Los polémicos centros de retención en el extranjero con los que Europa quiere frenar a los migrantes irregulares

Un buque militar italiano llevó el pasado martes 15 de octubre a 16 solicitantes de asilo desde la isla de Lampedusa (Italia) hasta un campo de retención de migrantes en Albania, un centro construido por Roma como parte de un acuerdo de un país de la Unión Europea (UE) con otro ajeno al bloque para externalizar las solicitudes de asilo de los migrantes.

Con capacidad para albergar a 3.000 migrantes –los mismos que llegan a Italia cada semana–, Albania le cobrará a la nación europea 18.000 euros al año por cada persona encerrada en él. Si en 18 meses los migrantes no son repatriados a sus países o ven sus solicitudes de asilo aceptadas, serán devueltos a Italia.

Y si bien el pacto albano-italiano sufrió un duro revés el viernes pasado, cuando una corte de primera instancia de Roma ordenó que los migrantes debían ser devueltos a Italia debido a que sus países de origen no eran seguros –lo que invalidaba su retención–, el plan del Ejecutivo de Roma sirvió de inspiración a otros 15 gobiernos europeos para pedir hace dos semanas a la Comisión Europea que tome “soluciones innovadoras” contra la inmigración.

Aunque la UE adoptó el pasado mayo un pacto que pretende gestionar la migración de manera ordenada y previsible, este solo entrará en vigor a mediados de 2026 y muchos Estados miembros creen que a esa compleja legislación le falta un eslabón: una normativa que agilice y haga más efectivos los retornos de migrantes irregulares y solicitantes de asilo.

La “solución innovadora” empieza a concretarse ahora en forma de “centros de retorno” ubicados fuera del territorio de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya los impulsó oficialmente la semana pasada en un comunicado en el que afirmó que Europa necesita un “nuevo marco legislativo para reforzar su capacidad de actuar”.

Su comunicado había hecho creer que el plan estaría sobre la mesa en la cumbre de líderes europeos que tuvo lugar el jueves y viernes en Bruselas, pero en la última versión del documento de conclusiones de la cumbre no aparecía. En parte porque, a la luz de la legislación actual, los centros de retención de migrantes son ilegales, como había declarado la propia Comisión Europea en un informe jurídico de 2018. 

No se puede aplicar el Derecho de la UE de forma extraterritorial. Pero Bruselas hace equilibrismos y dice ahora que en esos campos sólo se aplica la legislación italiana, pero esta es una mera transposición de la legislación europea.

Lo que quiere Von der Leyen (y más de la mitad de los gobiernos) es convertir en legal la deportación de un migrante o solicitante de asilo no a su país, sino a un campo de retención en un tercer país.

Europa ya paga a Turquía, Libia, Túnez, Mauritania, Egipto y Marruecos para que no dejen salir migrantes. Pero estos países aprendieron hace años a chantajear a los europeos, a jugar con las salidas de migrantes y a pedir cada vez más dinero. Las grandes asociaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han mostrado en ocasiones graves violaciones de derechos humanos a manos de patrullas fronterizas financiadas con fondos europeos y dotadas de material europeo.

La última idea es forzar el retorno de los refugiados sirios a su país tras casi una década en Europa, a pesar de que los mismos documentos de la diplomacia europea dicen que conlleva poner sus vidas en peligro.

Los problemas que enfrenta el plan de la Unión Europea

Además de las cuestiones legales, el plan tiene un problema mayor: no hay ningún país que acepte esos centros de retención más allá de esas 3.000 plazas en Albania. Algunos funcionarios europeos alegan que los países de los Balcanes podrían verse tentados si se les paga bien y si se aceleran sus negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

Pero ninguno ha levantado la mano. Un diplomático de un país de los más importantes, de hecho, dijo que se estaba debatiendo “sobre la nada”. 

El primer ministro albanés, Edi Rama, también dijo que no firmarán más acuerdos de este tipo y acusó a la UE de no tener en cuenta el fenómeno migratorio en su conjunto y funcionar a base de poner parches.

Von der Leyen y los países que van subiendo el tono de la retórica contra los migrantes, a falta de medidas prácticas que poner en marcha, tampoco tienen en el bote a todos los gobiernos.

España, por ejemplo, asegura que la idea viola derechos humanos, encubre un coste enorme y no va a las causas del fenómeno porque los migrantes encerrados en esos campos estarán allí de forma indefinida debido a que, como ahora, nunca serán aceptados por sus países.

Con estos argumentos coinciden organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que aseguran que esta clase de centros “dan lugar a violaciones de derechos, incluida la detención automática y arbitraria, ponen en peligro las vidas y la integridad física de las personas rescatadas en el mar y socavan el acceso al asilo con todas las garantías necesarias”.

Dan lugar a violaciones de derechos, incluida la detención automática y arbitraria, ponen en peligro las vidas

Algunos gobiernos alegan que se está jugando a vender una crisis migratoria que en realidad no es tal, sino el efecto aspirador de las ideas de la ultraderecha, que arrastra a la derecha tradicional e incluso a gobiernos supuestamente de izquierdas, como el alemán.

Los datos, además, no casan con la histeria. Las entradas irregulares de migrantes cayeron un 42 % en los primeros nueve meses del año, según los datos de Frontex, la agencia de fronteras de la UE. Por los Balcanes occidentales llegaron un 79 por ciento menos de migrantes irregulares y por Italia desde el norte de África un 64% menos. Sí aumentó hacia las Islas Canarias, un 100%, hasta superar las 30.000 entradas. 

Pero es precisamente el español el gobierno que no cede a la retórica dura con los migrantes y su presidente el que soltó una frase a contracorriente de la política europea de estos años: “Los españoles somos hijos de la migración, no seremos padres de la xenofobia”.

Más allá de la dimensión exterior del fenómeno, los líderes nacionales también están divididos en la dimensión interior. Los controles en las fronteras internas no gustan a todos, hay bronca para reactivar las normas de Dublín (es responsable del solicitante de asilo el primer país que pisó al llegar a Europa, no su destino final). 

Y nadie quiere hablar, porque tampoco tiene solución, de que más de dos tercios del millón de solicitantes de asilo que llegaron en 2023 a la UE lo hicieron de forma regular. Entraron con visas (de turista, de estudios o trabajo) o gracias al régimen de liberalización de visas que disfrutan algunos países. Y después pidieron asilo.

Al cierre de la cumbre, los más antimigrantes tuvieron que ceder y en el documento final de la cumbre no aparecen esos centros de retención. Sí referencias que ya se usaron en el pasado, como el uso de las políticas comerciales o de visas para forzar a países a comportarse al dictado europeo. 

El texto también dice que se “considerarán nuevas maneras de prevenir y contrarrestar la inmigración irregular”, sin entrar en más detalles. Una redacción lo suficientemente vacía como para no molestar a nadie y que todos pudieran salir de la Bruselas diciendo que habían conseguido sus objetivos. 

Sí se estudiará nueva legislación, entre ella la revisión del concepto de país tercero seguro, para convertir de un plumazo y administrativamente desde Bruselas a regiones de países como Siria y Libia en seguras para devolver a migrantes a la fuerza. Si sus países algún día los aceptan.

IDAFE MARTÍN PÉREZ – PARA EL TIEMPO – BRUSELAS