Esta sanción le impuso la jueza Soledad Aldea a los propietarios del complejo y a los profesionales que intervienen en la obra por varias irregularidades detectadas por los inspectores y el derrame cloacal al lago Nahuel Huapi.
La firma Centro Urban pagó días atrás la multa de 41 millones de pesos que le impuso la jueza municipal de Faltas de Villa La Angostura, Soledad Aldea, por varias irregularidades en la ejecución de un complejo y, sobre todo, por el daño ambiental causado por un derrame cloacal procedente de esa construcción.
Desde el Juzgado de Faltas municipal informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL que la firma pagó el monto en su totalidad. Aclararon que solo Centro Urban se hizo cargo del pago de la multa millonaria, “porque ninguno de los condenados solidarios se presentó”.
Aldea había sancionado a Centro Urban Arq. SA, a los profesionales, a Juan Manuel Barbaz y a Sara Castañeda “como autores responsables solidarios” de las infracciones cometidas al Código de Faltas y Contravenciones vigente.
Las fuentes informaron que “ahora falta que la directora de Medio Ambiente del municipio controle que se hayan hecho todos los trabajos y que se venza el plazo de inhabilitación del arquitecto y la responsable técnica ambiental”.
La jueza dispuso en la resolución “la inhabilitación de los responsables” de la obra por el término de 30 días, y la paralización de los trabajos “por incumplir a la fecha con las órdenes impartidas por los inspectores, hasta tanto se completen en forma total y suficiente las tareas de reforestación ordenadas oportunamente o las que Ambiente considere”.
Desde el juzgado recordaron que en el predio “solo podían hacer tareas de remediación ya que la obra está paralizada”.
Deber de respetar la legislación ambiental
En la resolución que Aldea dictó el mes pasado intimó a Centro Urban Arq. SA “a respetar la legislación municipal, provincial y nacional que persigue la Protección del Medio Ambiente, y a cumplir con los requerimientos que la Dirección de Medioambiente estime necesarios para revertir, prevenir nuevos derrames”.
Intimó a los profesionales “a ejercer los controles necesarios para el estricto cumplimiento de la normativa ambiental”.
Dispuso que se notifique por oficio a Medio Ambiente “a los fines de ponerla en conocimiento de la resolución, y de realizar el seguimiento hasta su total cumplimiento”.
Algunas de las infracciones constatadas fueron “el camino de acceso al lago” que se encuentra realizado dentro del retiro de intangibilidad de los 35 metros. “Este trabajo fue realizado ensanchando un camino de acceso peatonal, según informa Barbas. No se constata en el expediente autorización de apertura de camino por consiguiente se labra el acta”, indicó Aldea en la resolución.
Respecto a la infracción del vertido de líquidos sin tratar, Aldea sostuvo que, durante la inspección, se constató “el vertido de líquidos cloacales provenientes de uno de los pozos sépticos del complejo en construcción”.
Indicó que según se constató “las bombas sumergibles necesarias para la operación de la planta de tratamiento se quemaron. Para proceder a la extracción de las mismas, se desagotaron los pozos mediante una bomba y una manguera de descarga, lo que generó una escorrentía de aproximadamente 130 metros que desembocó directamente en la costa del Lago Nahuel Huapi”.
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Acción deliberada
Aldea advirtió como agravante que fue una “acción deliberada”. “Esta acción deliberada ejecuta un procedimiento sumamente nocivo para la salud pública y el ambiente en un contexto de proceso de auditoría ambiental el cual se encuentra en desarrollo (se encuentra en evaluación por la Dirección de Ambiente y aún no ha sido aprobado el informe de Auditoría Ambiental)”, destacó en la resolución.
Y mencionó como agravante el riesgo para la salud pública. “Como medida precautoria, la Municipalidad suspendió el bombeo de agua desde el lago en su punto más cercano (Bombeo Quetrihué) hasta contar con los resultados de análisis de laboratorio que confirmaran la ausencia de contaminación”, recordó.
“Esto implicó costos adicionales para el municipio, ya que fue necesario enviar muestras de agua a un laboratorio privado”, puntualizó.
“Asimismo, el Ministerio de Educación suspendió preventivamente las clases en las escuelas de nivel inicial, primario, medio y especial en el turno mañana, como se detalla en el comunicado oficial adjunto”, rememoró.
“No podemos dejar de lado que intervienen en las obras profesionales de la arquitectura y técnicos ambientales, más allá de los propietarios de los lotes. Es por ello que es función de quien suscribe, aplicar sanciones a todo aquel que vulnere las ordenanzas, pero sobre todo, con mayor severidad, a aquellas que dañan nuestro ambiente, estando especialmente obligados a protegerlo todo ello partiendo de considerar que el urbanismo ambiental sostenible supone una planificación que no atente contra el ambiente”, aseguró Aldea.
