.
Los que se oponen a la ciudadanía por derecho de nacimiento indicarn que ese lenguaje significa que se deniega la ciudadanía a cualquiera cuyos padres no estén legalmente en el país.
“Difícilmente puede decirse que los extranjeros con estatus irregular estén bajo la protección de Estados Unidos”, comentó Christopher Hajec, abogado del Immigration Reform Law Institute, otro grupo que apoya los límites a la inmigración.
Pero la mayoría de los expertos jurídicos afirman que el lenguaje de la jurisdicción sólo se refiere a las personas que no están sujetas a la legislación estadounidense, sobre todo los diplomáticos extranjeros.
Incluso James Ho, un abogado conservador nombrado por Trump para el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, donde se ha labrado una reputación de agitador judicial, respalda esa opinión.
Escribió en un artículo de 2009 que el lenguaje de la ciudadanía de la 14ª Enmienda se aplica a “la mayoría de los hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos, incluidos los extranjeros con estatus irregular”.
Estar dentro de la jurisdicción de Estados Unidos significa simplemente que las personas están obligadas a obedecer las leyes estadounidenses, precisó Ho. “Y la obediencia, por supuesto, no depende de la condición de inmigrante”, añadió.
La Corte Suprema nunca se ha pronunciado directamente sobre la cuestión, pero el único caso que se menciona con frecuencia en cualquier debate sobre el tema sugería que se daba por sentado que las personas nacidas en Estados Unidos tienen la ciudadanía, sea cual sea el estatus de sus padres.
En ese caso de 1898, llamado Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el alto tribunal dictaminó que un hombre nacido en San Francisco de padres originarios de China era ciudadano estadounidense.
Los detractores de la ciudadanía por derecho de nacimiento argumentan que la sentencia no aborda si los hijos de personas que entraron ilegalmente en el país son ciudadanos estadounidenses, ya que los padres en ese caso habían sido admitidos legalmente.
De hecho, sugieren que la sentencia asume que los hijos de personas que entran ilegalmente en el país no tienen la ciudadanía, aunque admiten que el argumento puede ser difícil de seguir.
“Realmente hay que desentrañarlo”, aseveró Hajec. “Es un argumento bastante complicado”.
Si Trump siguiera adelante con su plan de emitir una orden ejecutiva el primer día, el impacto podría sentirse de inmediato.
La campaña de Trump ha dicho que el presidente ordenaría a la Administración de la Seguridad Social que se negara a emitir números de la Seguridad Social a los niños recién nacidos sin pruebas del estatus migratorio de los padres. Daría una orden similar al Departamento de Estado en relación con los pasaportes.
Krikorian, que indicó que no ha discutido la política con la campaña de Trump, es partidario de ese enfoque, ya que no requeriría ninguna acción del Congreso y provocaría inmediatamente una demanda que llevaría la cuestión legal ante la Corte Suprema en poco tiempo.
En el improbable caso de que el plan de Trump entrara plenamente en vigor, podría ser difícil de aplicar porque las agencias federales no tienen necesariamente el estatus migratorio al alcance de la mano y necesitarían acceder a la información no sólo del niño recién nacido, sino también a los datos de ambos progenitores.
A veces, la información pertinente podría ser difícil de determinar, por ejemplo, si el estado de inmigración de un progenitor ausente no es conocido por el otro.
Una portavoz de la Administración de la Seguridad Social señaló que la agencia no dispone de datos sobre la situación de inmigración, que tiene que verificar con el Departamento de Seguridad Nacional antes de expedir a los inmigrantes un número de la Seguridad Social.
Actualmente, un certificado de nacimiento estadounidense es todo lo que se necesita para obtener un número de la Seguridad Social o un pasaporte.
Emma Winger, abogada del Consejo Estadounidense de Inmigración, dijo que la propuesta de Trump afectaría a cualquier niño nacido en Estados Unidos, ya que cada padre ahora tendría que dar un paso burocrático adicional para asegurarse de que su bebé está registrado como ciudadano.
“Todo el mundo confía en el hecho de que si han nacido aquí solo necesitan mostrar una prueba de nacimiento”, dijo. “Sería un cambio radical”.
