(OSV News) – Donald Kerwin marcó la pauta para un seminario web el 16 de octubre sobre muertes de migrantes, aclarando aspectos fundamentales: “Contabilizar las muertes significa más que simplemente contar o enumerarlas … Significa identificar a los fallecidos, investigar las muertes, determinar sus causas, y repatriar los restos a sus seres queridos”.
Kerwin, editor de “Journal on Migration and Human Security” y exdirector ejecutivo del Centro de Estudios sobre Migración de Nueva York, hizo estos comentarios en sus palabras de apertura para el seminario web titulado “La Historia No Contada: Muertes de Migrantes a lo Largo de la Frontera entre Estados Unidos y México y Más Allá”.
Él proporcionó una visión del enfoque del seminario web en base a la edición especial de la revista, titulada “Migración Forzada, Disuasión y Soluciones ante el Desastre No Natural de las Muertes de Migrantes a lo largo de la Frontera entre Estados Unidos y México y Más Allá”.
Explicó que esta colección de artículos explora una variedad de temas, desde la idea de establecer un enfoque más centralizado y sistemático para documentar y enumerar las muertes, hasta las causas de las muertes de migrantes y cómo restricciones de asilo como el Título 42 solo han contribuido a su aumento. Todos estos temas tienen el propósito de pintar un cuadro sombrío pero revelador de “la situación en la que estamos”.
El Título 42 es una disposición de la ley de salud pública de Estados Unidos de 1944 que permite restricciones a la migración en nombre de la protección de la salud pública. Comenzando en marzo de 2020, se aplicó durante la pandemia de COVID-19 bajo la administración de Donald Trump y continuó en la administración de Biden hasta enero de 2023.
“Son seres humanos en cada caso, y merecen un final digno”, enfatizó Kerwin antes de presentar a los oradores del día: Courtney Siegert, antropóloga forense en la Universidad Estatal de Texas y académica posdoctoral con Operación Identificación, que busca identificar y repatriar restos humanos no identificados; Heather Edgar, profesora y antropóloga forense para la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México; y Daniel Martínez, profesor asociado de sociología y codirector del Instituto Binacional de Migración en la Universidad de Arizona.
Siegert, autora del artículo “El paisaje de Texas: Contabilización de la mortalidad de migrantes y los desafíos del sistema medicolegal del tribunal de paz”, profundizó en el complejo mundo postpandemia y post-Título 42, y cómo ha generado un cambio en la migración y las muertes de migrantes.
“Estamos viendo un cambio en las rutas a lo largo de la frontera Texas-México”, afirmó Siegert, explicando que, mientras en el pasado las muertes predominaban en el Valle del Río Grande, actualmente ciudades en el suroeste de la frontera, como Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, México, al otro lado del Río Grande, se han visto abrumadas por travesías y muertes.
Los cambios demográficos también son evidentes, señaló Siegert. Con personas de diversos países de origen acudiendo a la frontera, “nos damos cuenta de que este es un problema global, con muchas personas que nuestro proyecto ha identificado recientemente procedentes de fuera de las Américas”, agregó.
Siegert puntualizó que el deterioro de las relaciones diplomáticas, particularmente con países como Venezuela y Nicaragua, y la falta de acceso a los recursos disponibles, están entre los desafíos clave que enfrenta la comunidad medicolegal.
Al comenzar su presentación, Edgar describió a Nuevo México como “un agujero negro en cuanto a información en el pasado”, no porque el estado no haya estado divulgando información sobre las muertes de migrantes, sino porque simplemente no era un destino para los migrantes en el pasado.
“La tasa de muertes de migrantes durante décadas fue extremadamente baja y podía ser manejada dentro de nuestro sistema medicolegal existente”, señaló, añadiendo que “solo desde 2021 hemos visto algunos cambios”.
A diferencia de Texas, explicó Edgar, que tiene un sistema descentralizado, Nuevo México tiene un sistema de médicos forenses centralizado, con un único médico forense, la oficina del investigador médico ubicada en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, que sirve a todo el estado.
Cuando la Patrulla Fronteriza encuentra a un individuo fallecido en el desierto, expresó Edgar, el proceso a seguir implica llamar a la policía local, que, a su vez, “llama a nuestra oficina central, que asigna un investigador de campo al caso”.
“Siempre que tengamos alguna agencia de aplicación de la ley y un investigador de campo, podemos investigar una muerte en la escena, recuperar el cuerpo — en cualquier estado en que se encuentre — y el transporte especializado lleva a esa persona a la oficina en Albuquerque”, explicó.
Con respecto al proceso de identificación, Edgar manifestó que las huellas dactilares son una herramienta fundamental. Sin embargo, cuando la persona fallecida no está en el sistema de la Patrulla Fronteriza, tienen que recurrir a otras técnicas, como la identificación visual, las radiografías dentales u otras comparaciones radiográficas y el ADN, siendo este último un método desafiante y costoso.
“No tenemos un laboratorio en todo el estado de Nuevo México que tenga la capacidad de procesar ADN a partir de huesos, por lo que dependemos de laboratorios comerciales, lo que puede ser bastante costoso”, agregó.
El tercer orador del día, Martínez, compartió información sobre los hallazgos de su investigación en el estado de Arizona, específicamente en el sector de Tucson. Reveló que, en la última década, “la migración ha cambiado, ya que antes era predominantemente de jóvenes mexicanos que migraban por razones económicas para enviar dinero a sus hogares” en cambio ahora son “hombres, mujeres, niños, y unidades familiares de diversos países que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México para solicitar asilo”.
Al responder a la pregunta “¿cómo ha respondido el estado a estos cambios demográficos en la frontera, particularmente a este flujo de solicitantes de asilo?”, Martínez afirmó que, aunque según la ley estadounidense e internacional, los migrantes tienen derecho a solicitar asilo en la frontera, “en lugar de negar a las personas el acceso al sistema de asilo, el estado ha hecho cada vez más difícil iniciar o incluso completar el proceso de asilo”. Un claro ejemplo de esto son las expulsiones bajo el Título 42, señaló.
“Las expulsiones bajo el Título 42 … utilizaron la pandemia de COVID-19 como pretexto para impedir que los solicitantes de asilo pudieran siquiera iniciar el proceso de asilo”, añadió.
Martínez continuó diciendo que se ha establecido una relación entre las muertes de migrantes y el esfuerzo del estado por tratar de impedir el acceso al sistema de asilo, basándose en los registros de la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima, que documentan más de 4.000 restos recuperados entre 1990 y 2023 en el sur de Arizona.
“Se han recuperado los restos de 4.000 personas en el sur de Arizona, pero ¿qué significa eso?”, se preguntó. “Eso significa que cada una de estas personas es la madre de alguien, el padre de alguien, la hermana, el hermano, la sobrina de alguien. Son personas que están conectadas con comunidades en su lugar de origen, conectadas con comunidades aquí en los Estados Unidos”.
Maria del Pilar Guzman escribe para OSV News desde Boston.
