Con el Congreso de Estados Unidos y la Suprema Corte en el bolsillo, Donald Trump tendría gran poder para gobernar: ¿qué hay en juego?

El masivo triunfo de los republicanos en las elecciones del martes en Estados Unidos no solo aseguró el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sino la coronación de un líder que tendrá muchos poderes y pocas limitaciones a la hora de gobernar. 

Trump, que se posesiona el próximo de enero, arrancará su mandato con una enorme legitimidad producto de su contundente victoria en el Colegio Electoral (295 votos de 538 disponibles) y habiendo ganando también el voto popular por casi 5 millones de votos frente a Kamala Harris (226 votos electorales).

Adicionalmente, si las proyecciones se confirman, con un Congreso controlado por los republicanos (el Senado ya estaba asegurado y estaba pendiente la Cámara) que le dará juego para implementar su agenda sin mayores restricciones.

EE. UU. nos ha dado un mandato muy poderoso y sin precedente. Mi premisa para gobernar es básica: promesa que les hago promesa que cumplo

A la supremacía en el Ejecutivo y el Legislativo se sumará el Judicial, que si bien es un poder separado se alinea con Trump, que nombró a 3 de los 6 integrantes conservadores de la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia a donde van a parar las grandes disputas en el país. Y con un añadido: mientras los republicanos controlen el Senado podrán confirmar casi como en puerta giratoria a todos los que Trump nomine para otros cargos judiciales, lo cual les permite llenar las cortes con jueces conservadores o de su misma corriente ideológica.

En paralelo, también tendrá a su servicio al fiscal general. Aunque se trata de otra figura que se supone opera de manera independiente, Trump ha dejado claro que espera lealtad absoluta de todos sus nombramientos. El expresidente, además, llega a la Casa Blanca con las lecciones aprendidas de su anterior mandato, cuando tuvo que rodearse de figuras del establecimiento republicano para ganar legitimidad, pero que terminaron bloqueando apartes de su agenda.

En esta ocasión, han dicho sus propios asesores, el examen para ingresar a la administración no será uno de capacidades sino de obediencia y devoción.

¿Qué dicen los analistas?

El Trump 2.0, opina Katie Gaddini, profesora de Sociología de University College London y hoy en labores académicas para la Universidad de Stanford, no va a ser conciliador ni tendrá que ser muy combativo a la hora de empujar su agenda. “En control del Congreso y con una supermayoría en la Corte, podrá hacer lo que quiera”, dice Gaddini.

En control del Congreso y con una supermayoría en la Corte, podrá hacer lo que quiera

Trump mismo en la madrugada de ayer apuntó en esa dirección: “EE. UU. nos ha dado un mandato muy poderoso y sin precedente. Mi premisa para gobernar es básica: promesa que les hago promesa que cumplo”, dijo. Y la lista de promesas es larga. De acuerdo con sus asesores, el presidente electo y su equipo ya tienen listas más de 200 órdenes ejecutivas para anunciar en su primer día en la Oficina Oval y que van desde lo migratorio, pasando por lo comercial y cambios en la estructura del gobierno federal. Entre ellas, el inicio de las deportaciones masivas de indocumentados, el cierre de fronteras, la prohibición para que personas transgénero puedan participar en competencias deportivas de su nuevo sexo y acabar con la ‘ciudadanía por nacimiento’ o el derecho de todas las personas de ser estadounidenses si nacen en el país al margen de la nacionalidad de sus padres o estatus migratorio.

Gran parte de una hoja de ruta que desarrolló el centro de pensamiento ultraconservador Heritage Foundation, bautizada Proyecto 2025 y que delinea las prioridades para la nueva administración. Aunque, durante la campaña, Trump trató de tomar distancia de la iniciativa. Por supuesto, algunas de las nuevas medidas serán demandas. Pero otras –como las migratorias– quizás terminarán sobreviviendo, pues cuenta con el respaldo de una Corte Suprema amigable. Y de un Congreso que no solo aprobará el presupuesto de gasto que necesite –como para construir un muro con México–, sino las leyes para justificarlo.

SERGIO GÓMEZ MASERI – CORRESPONSAL DE EL TIEMPO – WASHINGTON