Keir Starmer no disimula su interés en los duros métodos desplegados por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para poner freno a la inmigración irregular. El nuevo Gobierno laborista del Reino Unido ha borrado de su discurso sobre esta materia cualquier rasgo compasivo o humanitario. Las notas de prensa de Downing Street califican a las mafias que transportan personas a las costas inglesas a través del canal de la Mancha como “una amenaza a la seguridad nacional”, y el primer ministro centra su estrategia en los aspectos de seguridad, con un elevado presupuesto para la policía de fronteras y un planteamiento de respuesta similar al de la lucha contra el terrorismo.
“El mundo necesita despertar ya ante la gravedad de este desafío. Fui elegido para proporcionar seguridad a los ciudadanos británicos. Y unas fronteras fuertes forman parte de esa seguridad, aunque la seguridad no se detenga solo en esas fronteras”, ha dicho Starmer a los casi 200 representantes (ministros del Interior y responsables policiales) convocados esta semana en la ciudad de Glasgow a la Asamblea General de Interpol, la organización internacional de coordinación de las fuerzas de seguridad.
Desde el pasado enero, más de 31.000 personas han cruzado las aguas que separan Francia del Reino Unido. Más de la mitad de ellas, unas 17.000, desde que Starmer se convirtió en primer ministro, el 5 de julio. La cifra de muertos alcanzó los 60 la semana pasada, cinco veces más que en el mismo periodo de 2023.
Starmer eliminó de un plumazo, nada más acceder a Downing Street, los planes de su predecesor, Rishi Sunak, de deportar a Ruanda miles de inmigrantes. A cambio, había prometido ya desde la oposición que aplicaría los métodos de la actual legislación antiterrorista para golpear con dureza a las mafias que transportan seres humanos.
Aseguró entonces que utilizaría los más de 700 millones de euros destinados al plan de Ruanda para crear un nuevo mando que aglutinara las capacidades y poderes de diversos departamentos de seguridad para hacer frente al desafío de la inmigración.
El nuevo Mando de Seguridad de Fronteras, dirigido por el ex presidente del Consejo Nacional de Policía, Martin Hewitt, acumula competencias para investigar y detener a personas sospechosas de estar implicadas en el tráfico de inmigrantes sin una orden judicial previa; la opción de ordenar el embargo de cuentas bancarias o restringir la libertad para viajar, así como la intervención de teléfonos o de datos informáticos.
“No tiene nada de progresista el hecho de mirar hacia otro lado mientras hombres, mujeres o niños mueren [en las aguas] del canal [de la Mancha]”, ha dicho Starmer en Glasgow. “Es un tráfico maligno que debe ser eliminado allí donde surja. Por eso estamos utilizando nuestro planteamiento en la lucha contra el terrorismo, que ya ha probado su eficacia, para combatir estas organizaciones criminales con nuestro nuevo Mando de Seguridad de Fronteras”, ha asegurado el primer ministro británico, que reclamaba una “respuesta global frente al tráfico de personas”. “Debemos analizar esta actividad como una amenaza global a la seguridad, similar a la que supone el terrorismo”, ha insistido Starmer.
Inteligencia y cooperación internacional
Junto a los casi 90 millones de euros que el nuevo Gobierno laborista había destinado ya en sus previsiones presupuestarias al Mando de Seguridad de Fronteras, Starmer ha anunciado otros 90 más para la creación de una unidad de inteligencia en la lucha contra el tráfico ilegal de inmigrantes. Pero el primer ministro admitía ante la asamblea de expertos en seguridad del mundo que lo que el Reino Unido necesita es recuperar la cooperación con el resto de países europeos que el Brexit se llevó por delante.
“Como parte del reinicio de nuestras relaciones con la UE que hemos prometido, queremos alcanzar un nuevo pacto de seguridad, que incluya la recuperación del acceso a la red que comparte información de inteligencia en tiempo real”, ha admitido Starmer. “Así lo plantearé este jueves en Hungría en la reunión de la Comunidad Política Europea”.
A cambio, el primer ministro promete respeto escrupuloso a la legalidad internacional, a diferencia de sus predecesores del Partido Conservador, que esgrimieron constantemente la amenaza de abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos si la justicia internacional intentaba bloquear sus deportaciones a Ruanda.
