El recuento todavía no ha concluido de forma oficial, pero la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos es incontestable. Con más de 72,5 millones de votos populares y 294 votos electorales (se necesitan 270 para ganar), el candidato republicano ha superado con claridad a la demócrata Kamala Harris. Las elecciones también le dan a Trump el control del Senado y, probablemente, de la Casa de Representantes, lo que le daría el control de todo el Congreso y mucho más poder que en su anterior mandato (2017-2021).
Las consecuencias de la victoria republicana para la lucha contra el cambio climático y la crisis de biodiversidad, para el abandono de los combustibles fósiles o para casi cualquier aspecto que implique protección del medio ambiente y políticas verdes serán muchas. Pero la llegada de Trump a la Casa Blanca podría tener también un efecto menos esperado: un frenazo a las batallas legales que muchas ciudades, condados, estados y pueblos indígenas tienen abiertas en Estados Unidos contra las compañías de combustibles fósiles. Hoy hay en el país más de una treintena de litigios en marcha.
Massachusetts contra ExxonMobil y la ola de litigios climáticos
En octubre de 2019, el Estado de Massachusetts denunció a ExxonMobil (una de las mayores petroleras del mundo y una de las que más sigue invirtiendo en nuevos yacimientos) por supuestamente engañar a los consumidores y a los inversores sobre su papel en el cambio climático y por hacerlo, además, de forma consciente y sistemática. Tras varios años atascado, el caso está ahora en la última fase previa al juicio, en la que ambas partes pueden presentar nuevas pruebas que apoyen sus argumentos.
Las grandes petroleras se enfrentan a una oleada de demandas como esta en Estados Unidos, con algunas de ellas ya avanzadas. Sea quien sea el demandante, la argumentación de todos los casos es parecida: denuncian que durante décadas la industria fósil empleó todos sus recursos en engañar a los consumidores para esconder los daños generados por sus productos. “El caso de Massachusetts podría ir a juicio en el próximo año. Básicamente, el Estado pide que Exxon deje de engañar a los consumidores y pague por haberlo hecho en el pasado”, explica Mike Meno, director de comunicaciones del Center for Climate Integrity, una organización legal que presta apoyo a las comunidades que quieran hacer pagar a las grandes petroleras por sus engaños climáticos.
Como en el caso de Massachussets, el Center for Climate Integrity contabiliza 31 litigios abiertos contra las petroleras solo en Estados Unidos. Los denunciantes van desde pueblos indígenas, como los makah o los miembros de la tribu de Shoalwater Bay, hasta grandes estados como California, pasando por condados, municipios y ciudades. Varios casos se concentran también en Puerto Rico, un territorio incorporado a Estados Unidos que cuenta con cierto autogobierno. “Cada demanda es diferente, se presenta bajo leyes distintas y busca compensaciones diferentes. Pero podríamos simplificar sus objetivos en dos”, señala Meno, quien atendió a Climática unos días antes de las elecciones.
Por un lado, todos los litigios climáticos buscan, de una forma u otra, que las petroleras paguen por los daños que sabían que sus productos causarían. Entienden que tienen que subsanar los daños y ayudar a las comunidades a cubrir los gastos necesarios para hacer frente a los impactos del cambio climático. Por otro lado, persiguen que las compañías de combustibles fósiles dejen de engañar al público, que dejen de venderse como parte de la solución y que abandonen cualquier práctica de greenwashing.
Esta ola de litigios climáticos empezó a formarse hace una década, cuando se publicaron las primeras investigaciones que señalaban que las petroleras no solo conocen desde hace más de medio siglo el potencial del dióxido de carbono para cambiar el clima del planeta, sino que durante todo este tiempo se han esforzado en ocultar los datos. Desde entonces, se han ido publicando más informaciones que han corroborado el engaño y han profundizado en sus consecuencias. “Durante años, estas empresas se esforzaron en proteger su propia infraestructura del cambio climático, mientras al mismo tiempo engañaban al público y dejaban que las comunidades pagaran el precio de los daños causados por los combustibles fósiles”, añade Mike Meno.
Hawái contra las petroleras y el papel de Trump
Hasta el año pasado, la mayoría de estos casos estaban estancados. Las petroleras consiguieron frenarlos en primera instancia mientras intentaban trasladarlos de los tribunales estatales (en los que se habían presentado) a los federales, que suelen ser algo más favorables a los intereses empresariales. Sin embargo, desde abril de 2023, el Tribunal Supremo ha denegado este traslado en tres ocasiones, dejando el camino libre para el avance de casi todos los litigios. Uno de los últimos en recibir luz verde ha sido el caso de Honolulu (Hawái) contra las grandes petroleras.
La capital de este Estado y el condado demandan a las compañías de combustibles fósiles porque sabían que sus negocios iban a crear e intensificar una serie de consecuencias que afectan especialmente a las islas, como el aumento del nivel del mar, de la erosión costera y de las inundaciones o el incremento de la intensidad y la frecuencia de los grandes huracanes. “En este caso, que está listo para ir a juicio, las petroleras han apelado ante el Supremo y el tribunal ha solicitado la intervención de la administración Biden”, explica Meno. Y aquí es donde el cambio en la Casa Blanca podría empezar a frenar la ola de litigios climáticos.
En la única ocasión en la que el Supremo pidió a la administración de Joe Biden que interviniese, el ahora presidente saliente apoyó con claridad las demandas de las comunidades afectadas. En el caso de Honolulu, todavía no ha hecho nada. Todavía tienen tiempo de intervenir (Trump no será presidente hasta el mes de enero), pero si no lo hacen, dejarán la decisión a la nueva administración. “En este último caso, será el nuevo presidente de los Estados Unidos, con poder de nombrar a un nuevo fiscal general y a nuevos funcionarios del Departamento de Justicia, el que tendrá que opinar sobre este tema”, señala Meno.
El sistema judicial de Estados Unidos es independiente del poder ejecutivo y legislativo, pero eso no evita que la presidencia pueda influir en algunas decisiones y marcar las líneas a seguir. Aunque durante la campaña electoral ninguno de los dos candidatos entró demasiado en asuntos medioambientales, el capítulo energético del plan de gobierno presentado por los republicanos mencionaba específicamente que se trabajaría para detener la ola de litigios contra las petroleras presentados por “extremistas ambientalistas” (además de revertir las medidas de eficiencia energética y de potenciar la construcción de nuevas centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles, entre otras cosas).
“Hay otro aspecto en el que la nueva administración podría intervenir. El Congreso de los Estados Unidos, formado por la Cámara de Representantes y el Senado, publicó un informe tras una larga investigación en el que demuestra que Exxon, Shell, BP y Chevron no solo engañaron al público en el pasado, sino que siguen haciéndolo. El Congreso, por mayoría, pidió al Departamento de Justicia, que es el mayor bufete de abogados del país, que siguiera con la investigación. Pero esa petición todavía no ha sido respondida”, señala Meno. “Si no se responde pronto, serán el próximo fiscal general y el próximo Departamento de Justicia los que decidan si actuar o no”.
La victoria de Trump coloca a un negacionista del cambio climático al frente del segundo país que más gases de efecto invernadero emite (y al primero en términos históricos), un magnate que en su anterior mandato, mucho más débil en términos de apoyo, sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, ignorando cualquier negociación climática internacional, y fomentó la expansión de las operaciones petroleras en su territorio. Ahora, su victoria pone en jaque también las demandas de millones de ciudadanos contra las petroleras: uno de cada cuatro estadounidenses vive en un lugar que tiene un litigio climático abierto.
