El expresidente Donald Trump ha prometido, si es elegido, llevar a cabo una operación de deportación a gran escala que algunos expertos en inmigración y militares coinciden en que es teóricamente posible pero también problemática, y que podría costar decenas -incluso cientos- de miles de millones al año.
En el año fiscal 2023, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaron a cabo 170,590 detenciones administrativas, lo que representa un aumento del 19.5% respecto al año anterior, y más que cualquier año de la presidencia de Trump.
En caso de ganar un segundo mandato, Trump ha prometido aumentar exponencialmente esta labor y ha sugerido deportar a todos los 11 millones de personas que se calcula viven en este país sin estatus migratorio legal.
Su equipo, en varios momentos, ha sugerido empezar por los ‘criminales’, aunque ha dado pocos detalles sobre quiénes serían prioritarios.
¿Una estimación aproximada? Entre 88,000 y 315,000 millones de dólares al año
Un nuevo informe del American Immigration Council (Consejo Americano de Inmigración), una empresa de investigación y política sobre derechos de los inmigrantes, calcula que deportar siquiera a un millón de inmigrantes indocumentados al año costaría más de 88,000 millones de dólares anuales, lo que supone un total de 967,900 millones de dólares en más de diez años.
El informe reconoce que hay importantes variables de gastos en función de cómo se llevaría a cabo una operación de este tipo y afirma que su estimación no tiene en cuenta la pérdida de ingresos fiscales de los trabajadores ni la mayor pérdida económica si la gente se autodeporta y las empresas estadounidenses pierden mano de obra.
Un esfuerzo único para deportar a más personas en un año podría costar unos 315,000 millones de dólares anuales, según estimaciones del informe, incluidos unos 167,000 millones para detener a los inmigrantes en masa.
Los dos mayores gastos, según el grupo, serían la contratación de personal adicional para llevar a cabo las redadas de deportación y la construcción y dotación de personal de los centros de detención masiva. “No habría manera de cumplir esta misión sin la detención masiva como un paso intermedio”, dice el informe.
Funcionarios de la campaña de Trump coinciden en que uno de los mayores obstáculos logísticos en cualquier esfuerzo de deportación masiva sería la construcción y dotación de personal de nuevos centros de detención como una solución provisional.
Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, ha dicho en repetidas ocasiones que si Trump gana la Casa Blanca, su equipo planea construir instalaciones para albergar entre 50,000 y 70,000 personas. En comparación, la población de todas las cárceles de Estados Unidos en 2022, que incluye a todas las personas recluidas en prisiones y cárceles locales, de condado, estatales y federales, es actualmente de 1.9 millones de personas.
El informe del American Immigration Council calcula que para deportar a un millón de inmigrantes al año sería necesario que Estados Unidos “construyera y mantuviera 24 veces más capacidad de detención del ICE de la que existe actualmente”.
Se calcula que actualmente hay 1.1 millones de inmigrantes indocumentados en el país que han recibido “órdenes finales de expulsión”. Esas personas, en teoría, podrían ser expulsadas inmediatamente por los agentes del ICE, pero debido a la limitación de recursos los agentes del ICE se han centrado últimamente en aquellas personas que han llegado recientemente o que tienen delitos peligrosos.
“Creo que es posible que puedan ejecutarlo. Los recursos humanos serían los más difíciles de superar. Tendrían que sacar a los agentes del ICE de la frontera si quieren ir a las ciudades”, dijo a ABC News Katie Tobin, académica de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional que fue la principal asesora de migración del presidente Joe Biden en el Consejo de Seguridad Nacional.
En la actualidad, los agentes del ICE ayudan a los agentes de la Patrulla de Aduanas y Fronteras en la frontera, llevando a cabo deportaciones aceleradas de recién llegados que han cruzado recientemente el país de forma ilegal, y proporcionan apoyo logístico al Departamento de Seguridad Nacional.
Un nuevo mandato para acorralar y deportar a individuos que llevan tiempo viviendo en el país podría suponer un cambio significativo para la agencia de seguridad.
El informe del Consejo Estadounidense de Inmigración calcula que para llevar a cabo siquiera un millón de deportaciones al año, el ICE necesitaría contratar a unos 30,000 nuevos funcionarios, “lo que lo convertiría instantáneamente en el mayor organismo de aplicación de la ley del gobierno federal”, dice el informe.
Campaña de Trump: El precio de la deportación es menor que el de los inmigrantes
La campaña de Trump ha argumentado que el precio de la deportación “palidece en comparación” con otros costes asociados al alojamiento y la prestación de servicios sociales a los migrantes recientes. “La invasión fronteriza de Kamala es algo insostenible y ya está desgarrando el tejido de nuestra sociedad. Las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales criminales y la restauración de un sistema de inmigración ordenado son la única manera de acabar con esta crisis”, dijo Karoline Leavitt, secretaria nacional de prensa de la campaña de Trump, a ABC News en un comunicado.
Trump ha prometido movilizar y federalizar las unidades de la Guardia Nacional para ayudar en el esfuerzo de deportación, lo que probablemente sería una primicia para los militares.
Según la ley estadounidense, las unidades militares tienen prohibido participar en la aplicación de la ley nacional, aunque Trump ha propuesto invocar la Ley de Insurrección, una ley de gran alcance, que podría darle poderes más amplios para dirigir las unidades de la Guardia Nacional como mejor le parezca.
“No nos gusta en modo alguno que haya militares uniformados en nuestros asuntos internos”, dijo William Banks, profesor de la Universidad de Syracuse y director fundador del Instituto de Seguridad Nacional y Lucha contra el Terrorismo, a ABC News en una entrevista telefónica. “Lo predeterminado es que siempre lo hagan los propios civiles. Los policías, la policía estatal, la policía municipal, los alguaciles”, prosiguió.
Utilizar a los militares para hacer cumplir la ley en el país supondría un cambio fundamental que, según Banks, muy pocos estadounidenses han considerado o se han planteado.
“Pondría a toda la sociedad del revés… todos estos argumentos sobre que es un autócrata o un dictador, no son exagerados”, dijo. Por ejemplo, los militares uniformados no están entrenados para hacer cumplir la ley y si se les pidiera que llevaran a cabo detenciones de civiles podría haber importantes conflictos y violaciones de las libertades civiles.
Con el fin de seleccionar y deportar a los inmigrantes que no han recibido ” una orden final de expulsión “, pero cuyos casos están aún pendientes, Trump ha discutido el uso de otra maniobra legal poco común para sí mismo una amplia autoridad para seleccionar y detener a los inmigrantes sin audiencia, invocando específicamente la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley de guerra utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para detener a los japoneses-americanos.
Trump también necesitaría que otros países aceptaran a los deportados y permitieran que los vuelos de deportación aterrizaran en su territorio.
Katie Tobin, académica de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional que fue la principal asesora de migración del presidente Joe Biden en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo a ABC News: “La vez pasada, la administración Trump no dudó en amenazar con medidas punitivas a los países que no cooperaron con ellos en materia de inmigración, pero hay algunas cuestiones prácticas allí en términos de cuántos vuelos puede aceptar un país como Guatemala o Colombia por semana.”
Es probable que un esfuerzo de deportación masiva tenga también gastos menos tangibles y más indirectos. Inevitablemente, habría efectos dominó en toda la economía. Sólo en 2022, los hogares de inmigrantes indocumentados pagaron 46,800 millones de dólares en impuestos federales y 29,300 millones de dólares en impuestos estatales y locales, según el informe, y “los inmigrantes indocumentados también contribuyeron con 22,600 millones de dólares a la Seguridad Social y 5,700 millones de dólares a Medicare”.
Destrucción de familias
Los expertos también predicen que si una futura administración Trump siguiera adelante con alguna operación de deportación grande, inicial y altamente visible, un número significativo de individuos y familias probablemente optarían por autodeportarse para evitar separaciones familiares o tener que pasar tiempo en un centro de detención de estilo militar.
Los autores del informe del Consejo Estadounidense de Inmigración argumentan que el efecto de un programa de deportación masiva, tal como lo describen Trump y sus asesores, “casi con toda certeza amenazaría el bienestar” incluso de los inmigrantes con estatus legal en Estados Unidos e “incluso, potencialmente, de los ciudadanos estadounidenses naturalizados y sus comunidades.”
“Vivirían bajo la amenaza de una aplicación de la ley armada a medida que Estados Unidos fuera tras sus vecinos y, como descubrieron los científicos sociales bajo la administración Trump, serían propensos a preocuparse de que ellos y sus hijos pudieran ser los siguientes”, dice el informe.
En recientes entrevistas y conversaciones con periodistas, el compañero de fórmula de Trump, el senador por Ohio JD Vance, ha esquivado la pregunta de si una futura administración Trump separaría a las familias durante un nuevo esfuerzo de deportación o en centros de detención a lo largo de la frontera.
“Si un tipo comete un delito con armas de fuego y es llevado a prisión, eso es separación familiar, lo que, por supuesto, es trágico para los niños, pero hay que perseguir a los criminales y hay que hacer cumplir la ley”, dijo Vance a los periodistas en septiembre durante una visita a la frontera.
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