“Señor Trump, es cierto que nos metió miedo, es cierto que nos metió coraje, pero le digo una cosa a la nueva Administración: que nos tenga miedo a nosotros. Porque ese miedo que usted nos dio nos ha hecho más fuertes y más unidos. Usted, señor Trump, ha creado un monstruo y este monstruo lo va a mirar en enero, porque vamos a luchar y a exigir nuestros derechos”. Entre lágrimas, la mexicana Yajaira Valdovinos le lanzó este jueves esa advertencia al presidente electo ante el ayuntamiento de Los Ángeles, donde se concentraron varias organizaciones de derechos civiles para anunciar que enfrentarán lo que pueda llegar a partir de enero. Valdovinos lleva 25 años en el país y es una de los 11 millones de migrantes indocumentados que serían expulsados si el presidente electo cumple su promesa electoral.
La holgada victoria del republicano en las elecciones ha materializado sus peores augurios. La incertidumbre de si será capaz de hacerlo o de si es factible llevar a cabo la mayor deportación de la historia no impide que estén preparados para el escenario más tenebroso. Los defensores de los migrantes creen que la amenaza es real y ya se oyen tambores de guerra.
“Guiado por el Proyecto 2025, creemos que intentará cumplir esas promesas. Aquí están las buenas noticias. Tendrá que pasarnos, a todos. Tenemos un manual probado en batalla y estamos listos para enfrentar a esta administración con toda la fuerza de la ACLU, tal como lo hicimos en 2016″, asegura Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Esta no será la primera vez que lidian con Trump. Durante su presidencia, entre 2016 y 2020, presentaron 434 acciones legales contra su Administración y ya han avisado que volverán a hacerlo en su segundo mandato.
La cruzada contra la inmigración de Trump se ha puesto como primer objetivo expulsar a los extranjeros que carecen de documentos estadounidenses. Muchos de ellos llevan décadas viviendo en la sombra, sin poder llevar una vida normal. En lugar de criminales, asesinos y violadores, como Trump los califica, la mayoría ha echado raíces en el país, trabaja en empleos mal pagados que no desean para sí los estadounidenses y han creado familias, en muchos casos junto a ciudadanos estadounidenses.
El primer mandato de Trump dejó un trágico rastro de familias separadas y los defensores de los migrantes se temen que la historia se repita. “Hemos visto la separación de nuestras familias. Los hemos secado las lágrimas. Los hemos abrazado en los peores momentos de sus vidas. Hemos visto lo que Trump puede hacer, y lo que el poder desenfrenado y el odio pueden hacerle a nuestras familias, y no vamos a permitir que eso suceda”, afirmó en el acto celebrado en Los Ángeles Angélica Salas, presidenta de CHIRLA, organización pro inmigrante.
Golpe judicial
Los migrantes recibieron anoche otro golpe duro cuando un juez federal anuló el programa Parole in Place. Anunciado en junio por el presidente Joe Biden, el plan Manteniendo a las Familias Unidas, como se llama en español, concedía la residencia a los indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses que lleven más de 10 años viviendo en el país y no supongan una amenaza. Era la mayor reforma migratoria de la Administración Biden y regularía la situación de medio millón de familias, que vivían con el miedo a que uno de sus miembros fuera deportado. De media, los beneficiarios llevan más de dos décadas en Estadas Unidos.
El juez J. Campbell Barker, designado por Trump durante su primer mandato, dijo que el Congreso no había otorgado al poder ejecutivo la autoridad para implementar tal política. El republicano ya había criticado el programa por considerarlo una amnistía para los delincuentes. El magistrado lo había pausado para evaluar una demanda interpuesta por 15 Estados republicanos y liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, nombre que se baraja para ser el fiscal general del Estado de la nueva Administración.
Con esta decisión, el juez “destrozó las esperanzas de cientos de miles de familias estadounidenses. El programa Biden-Harris habría permitido que los cónyuges no ciudadanos y los hijastros no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses permanecieran en el país después de haber contribuido a nuestras comunidades, ayudado a hacer crecer nuestra economía y construido vidas con sus seres queridos”, criticó Ashley Azevedo, presidenta de American Families United, una organización dedicada a defender la reunificación de las familias, al conocer la noticia.
Un día antes, Azevedo ya había manifestado la intención de luchar para evitar la separación familiar. “No se equivoquen, esta comunidad no se reducirá ni se esconderá en las sombras. Planeamos luchar por nuestras familias hasta que todos tengan la dignidad que merecen. Saldremos de esto continuando el trabajo que siempre hemos hecho: defender a nuestras familias de cualquiera que amenace su existencia. Este movimiento es más fuerte que nunca y continuará luchando por la igualdad y desmantelando nuestros fallidos sistemas de inmigración”, dijo en un comunicado.
Piden ayuda a Biden
Trump asumirá la presidencia el 20 de enero y los migrantes están pidiendo a la Administración de Biden que actúe en los días que le quedan y apruebe medidas para garantizar su seguridad. Es el caso de los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), por el que se abrió las puertas a salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, venezolanos y haitianos, y que también está bajo la mira de las medidas antiinmigración del republicano.
La salvadoreña Lorena Zepeda es una de las beneficiadas por el TPS y urge al Gobierno a actuar sin demora. Su esposo y su hijo fueron parte en la demanda de Ramos contra Mayorkas, que desafió los esfuerzos de la Administración Trump en 2017 y 2018 para terminar el TPS y consiguió la victoria en los tribunales este año. “Instamos a la Administración Biden a que rediseñe el TPS, porque sin él no podemos trabajar. La Administración actual puede ofrecer un alivio más permanente”, pide. La protección para los salvadoreños acaba en marzo del próximo año. Los ciudadanos de Honduras y Nicaragua se encuentran en una situación similar.
También los llamados dreamers, los beneficiados por el programa DACA, por el que el presidente Barack Obama otorgó permiso de residencia y de trabajo a los migrantes que entraron en el país de forma irregular siendo niños, se temen lo peor. Sus beneficiarios han construido su vida en Estados Unidos, sólo les ha faltado nacer en el país. El Tribunal Supremo frustró el intento que hizo Trump de poner fin al programa en 2017. Greisa Martínez Rosas es una de las beneficiarias y dirige la organización que les defiende United We Dream. “Hemos construido un movimiento capaz de resistir incluso las condiciones más duras, y así es como sé que lo decimos en serio cuando decimos: estamos aquí para quedarnos”, advierte. “Usaremos y aumentaremos nuestro poder a nuevos niveles, construyendo el movimiento pro inmigrante más grande que este país haya visto jamás”, añade.
Además de la disposición a la lucha que despiertan las amenazas contra ellos, también se percibe un sentimiento de tristeza y frustración por ver que alguien con un discurso tan racista y xenófobo ha conseguido el respaldo de la mayor parte de la población. “Nos entristece profundamente que la mayoría de los votantes pudieran, en conciencia, votar en contra de la decencia y la humanidad”, manifestó Nicole Melaku, Directora Ejecutiva de la NPNA, una coalición líder de las organizaciones de derechos de inmigrantes y refugiados.
La decepción es mayor con los latinos que apoyaron al republicano y sin cuyo voto no habría conseguido la victoria. “La idea de que hay millones de personas que odian a nuestras comunidades es devastadora. Lo que también es devastador es saber que tantos votantes latinos votaron en contra de sus propios intereses y eligieron a alguien que odia a su comunidad y es capaz de poner a niños en jaulas”, denunció Marta Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN, organización de defensa de los migrantes latinos.
Mientras esperan lo que la próxima Administración pueda traer, al menos esta vez aseguran que no les pillará desprevenidos.
“En el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, estamos totalmente preparados para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para luchar contra leyes y políticas injustas y en apoyo de nuestra democracia. Ya hemos enfrentado exitosamente a Donald Trump y su agenda antiinmigrante antes, y estamos listos para hacerlo nuevamente”, ha dicho su presidenta, Kica Matos.
