Laura Guzmán (59) nació en Buenos Aires, en Flores Sur, y empezó a estudiar en la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante los años finales de la última dictadura militar. Desde el 2023, es la directora ejecutiva de la Coalición Nacional para la Reducción del Daño (NHRC) en Estados Unidos, una organización que promueve ese tipo de abordaje para tratar los problemas de abuso de sustancias.
“La reducción del daño para mí fue como un camino natural de explorar, un modelo de sentido común de salud pública, cómo apoyamos de manera comunitaria a las poblaciones, una avenida para hacer cambios y tener incidencia”, le dice a Clarín.
Durante su adolescencia, en una época signada por el terrorismo de Estado, militó en organizaciones de izquierda. Ahora, apoya a las poblaciones más vulnerables de la costa oeste de Estados Unidos, como nativos americanos, afrodescendientes y latinos.
Qué es la reducción del daño
La definición más estricta de “reducción del daño” dice que se trata de una serie de estrategias, como políticas, programas diversos y prácticas, cuyo fin es atenuar algunos de los impactos negativos del consumo de sustancias psicoactivas.
Por ejemplo, prevenir la transmisión de enfermedades, como VIH sida o hepatitis C por el uso compartido de jeringas, repartiendo parafernalia estéril. O evitar muertes por sobredosis asistiendo a tiempo a las personas con medicamentos. Pero también es educar y proveer información sobre las sustancias psicoactivas, es decir, sobre las drogas legales e ilegales. Es, también, sacar la mirada punitivista del usuario de drogas.
“Nosotros creemos fundamentalmente que tenemos que ver desde una perspectiva de amor, de entendimiento y de una visión profunda de entender la situación de la persona para poder hacer un trabajo que tenga efecto, que haga lo que nosotros llamamos engagement, que haga que la persona sienta que uno la valora”, explica Guzmán sobre el abordaje.
“Las políticas de drogas emanaron de políticas racistas”, afirma contundente la especialista. Se refiere a Estados Unidos, pero cuando Clarín consulta por su perspectiva sobre Argentina, Guzmán explica que muchas cosas pueden extrapolarse. “Imagínense en una situación de márgen, de ser marginalizado, sin acceso a trabajo, sin vivienda, las drogas son uno de los menores problemas de estas personas. Y, sin embargo, amplificamos a la droga como la principal razón por la que la gente está en situación de calle, cuando sabemos que lo está porque no puede pagar el alquiler”.
Guzmán (izquierda) y Jennifer Friedenbach, de la Coalición sobre Personas sin Hogar, escuchan a un hombre sin hogar en San Francisco.“En los casos que, por deseo, se accede a un tratamiento, esa es solo una medida para la estabilidad de la persona porque si sigue en situación de calle, lo más común es volver al uso, entonces necesitas un sistema de apoyo. Sin contar que para llevar adelante un tratamiento, necesitas poder llegar ahí, es decir, transporte, en suma, otros apoyos necesarios para seguir el régimen”, añade Guzmán.
En esta línea, un informe reciente de la Universidad Católica Argentina señala que en la Argentina, la dependencia a las sustancias psicoactivas tiene mayor prevalencia en las poblaciones de menor ingreso socioeconómico, especialmente arraigada en los barrios más vulnerables. La fragmentación del sistema de salud y de las políticas públicas vigentes, según los diversos especialistas consultados, hacen que el abordaje sea todavía más difícil.
“Hemos visto la muerte de muchísimos compañeros, simplemente por su situación de calle”, expresa la directora de la coalición. “Mueren porque sus necesidades esenciales, como el acceso al agua, a la higiene, a condiciones mínimas de vida, a un cuidado médico comprensivo, no existen”.
Reducción del daño en Argentina
El primer programa de intercambio de jeringas, una estrategia de reducción del daño, de la región nació en Argentina. Con investigaciones hechas en el ‘98, que permitieron su implementación en el ‘99, se hizo en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. En medio de la crisis de contagios del VIH Sida, uno de sus objetivos era impedir la transmisión de esta, y otras enfermedades, por el uso compartido de jeringas entre usuarios de sustancias psicoactivas. Según los datos de la época, Argentina tenía una de las tasas más altas de contagio por esta causa. “Mirabas y éramos cinco usando la misma jeringa”, afirma una de las vecinas de Avellaneda en ese entonces.
“Algunas personas desinfectaban la aguja que compartían como estrategia para no contagiarse enfermedades”, cuenta Pablo Cymerman, psicólogo y miembro fundador de Intercambios, la asociación civil que desarrolló el programa en Avellaneda. “Eso, podría llegar a funcionar para algunas cosas, pero, por ejemplo, para la hepatitis C, no”.
Las herramientas de cuidado, de consumo seguro, de acceso a la salud de los usuarios de drogas forman parte de la agenda de reconocimiento de sus derechos, como establece el Informe Mundial sobre las Drogas de este año.
“Si vas al psicólogo porque estás deprimido, no te van a decir que dejes de estar deprimido para que puedas empezar con el tratamiento. ¿Por qué al consumidor de sustancias se le exige dejar la sustancia para, recién, atenderlo?”, expresa el psicólogo.
“Brindando herramientas, aunque la persona no deje de consumir, quizás pueda tomar ciertos recaudos para que ese consumo, mientras lo siga sosteniendo, sea un consumo que tenga menos riesgos”, agrega.
El problema de la falta de datos
La idea es vieja, pero se necesitan datos para pensar políticas, políticas públicas, de intervención desde la salud. Clarín consulta a Laura Guzmán sobre esta disponibilidad en su lugar de trabajo. “Las encuestas nacionales dejan mucho que desear”, responde.
“No hay registro de los usuarios y, sobre todo, no hay registro de las poblaciones más vulnerables. ¿Cómo se toman los datos? Muchos se toman por teléfono, entonces las personas que responden son las que tienen ciertos medios, no las que viven en la calle”, agrega. “Los recursos no llegan a la necesidad”. Dice que en Argentina ocurre lo mismo.
Para la especialista, cambiar la situación de base de las personas atravesadas por más vulnerabilidades es clave. Quizás sea una obviedad, que los consumos no son instancias aisladas en un marco de violencia, de faltas de acceso y satisfacción de derechos. “Dentro de la falta de intervenciones masivas para las personas que tienen usos problemáticos, se ha excluido continuamente, con la excepción del encarcelamiento, a las poblaciones más vulnerables”.
Este artículo fue elaborado gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll
This article was written thanks to the support of the Heinrich Böll Foundation
MG
