La radiografía de los hechos detrás del asesinato de líderes ambientales: 45 % están impunes, según la ONU Derechos Humanos

De enero de 2016 hasta septiembre de este año, 248 defensores del medio ambiente fueron asesinados en Colombia. ¿Qué personas componen esta cifra?

Según el último informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 220 eran hombres y 28 mujeres. El 89 % tenía una pertenencia ética: 139 eran indígenas, 18 afrodescendientes y 64 campesinas. 

De las personas indígenas asesinadas 39 eran autoridades, 38 guardias y 17 “sabedoras” y médicas tradicionales. 18 de las víctimas afrodescendientes pertenecían a los Consejos Comunitarios y cuatro eran miembros de la guardia cimarrona. Y entre los 64 campesinos, 21 eran directivos de una Junta de Acción comunal y seis integrantes de guardias campesinas.

Esta identificación permite establecer una ruta directa entre su labor de defensa medioambiental con los motivos de su muerte, homicidios que se han venido incrementando exponencialmente desde la firma de los acuerdos de paz, en 2016, año en que fueron ultimados 14 líderes ambientales, versus 2023, en el que fueron asesinados 44. Este año, con corte a septiembre, la ONU Derechos humanos ha documentado 15 casos y se encuentra verificando diez adicionales.

“Esta discriminación de las cifras muestra que son las comunidades las que están sufriendo de manera desproporcionada la violencia por la defensa que están haciendo del territorio en el que viven”, le dijo a este diario Juliette de Riveros, representante de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos. 

El mapa de los asesinatos

La región Pacífica, con el 56 %, es la que registra un mayor número de casos, siendo el Cauca, con el 31 %, el departamento con más hechos registrados. Le siguen Chocó (9%), Nariño (8 %) y Valle (7 %), siendo estos territorios del litoral los que, en paralelo, más sufren la violencia de los grupos armados ilegales. No es un dato aislado. De hecho, estas estructuras están detrás del 66 % de los homicidios selectivos contra líderes ambientales. En el 3 % de los casos, el responsable fue la Fuerza Pública.

¿Qué defendían?

Según la ONU Derechos Humanos, 49 % de los homicidios están relacionados con la defensa por la autonomía de la tierra. Es la disputa territorial por las economías ilícitas entre las disidencias, guerrilla y bandas criminales, la situación que cobra más vidas. En segundo lugar, con un 7 %, se ubican aquellas personas que ejercían una defensa del agua, los que denunciaban la explotación minera y quienes eran intermediarios en un conflicto socioambiental en el que intereses empresariales estaban involucrados.

El resto de casos corresponde a los que combatían la deforestación, promovían la agricultura sostenible, protegían ecosistemas específicos, parques naturales, se oponían al fracking o a proyectos hidroeléctricos.

Un factor importante que señala el informe es que la mayoría de estos homicidios estaban precedidos por una serie de amenazas que se intensificaron progresivamente. Entre estas formas de violencia destaca las intimidaciones, los actos de seguimiento, el hostigamiento e incluso las agresiones físicas y tentativas. “Estos actos generan un clima de terror e inseguridad que dificulta el trabajo de las personas defensoras”, subraya la ONU. Y en muchas de estas circunstancias, las víctimas decidían silenciarse. 

¿Qué hay detrás?

El principal motivo son los intereses económicos de los grupos armados ilegales. Y no solo en contra de los defensores, también contra el mismo territorio como sujeto de derechos. 

Según la JEP, el medioambiente ha sido una “víctima silenciosa del conflicto armado” colombiano, registrándose 283 afectaciones al medioambiente, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 30 mayo de 20223.

Algunos de estos hechos victimizantes contra el medio ambiente son la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico -con el uso de precursores tóxicos como el mercurio y el cianuro- y los atentados contra la infraestructura petrolera, que suelen contaminar la fuentes hídricas y afectar la fauna y la flora.

Otras causas que exponen a los líderes a la violencia son la fragmentación institucional, la escasez de normas ambientales, el modelo económico extractivo -en el que juegan un rol fundamental las empresas privadas- y la impunidad.

Se trata de una seguidilla de vacíos que hacen que denunciar sea un saludo a la bandera, que ninguna autoridad se apersone de las causas que los defensores terminan asumiendo y que los crímenes en su contra no deriven en castigos hacia los responsables. 

“Son estas personas indefensas las que tratan de impedirle a los grupos armados la explotación de la tierra para sus fines ilícitos que tanto daño causa al medio ambiente. Y muchas veces lo están haciendo solos porque la presencia estatal es insuficiente en estas regiones”, agrega De Riveros.

Frente a la impunidad, el informe destaca que, de los 244 casos transmitidos por la ONU Derechos Humanos, 225 están en poder de la fiscalía y solo 124, es decir el 55 %, tienen un impulso procesal significativo. 

Recomendaciones

Con esta desmenuzada radiografía, este organismo multilateral insta al Estado colombiano a generar acciones de prevención que se basen en políticas como el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los lineamientos del Acuerdo de Escazú. 

Igualmente, insiste en la necesidad de reformar el modelo de protección de la Unidad Nacional de Protección para transitar a un sistema que privilegie la protección colectiva, que incorpore plenamente los enfoques diferenciales y el enfoque territorial.

“Tenemos mucha esperanza en los esfuerzos que se están haciendo para implementar la política de desmantelamiento. Creemos que es importante implementar sentencias judiciales emblemáticas que tiene Colombia y que son ejemplo para el mundo, como la sentencia que protege el río Atrato y lo reconoce como sujeto de derechos. Son fallos muy relevantes que, lastimosamente, no han sido ejecutados efectivamente”, cocluyó la representante de la ONU Derechos Humanos para Colombia.

SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO

Redacción Justicia