En 2008, Joe Frank Martínez venció al republicano que ocupaba el cargo y se convirtió en el primer sheriff latino electo en este tramo fronterizo de 177 km (110 millas). Casi 16 años después, a mediados de septiembre, Martínez se encontraba frente a varias docenas de votantes en el Club de Leones de San Felipe, obligado a hacer una campaña más dura que nunca, y sobre un tema que en ocasiones anteriores no había influido para que le eligieran: la inmigración.
Este demócrata de 68 años de edad ha formado parte de las fuerzas de orden durante casi cinco décadas, y según contó Martínez a los presentes, exceptuando el año largo en que estuvo destinado en otro sitio como policía estatal, había pasado todo ese tiempo garantizando la seguridad de los residentes del condado de Val Verde. Había dominado la política en este lugar a casi tres horas al oeste de San Antonio, donde los residentes se enorgullecían de votar por la persona que más les gustaba en lugar de por un partido. Había ganado holgadamente cada una de sus elecciones y se presentó sin oposición hace cuatro años, cuando el condado se inclinó por Donald Trump.
Desde entonces, ha sido una época tumultuosa, reconocía Martínez a los reunidos en un espacio similar a una cafetería. Habían superado una pandemia. Se habían enfrentado a una tormenta invernal que había dejado centenares de tejanos muertos. Y luego, afirmó, “nos enfrentamos a los haitianos”.
No explicó lo que quería decir, pero tampoco tenía que hacerlo. El recuerdo de casi 20.000 inmigrantes, principalmente haitianos —el equivalente a más de la mitad de la población de Del Río— llegando a la frontera prácticamente a la vez y retenidos bajo el puente internacional durante dos semanas en septiembre de 2021 ha quedado grabado a fuego en las mentes de los residentes. Muchos temen que pueda volver a ocurrir y dudan que Martínez sea lo suficientemente duro en el tema de la inmigración.
La inmigración no es competencia de Martínez. Pero en Del Río, como en otras comunidades fronterizas de mayoría latina en todo el país, es una cuestión de máxima importancia para los votantes y está trastocando viejas lealtades políticas. Este agente de la ley, de torso voluminoso y voz atronadora, ha vivido de primera mano estos desórdenes. En una comunidad en la que cerca del 80% de los residentes son latinos, algunos han empezado a tachar al sheriff demócrata de blando con la inmigración y le han acusado falsamente de ayudar a personas a cruzar la frontera sin autorización.
En ocasiones los ataques se produjeron abiertamente. Cuando sacó del agua a inmigrantes que habían llegado hasta la orilla del río para evitar que se ahogaran, los republicanos le acusaron de ayudar a la gente a entrar ilegalmente en el país. Algunos residentes, incluidos sus simpatizantes, criticaron a Martínez en las redes sociales cuando se enteraron de que iba a recibir el respaldo del sheriff del condado de Bexar, que abarca San Antonio, quien, durante un discurso en la Convención Nacional Demócrata, calificó a Trump de egocéntrico y acusó al expresidente de dificultar el trabajo de los sheriffs fronterizos cuando se cargó un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza a principios de este año.
Otras veces, algunos de los que se volvieron contra Martínez lo hicieron sin mediar palabra. Un cartel de campaña que el sheriff había colocado en casa de una vieja amiga fue sustituido por otro con el lema de su adversario instando a “poner orden en la frontera”.
De pie frente a la multitud reunida en el Club de Leones, Martínez compartió una abrumadora serie de gráficos que había traído para responder a sus detractores. Las cosas estaban en orden en la frontera. El número de inmigrantes que cruzaban la frontera en Val Verde era de los más bajos de los últimos años, incluso menor que en los condados vecinos, donde los sheriffs habían llegado incluso a permitir que intervinieran las milicias.
En cuanto a si el episodio de los inmigrantes haitianos podría repetirse —la pregunta que sabía que rondaba la mente de la gente—, les recordó que eran las autoridades federales, y no su oficina, quienes controlaban los cruces fronterizos.
Estaba tan disgustado como ellos con la respuesta del presidente Joe Biden, y había sido muy explícito a la hora de manifestarlo públicamente. Esperaba que, cuando llegara el momento de elegir al sheriff, le juzgaran por cómo había gestionado las responsabilidades que se le habían asignado; por cómo había servido a Val Verde, al igual que su padre antes que él, como agente de la ley, vecino, marido y padre; que el quién era pesara más que la afiliación a un partido.
Sin embargo, esta vez, no estaba seguro de que el discurso funcionara.
“Quiero mantener mi campaña en el plano local”, afirmaba Martínez en una entrevista.
“A lo mejor estoy cerrando los ojos ante el hecho de que no se puede hacer”.
Cambios políticos
Hace tiempo que se sabe que el voto latino no es monolítico ni demócrata. Lugares como Del Río, una ciudad fronteriza profundamente católica cuya economía depende en gran medida de los empleos en las agencias policiales, siempre han mantenido posturas conservadoras. Republicanos como el expresidente George W. Bush ganaron en este lugar apelando a esos puntos de vista y defendiendo al mismo tiempo un enfoque compasivo de la inmigración.
Hasta hace poco, el giro ultraderechista del partido en materia de inmigración no había conseguido abrirse paso de forma significativa en las comunidades fronterizas. Las aseveraciones conservadoras sobre el tema, en particular las que describían la inmigración como una “invasión”, no habían calado entre los habitantes de la frontera precisamente porque, como vivían allí, sabían que no era así. Para ellos la frontera era un elemento fundamental de su vida cotidiana y un motor de sus economías, no algo a lo que temer.
Hasta hace una década, la inmensa mayoría de los inmigrantes que cruzaban la frontera procedían de México. Y la mayoría de los latinos que vivían en el lado estadounidense de la frontera también tenían raíces en el país vecino.
Eso ha cambiado, al igual que otros patrones migratorios en la frontera. Y también han cambiado las actitudes de los que viven ahí. La política demócrata ha tardado en adaptarse —al menos en lo que respecta a la retórica— a estos cambios. Pero los republicanos los han aprovechado para atraer a más votantes a su partido. El Partido Republicano del Estado ya no intenta encontrar un equilibrio en materia de inmigración. De hecho, durante este ciclo presidencial, ha ido aún más lejos al utilizar el tema como prueba definitiva para saber si puede conseguir que las comunidades fronterizas se tiñan de rojo, no solo en los comicios para elegir candidatos estatales y federales, sino también en las elecciones locales.
A partir de 2014, el número de familias centroamericanas y de menores no acompañados que llegaban a la frontera empezó a aumentar. El ver a esos menores retenidos en campamentos improvisados en bases militares de la zona avivó las tensiones políticas en las comunidades fronterizas y más allá. Más tarde, la frontera se convirtió en la zona cero de los esfuerzos antiinmigración de Trump, que implicaron separar a los niños de sus padres y obligar a los solicitantes de asilo centroamericanos a permanecer en México hasta que se les diera una fecha para comparecer ante el tribunal de inmigración de Estados Unidos. Ninguna de esas medidas tuvo un impacto duradero en el número de personas que llegaban a la frontera, pero obligaron a más inmigrantes a quedarse atrapados en el lado mexicano durante periodos más largos, y los desórdenes en el lado mexicano de la frontera casi siempre se propagan al lado estadounidense.
En un esfuerzo sin precedentes por ayudar a Estados Unidos a evitar que los inmigrantes llegaran a la frontera, México empezó a detenerlos y a transportarlos más al sur. También permitió a Estados Unidos devolver a los ciudadanos mexicanos y a algunos centroamericanos, pero no a otros inmigrantes. Cuando se corrió la voz entre los inmigrantes en potencia de Sudamérica, África Occidental, China y Haití, empezaron a llegar en números tan elevados que desbordaron la frontera, así como varios de los pueblos y ciudades estadounidenses donde acabaron asentándose.
La llegada a Del Río de millares de haitianos hace tres años conmocionó a la ciudad porque no se parecía a nada que sus habitantes hubieran experimentado en la historia reciente. Y al igual que Martínez, muchos de los residentes tienen historias que se remontan a muchos años atrás.
Sus abuelos emigraron de Italia y México hace más de 100 años, atraídos por las tierras fértiles y los ranchos de la zona. Una de sus abuelas huyó de la inestabilidad y la violencia que se produjo poco antes de la Revolución Mexicana. Martínez recuerda que, cuando era pequeño, los inmigrantes llamaban a la puerta de su casa para pedir comida y trabajo temporal. A veces eso significaba que en la mesa había un poco menos de comida o que el cobertizo del patio recibía otra mano de pintura que en realidad no necesitaba.
Martínez y sus nueve hermanos aprendieron a moverse con soltura en dos culturas.
“Mi padre siempre nos lo recalcaba: estamos en este país, somos estadounidenses en primer lugar”, señala su hermano Leonel Martínez Jr., de 67 años, que dirige una empresa binacional que fabrica sillas de montar de cuero en Ciudad Acuña, México, y las vende en Estados Unidos. “También hacía hincapié en que nunca debíamos olvidar nuestras raíces”.
El patriarca de la familia, católico y demócrata de corazón, tiene una gran influencia en las decisiones que toman los hermanos. Participó activamente en la lucha por la igualdad de derechos en una época en la que los estadounidenses de origen mexicano estaban excluidos de muchas actividades y no tenían voz en el Gobierno. Fue cofundador de un grupo cívico que ayudó a llevar alcantarillado, carreteras asfaltadas y buzones a su barrio, habitado predominantemente por mexicanoestadounidenses; ayudó a elegir al primer alcalde de origen mexicano de la ciudad; y soñaba con convertirse en el primer sheriff hispano electo de Del Río, un sueño que mantuvo hasta su muerte a los 51 años.
Gracias a él, los hermanos también son demócratas, pero de distintas maneras.
Leonel, que lleva perilla y se hace llamar Leo, votó por Barack Obama y luego votó dos veces por Trump, aseverando que coincide más con este último en materia de economía e inmigración. Cree que la política de Estados Unidos ha cambiado hasta tal punto que ahora a la gente de países lejanos le resulta más fácil llegar al país y quedarse que a los mexicanos.
“¿Qué sentido tiene?”, preguntaba. “Me refiero a que, si mi vecino tiene un problema, es el primero al que quiero ayudar. Si veo a alguien al otro lado del mundo que necesita ayuda, no sé”.
Otro hermano, David, fue elegido hace cuatro años fiscal del condado de Val Verde. Este hombre de 60 años y pelo canoso es uno de los más progresistas entre los hermanos. Se ha opuesto a los intentos de enjuiciar a algunas personas que buscan asilo y opina que, en lo que a él respecta, lo que ha estado sucediendo en la frontera no constituye una crisis migratoria. Es “una crisis humana”. Y en respuesta a esta crisis, añadía, tratando de contener las lágrimas: “No podemos ser inhumanos. No podemos dejar de lado nuestra compasión”.
Joe Frank, cuyo nombre de pila es José Francisco, está a caballo entre los puntos de vista de sus hermanos. Se muestra partidario de las armas, se opone al aborto y tiene un hijo que trabaja como agente de la Patrulla Fronteriza. Cree que debe existir una vía para que la gente pueda exponer sus razones para empezar una nueva vida en Estados Unidos, pero que el sistema actual es demasiado caótico y no avanza lo bastante rápido como para expulsar a quienes no reúnen los requisitos.
Esa posición siempre le había funcionado con los votantes porque parecía que ellos también pensaban lo mismo… hasta que llegaron los inmigrantes haitianos.
Se desata la crisis
En una fría mañana de enero de 2021, Martínez esperaba en la orilla del río a que una lancha de salvamento trajera el cadáver de una mujer haitiana de 33 años. Llevaba zapatillas de tenis rojas y pantalones cortos de baloncesto azules y blancos. La camiseta dejaba ver el abultado vientre. La mujer, que se ahogó mientras intentaba llegar a Del Río, había gestado dos gemelos casi a término.
La pérdida de tres vidas de golpe afectó mucho a Martínez. Tenía la sensación de que la gente no sabía o no le importaba lo que estaba ocurriendo en la frontera.
Tomó su teléfono y empezó a sacar fotos de la crisis que veía desarrollarse ante él: padres con sus bebés luchando por vadear el Río Bravo y otros inmigrantes que no tuvieron la suerte de sobrevivir a las corrientes del río. También estaban las imágenes de una traficante de personas que fue detenida tres veces porque la dejaban en libertad, niñas que viajaban solas y una persecución a alta velocidad que dejó ocho inmigrantes muertos.
En los meses siguientes, el número de detenciones de la Patrulla Fronteriza en el sector de Del Río, que se extiende a lo largo de casi 400 km (245 millas) del Río Bravo a través de Val Verde y otros dos condados fronterizos, se duplicaron de 11.000 en aquel enero a casi 22.000 en abril de 2021. Frustrado, Martínez escribió su primera tribuna de opinión para USA Today. En ella instaba a los políticos de Washington a visitar su condado en lugar de limitarse a pasar por allí para hacerse la foto, y les rogaba que dejaran sus egos a un lado y aprobaran una reforma migratoria integral.
“Si pudieran quedarse unos días y ver la locura y el caos que se está produciendo ahora mismo, dejarían de perder el tiempo intentando decidir si la situación en la frontera es una ‘crisis’ o no”, escribía. “Si hubieran podido presenciar cómo mis ayudantes sacaban del Río Bravo el cadáver de una mujer embarazada a punto de dar a luz, a lo mejor podrían dejar de lado sus diferencias”.
No se trataba solo de una cuestión humanitaria, explicaba Martínez en una entrevista en Fox News ese mismo mes. Era una cuestión de recursos. “Si tengo cuatro ayudantes trabajando, y tres de ellos están ocupados la mayor parte del día, no podemos servir a nuestros ciudadanos y a nuestra comunidad de la forma en que tenemos que servirles”, explicaba a la cadena de noticias por cable.
Ningún responsable de Washington visitó el condado. Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aprovechó la oportunidad. Fiel partidario de Trump y uno de los detractores más virulentos de Biden, Abbott viajó a Del Río aquel mes de junio para celebrar una cumbre sobre seguridad fronteriza. Elogió a Martínez, diciendo que se sentía agradecido por “todo lo que hacían él y cada hombre y mujer involucrados en la aplicación de la ley, sobre todo por dar un paso al frente y ayudar a asegurar nuestra frontera”.
El gobernador describió lo que estaba ocurriendo como una invasión. Acto seguido, anunció que el Estado construiría su propio muro y detendría a los inmigrantes por entrar ilegalmente como parte de la Operación Estrella Solitaria, una iniciativa estatal multimillonaria que había puesto en marcha a principios de ese año. “Vamos a hacer todo lo que podamos para asegurar la frontera”, afirmaba Abbott ante una multitud bulliciosa, “y eso comienza inmediatamente hoy aquí mismo, en el condado de Val Verde”.
Pero tres meses después, poco había cambiado.
Los inmigrantes empezaron a llegar a Del Río a centenares, luego a millares. En lugar de realizar los trámites y abandonar la ciudad casi tan pronto como llegaban, como solían hacer, esperaban con unos boletos como los de las rifas codificadas por colores y emitidas por la Patrulla Fronteriza la oportunidad de entregarse a las autoridades federales para poder solicitar protección legal, incluido el asilo.
Descansaban sobre trozos de cartón bajo unas tiendas improvisadas que construían con cañas que cortaban en las orillas del Río Bravo. Padres e hijos vomitaban y se desmayaban a causa de la deshidratación con temperaturas que rondaban los 40º C (100º F). No había regaderas y solo disponían de un baño portátil por cada 140 personas.
Algunos residentes de Del Río preguntaban cómo podían ayudar, mientras que otros pedían la deportación inmediata de todos los inmigrantes. Una mujer disparó su revólver en dirección a un grupo de haitianos, alegando que había entrado en pánico.
La rápida y repentina llegada de tantos inmigrantes también puso a prueba a la familia Martínez.
Cuando el Gobierno federal anunció el cierre temporal del puente internacional, Leo Martínez llamó al sheriff, con la esperanza de que su hermano tuviera información sobre cuánto duraría el cierre. Joe Frank Martínez no lo sabía.
Mientras esperaba a saber más, Leo Martínez se vio obligado a desviar las entregas en Estados Unidos de las sillas de montar a otro puente internacional situado a más de 80 km (50 millas), donde los conductores tenían que esperar más de 12 horas para cruzar. El cierre del puente costó a la empresa varios miles de dólares en combustible y tiempo adicional de personal.
“Somos peones en este juego que está jugando el Gobierno federal”, se lamentaba Leo Martínez, un demócrata que se autodenomina ultraconservador, añadiendo después que, al igual que en una partida de ajedrez, los residentes fronterizos son “a los que sacrifican primero”.
El domingo siguiente al cierre del puente, David Martínez, fiscal del condado, estaba haciendo las maletas para acudir a una conferencia cuando recibió una llamada de un funcionario municipal. Abbott quería que la policía detuviera a miles de inmigrantes bajo el puente por invasión de propiedad privada y el funcionario municipal le preguntó si los enjuiciaría.
El fiscal del condado no dijo directamente que no, pero su respuesta no dejaba lugar a dudas.
El Gobierno federal había creado las circunstancias que habían provocado que los inmigrantes permanecieran allí, le dijo al funcionario municipal. Había llevado aseos portátiles y proporcionado agua y comida. Para que la policía pudiera detenerlos, las autoridades tenían que hacerles saber que ya no podían permanecer en terrenos municipales. Además, añadió el fiscal del condado, la abrumadora carga de trabajo para su equipo jurídico, formado por tres personas, provocaría inevitablemente una acumulación de trabajo que obligaría a los inmigrantes a permanecer detenidos más tiempo del legal. Si no se les avisaba previamente, “violaría los derechos constitucionales de miles de personas, y no estoy dispuesto a hacerlo”.
Dos días después, Abbott volvió a Del Río, y allí acusó a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris de “promover y permitir políticas de fronteras abiertas”. Presumió de las detenciones de inmigrantes realizadas en el marco de su iniciativa estatal, que para medir su éxito incluía trabajo que no tenía nada que ver con la frontera.
El sheriff le respaldó.
Perder terreno
El pasado otoño, cuando se dirigía a una cita médica, Joe Frank Martínez recibió una llamada de un número desconocido. Era un agente republicano que le invitaba a postularse para el otro equipo.
Los líderes republicanos del Estado, incluidos sus dos senadores, le adoraban, recuerda Martínez que le dijo el agente. Había adoptado posturas tan conservadoras como las suyas en los temas que más les preocupaban. Si aceptaba cambiar de partido, el comité de acción política cubriría sus gastos de inscripción y le ayudaría a financiar su campaña.
Desde luego, en los últimos años había tenido serias diferencias con los demócratas. El partido había cambiado en aspectos que no le gustaban. Pero marcharse le parecía demasiado deshonroso, no solo por la memoria de su padre, sino por sus ideales.
Dijo que no.
Poco después, el comité de acción política, conocido como Project Red TX (Proyecto Rojo Texas), dio su apoyo a un agente de policía de 56 años llamado Rogelio Roger Hernández. El candidato republicano había nacido en Del Río, pero había desarrollado su carrera policial en San Antonio. Hernández explicaba que estaba planeando jubilarse y regresar a la ciudad fronteriza para estar cerca de su madre. No podía recordar si fue Project Red TX el que le abordó a él o si fue él el que abordó al grupo.
Project Red TX comenzó a dirigirse más agresivamente a las comunidades fronterizas después de que Trump lograra victorias en bastiones tradicionalmente demócratas durante las elecciones presidenciales de 2020. El grupo, que ayuda a elegir republicanos en contiendas locales en comunidades latinas, ha recaudado más de 2,5 millones de dólares. La mayor parte de ese dinero proviene de un comité de acción política, entre cuyos principales donantes se encuentran los empresarios inmobiliarios de Texas Harlan Crow y Richard Weekley.
Solo este año, el grupo ha gastado cerca de 370.000 dólares en publicidad para unos 50 candidatos locales, principalmente en condados fronterizos, según los informes financieros de campaña. Tres de los candidatos, entre ellos Hernández, están en el condado de Val Verde.
Parece que el mensaje está teniendo repercusión. Este año, por primera vez en décadas, ha votado más gente en las primarias republicanas del condado de Val Verde que en las demócratas; de hecho, votaron el doble de personas.
Aumento de la participación en las primarias republicanas en el condado de Val Verde
Cada año que Donald Trump apareció en la papeleta electoral, más de 2.000 personas votaron en las primarias republicanas en el condado de Val Verde.
Como parte de su campaña para poner “orden en la frontera”, Hernández ha prometido obtener recursos adicionales para la oficina del sheriff.
“Conseguiré que tengan mejor formación, mejores equipos, mejores vehículos, mejor todo”, aseguraba Hernández, sin ofrecer detalles sobre cómo cumpliría esa promesa, afirmando únicamente que “hay fondos que se pueden conseguir”.
Martínez señala que su oficina ha trabajado arduamente para procurarse las subvenciones disponibles, entre ellas las asignadas a la seguridad fronteriza. En total, el condado de Val Verde y la ciudad de Del Río han recibido más de 13 millones de dólares en ayudas estatales y federales desde 2021, aproximadamente la mitad de las cuales se pueden atribuir a la Operación Estrella Solitaria. Eso supera lo que obtuvieron en total los 13 años anteriores.
“Ese tipo no ha vivido aquí en más de 30 años, y de repente se presenta en el último momento. Por favor, un poco de seriedad”, rezongaba Martínez.
A medida que la carrera se caldeaba este verano, Wayne Hamilton, un veterano agente republicano de Texas que dirige el Project Red TX, publicó una foto de sí mismo con Hernández en las redes sociales. Detrás de ellos se veía una pila de carteles de campaña del candidato. Hamilton escribió que Hernández estaba comprometido con la seguridad fronteriza y añadía: “El actual sheriff aparece en un documental ayudando a los inmigrantes a entrar ilegalmente en el país. Es hora de un cambio”.
Hamilton declinó ser entrevistado y no respondió a preguntas sobre la contienda o a cuál documental se refería. Durante el pico migratorio se transmitieron imágenes en las noticias en las que se ve a Martínez en el Río Bravo tendiendo la mano para ayudar a las personas que ya habían llegado a Estados Unidos a ponerse a salvo en tierra. Más tarde entregó a esos inmigrantes a la Patrulla Fronteriza.
“Una vez que alguien está en Estados Unidos, en medio de ese río, tengo que protegerle”, sostenía Martínez, preguntándose qué habría dicho la gente si no lo hubiera hecho y uno de los inmigrantes se hubiera ahogado. “Al fin y al cabo, es un ser humano”.
Los ataques resultan especialmente dolorosos para Martínez, que se enorgullece de tener amigos de derechas y de izquierdas. Entre los partidarios de Martínez se encuentra el sheriff republicano al que derrotó en 2008. “Es cuestión de relaciones, algo que llevo construyendo desde 1977″, explicaba.
Algunas de esas relaciones resultaron ser más frágiles de lo que Martínez imaginaba.
En una tarde reciente a mediados de septiembre, Mary Fritz, una ranchera de cuarta generación y partidaria de Trump, cogió un cartel de su adversario durante un encuentro en una hamburguesería local.
Fritz, una mujer menuda de 62 años y piel curtida, y Martínez son amigos desde hace cerca de cuatro décadas. Ella le ha votado siempre, incluso contra los republicanos.
Es un buen sheriff, afirma Fritz. Aprecia su disponibilidad y su presencia en la comunidad, donde los electores pueden hablar con él y expresarle sus preocupaciones. “Ojalá hubiera insistido más en el tema de la frontera”, prosiguió Fritz mientras recorría un tramo de las 809 hectáreas de matorral desértico que lindan con el Río Bravo y en las que su familia cría ovejas y cabras.
Martínez no oculta su frustración. Si los votantes estaban dispuestos a ignorar sus décadas de servicio y juzgarle por algo sobre lo que él no tenía ningún control, “que Dios les bendiga”.
Un sistema roto
Cuando los políticos, los burócratas del Gobierno o los periodistas vienen a Del Río y le piden al sheriff que les muestre si los miles de millones de dólares gastados por los sucesivos presidentes han hecho que la frontera sea más segura, los sube a su camioneta Chevrolet Silverado blanca y los lleva hasta el supuesto muro para que puedan comprobarlo por sí mismos.
“Todo esto de aquí”, explica Martínez, señalando una extensión de tierra donde antes había ranchos, aproximadamente un kilómetro y medio al norte del Río Bravo, “solían ser pequeños ranchitos que llegaban hasta el río. Creo que el Gobierno de Estados Unidos hizo millonarias a algo así como 13 personas cuando compró todas estas propiedades”.
Su lugar lo ocupa ahora un amasijo de vallas.
Los paneles negros de hierro forjado de algo más de cuatro metros de altura se erigieron durante el Gobierno del expresidente George W. Bush, que intentaba empujar a los inmigrantes hacia zonas donde la Patrulla Fronteriza pudiera atraparlos más fácilmente. Martínez cree que funcionaron.
El Gobierno de Trump derribó algunos de ellos para construir secciones el doble de altas del “muro grande y hermoso” que prometió a los votantes. Pero Trump dejó el cargo antes de completar el proyecto. Entonces llegó Biden y detuvo inmediatamente la construcción, comprometiéndose a no construir “ni un centímetro más” de muro. En Del Río, eso significó que los trabajadores dejaron montones de materiales de construcción y huecos entre los paneles de la valla lo suficientemente anchos como para que los tractores con remolque pudieran pasar a través de ellos. El Gobierno de Biden intentó tapar esos huecos colocando una endeble malla metálica que ya se está descolgando en algunas zonas a causa de la gente que trepa por ella.
Para Martínez, todo esto es reflejo de un sistema político empeñado en disputarse la seguridad fronteriza en vez de en conseguirla.
“¿Tenemos realmente un sistema que está roto, o tenemos una maquinaria política que está rota?”, preguntaba. “La extrema derecha presiona y la extrema izquierda intenta contraatacar, pero ¿dónde ha quedado lo de trabajar juntos?”.
Respondiendo a su propia pregunta, añadía después: “Seguramente seguiremos con este lío mucho después de que yo esté muerto y enterrado”.
