Un juez federal de Estados Unidos ha emitido un fallo que suspende la política ‘Parole in Place’. Esta había sido anunciada en el mes de junio por Joe Biden y le permitiría a inmigrantes no autorizados que estuvieran casados con ciudadanos estadounidenses obtener un camino simplificado para la ciudadanía de ese país.
En respuesta a una demanda interpuesta por 15 estados que tienen fiscales generales republicanos, el juez de distrito J. Campbell Barker emitió un fallo declarando la medida establecida por la actual administración estadounidense como ilegal.
Esta política la había anunciado en el mes de junio el presidente Biden, sin embargo, Barker ya había ordenado suspender la medida en el mes de agosto, esto mientras estudiaba la legalidad de la iniciativa.
Luego, en el mes de septiembre, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito ordenó a una corte federal de Texas que suspendiera administrativamente todo procedimiento relacionado con el programa ‘Parole in Place’.
La demanda al programa la presentaron la organización America First Legal y quince estados, los cuales son: Texas, Florida, Alabama, Arkansas, Idaho, Iowa, Georgia, Louisiana, Kansas, Dakota del norte, Dakota del sur, Ohio, Tennessee, Wyoming y Carolina del sur. En el proceso, Barker rechazó la intervención de beneficiarios que buscaban defender la política a través de sus testimonios
El juez federal argumentó en su decisión que el Congreso no había otorgado al poder ejecutivo la autoridad para implementar tal política, además de que el Departamento de Seguridad Nacional no tenía autoridad legal bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para otorgar este tipo de beneficios.
“Se detiene el intento de la administración Biden/Harris de eludir las leyes de inmigración”, posteó uno de los fiscales de los estados demandantes.
El programa ‘Parole in Place’ presentado por la actual administración de Joe Biden buscaba otorgarle estatus legal a 500.000 cónyuges y 50.000 hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses.
Esta política desafiaba la actual ley de migración que indica que los no ciudadanos que deseen solicitar la residencia permanente a través de su matrimonio abandonen territorio estadounidense y esperen la respuesta en el extranjero, algo que provoca separaciones prolongadas e indefinidas entre las familias de ciudadanos estadounidenses.
Esta medida impactaría a más de medio millón de migrantes que evitaban la deportación obteniendo permisos de trabajo mientras conseguían la residencia.
Para los demandantes, este tipo de políticas incentivan la inmigración ilegal hacia la nación norteamericana mientras que los defensores de la medida dicen que la decisión tomada por el juez federal afecta desproporcionadamente a familias que han construido su vida en Estados Unidos y ahora podrían enfrentarse a la deportación.
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