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Autor: Gisella Ronquillo

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de declarar “no elegibles” para ingresar a su territorio a los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas “es un golpe muy fuerte para el correísmo”, coinciden analistas de política internacional consultados por este Diario.

Y afirman que nada tiene que ver con el momento electoral que vive Ecuador, como Correa y Glas -a través de sus abogados- lo han señalado, sino que es parte de la política anticorrupción de ese país.

El pasado 9 de octubre, el Departamento de Estado de EE. UU. (o sea, la Cancillería) designó a Correa y a Jorge Glas como “inelegibles para entrar a los Estados Unidos debido a su implicación en casos significativos de corrupción durante su tiempo como funcionarios públicos”.

“Correa y Glas abusaron de sus cargos como presidente de Ecuador y vicepresidente de Ecuador, respectivamente, al aceptar sobornos, incluso mediante contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables”, se indicó.

Según Correa, “en pocos meses se celebrarán elecciones presidenciales en Ecuador, en las que la Revolución Ciudadana parte como favorita y Daniel Noboa, ciudadano norteamericano y su muñeco de cartón, se desploma por ineptitud y corrupción. En este caso se evidencia, una vez más, el contenido político de este arbitrario y antijurídico sistema de “sanciones” del poder ejecutivo estadounidense, sin importarles destrozar la verdad y los derechos humanos”, señaló en un comunicado.

En tanto que Sonia Vera, integrante del equipo internacional de defensores de Glas, dijo en X: El Departamento de Estado está descaradamente interfiriendo en las elecciones de Ecuador. @MashiRafael no ha solicitado entrada y @JorgeGlas está secuestrado: esto es una maniobra política para favorecer intereses específicos. Caja china para tapar los apagones”.

El jurista Pablo Encalada recuerda que la institucionalidad de EE. UU. es muy sólida, muy fuerte, y se toma su tiempo para resolver cuestiones de esa magnitud. “Solo para darle un ejemplo, el actual embajador en Ecuador fue nombrado hace más de un año, pero los procesos internos que tienen que cumplirse son tan largos que recién llegó hace unos meses. Entonces, es imposible que ellos hayan resuelto esto de un día para el otro y menos pensando en las encuestas de Ecuador, porque si no ya lo hubiesen hecho antes, ya tuvimos elecciones en el 2021 y 2023”, señala.

Encalada dice que esta declaratoria es una suerte de “sanción moral” y que es parte de su política de combate a la corrupción, y que no solo aplica en Ecuador“.

En agosto pasado, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a una empresa tabacalera de Paraguay por supuestamente haber financiado actos de corrupción del expresidente de ese país Horacio Cartes, a quien también se declaró “no elegible” para ingresar a EE. UU. en el 2022.

“Esto tiene efectos políticos en el país, sin duda alguna. Es un golpe durísimo para el correísmo, porque la primera potencia del mundo está diciendo que no son bienvenidos en el país por corruptos”, opina.

En tanto que el subsecretario de Relaciones Internacionales, Carlos Estarellas, indica que la política migratoria de un país la deciden las autoridades, en este caso, el Departamento de Estado.

“Ellos han llevado adelante una política de no permitir que personas que han cometido actos de corrupción ingresen a su territorio. En Ecuador esto se ha ido incrementando, recuerde que lo designaron “no elegible” al expresidente Abdalá Bucaram, y les cancelaron la visa a varios generales de la Policía y de las Fuerzas Armadas. La decisión de ahora es no permitir el ingreso de Correa y Glas, y sus familias, por actos de corrupción grave en Ecuador”, explica.

Esta declaratoria podría tener efectos en la campaña internacional que llevan adelante los correístas para impulsar la tesis de que son “perseguidos políticos”, coinciden los analistas.

Estarellas refiere que Ecuador podría usar esta declaratoria como prueba en las demandas internacionales que se ventilan con México en la Corte de Justicia de La Haya por la irrupción de la Policía ecuatoriana en la Embajada mexicana para capturar a Glas y por el asilo que esta nación le concedió, según el Gobierno de Daniel Noboa, de manera ilegal.

“Sirve para cuestionarle a México cómo es que concedió asilo a Glas cuando no se les puede dar a los sentenciados por delitos comunes. Y Estados Unidos le designa “no elegible” para entrar a su país justamente por corrupción, entonces no es un perseguido político. Y se le podría preguntar a Bélgica por qué el señor Correa tiene refugio allá si ha cometido actos de corrupción en Ecuador.

Por su parte, Encalada dice que este tema “seguramente será usado por Ecuador en su defensa” en La Haya y en otros foros mundiales como un insumo importante para apoyarse.

“Aunque para mí, desde el punto de vista jurídico, son dos cosas distintas. Yo fui muy crítico de la invasión en la Embajada, pero eso no significaba desconocer que Glas sea corrupto, que sea culpable. Yo sí creo que fue un error del Gobierno, pero seguramente usará esto porque el argumento de Ecuador es que Glas es un corrupto y él no podía ser calificado (para recibir el asilo) como perseguido político”, expresa él, aunque advierte que la declaratoria de EE. UU. no tiene consecuencias jurídicas ni es vinculante. (I)

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