La narrativa xenófoba de Donald Trump alcanzó un nuevo nivel el pasado viernes durante un mitin en Aurora (Colorado). El candidato republicado sigue sin hablar de política pública y planes de gobierno para continuar desarrollando su narrativa antiinmigrante y hacerse eco de los reportes policiales que prueban la presencia de criminales extranjeros en ciudades estadounidenses (como los de la banda de origen venezolano, Tren de Aragua). Ahora, invoca como solución la ley responsable de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Estados Unidos. Se trata de la ley de extranjeros enemigos (Alien Enemies Act), promulgada en 1798, y que el presidente demócrata Franklin D. Roosevelt usó para encarcelar a familias enteras de inmigrantes de origen italiano, alemán y principalmente japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
“En Venezuela, los crímenes se han reducido un 72% ¿Saben por qué? Sacaron a los criminales de Caracas y los pusieron a lo largo de su frontera, y les adviertieron que si vuelven los liquidarían. Ahora tenemos que vivir con estos animales, pero no por mucho tiempo”, dijo Trump, que agregó: “Invocaré la ley de enemigos extranjeros de 1798 (…) para apuntar y desmantelar cada red criminal migrante operando en suelo estadounidense”. El republicano también sostuvo que Colorado volverá a ser un Estado seguro.
El alcalde republicano de la ciudad, Mike Coffmande, refutó los comentarios del expresidente en The New York Times, y afirmó que “Aurora es una ciudad considerablemente segura, no una ciudad invadida por bandas venezolanas”. Pese a esto, Trump decidió llamar a su plan de deportación masiva Operación Aurora, y prometió que si gana en noviembre detendrá la que considera una “invasión” de inmigrantes a través de la frontera sur. El 5 de noviembre, día de las elecciones, figura en su discurso como el “día de la liberación”.
El uso de la palabra “invasión” es clave porque la ley de enemigos extranjeros, nacida tras la guerra de independencia para luchar contra el espionaje y los sabotajes británicos, y usada por primera vez en la guerra de 1812, solo es aplicable en casos de “guerra declarada”, invasión o “incursión predatoria” en territorio estadounidense. En los últimos dos casos, los presidentes pueden echar mano de la legislación sin la aprobación del Congreso, pero nunca ha sido utilizada con el fin que Trump persigue: desmantelar toda red criminal de migrantes que opere en el país para luego justificar la expulsión de otros 11 millones de inmigrantes sin papeles que pagan impuestos y contribuyen al crecimiento económico del país.
¿Es factible la aplicación de la polémica ley?
La ambición de Trump podría enfrentarse con barreras jurídicas. La ley dice que “siempre que haya una guerra declarada entre los Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjero, o cualquier invasión o incursión depredadora sea perpetrada (…) y el presidente haga una proclamación pública del evento, todos los nativos, ciudadanos, habitantes o súbditos de la nación o gobierno hostil, mayores de catorce años, que se encuentren dentro de los Estados Unidos y no estén naturalizados, podrán ser aprehendidos, retenidos y expulsados como enemigos extranjeros”.
En este sentido, la Operación Aurora de Trump queda por fuera del texto de la ley porque la presencia de inmigrantes indocumentados, así como de aquellos que han cometido algún crimen (cifras de la Oficina Federal de Prisiones revelan que el 90% de los reclusos del país son nativos y no inmigrantes) no está vinculada a una “guerra declarada” ni a una “invasión depredadora” de otro país, aún cuando la retórica xenófoba así lo catalogue erróneamente.
Sin embargo, el exfiscal del condado de Nueva York, Jordan Rubin, considera que la reciente invocación de Trump de la ley del siglo XVIII no fue una reflexión al azar. “No podemos estar seguros de lo que sucedería si en un intento de aplicación aterrizara en un Tribunal Supremo que ha adoptado una visión expansiva del poder presidencial, especialmente si Trump y los republicanos son capaces de moldear aún más al Supremo (…) Si gana en noviembre, pronto podríamos saber hasta dónde le dejará llegar el alto tribunal en este frente”, escribió en su blog de MSNBC.
El expresidente ya tiene un antecedente en la materia. Durante su mandato y vía decreto, prohibió el ingreso a ciudadanos de países de origen musulmán (Irán, Irak, Siria, Somalia, Yemen, Sudán y Libia), aunque estos pidieran asilo, tuvieran estatus de refugiado o permiso de entrada. La medida fue ampliamente criticada porque representó una violación de los derechos civiles.
